SextingCierran sin culpables el caso de la trabajadora de Iveco que se quitó la vida tras la difusión de un vídeo íntimo suyo

Tenía 32 años cuando, en un grupo de WhatsApp de compañeros de trabajo comenzaron a difundirse vídeos íntimos suyos. A los pocos días fue hallado su cuerpo sin vida en su domicilio. Ocurrió hace un año y hoy su caso ha sido archivado sin hallar culpables, según publica El Periódico. La Policía ha investigado la filtración, pero no ha podido identificar a la primera persona que los divulgó, ni hay pruebas de extorsión a la víctima.

La víctima no llegó a denunciar la filtración a la Policía, aunque sí llevó el caso al departamento de Recursos Humanos de la empresa Iveco en la que trabajaba. El vídeo fue enviado por la víctima cinco años antes del incidente a un antiguo novio y compañero de trabajo en la fábrica de camiones en la que trabajaban.

A pesar de tomar declaración a su ex pareja y a otros compañeros de la víctima que recibieron en sus teléfonos móviles los vídeos, la Policía Nacional y la fiscal de Criminalidad Informática aseguran que no se ha podido identificar a la primera persona que los divulgó y se han realizado las investigaciones pertinentes.

Ana María Gallego, la magistrada que llevaba el caso señala que "es frustrante, pero la ley española dice que para investigar un supuesto delito contra la intimidad la víctima debe haber presentado una denuncia"

Tras la reforma del código penal, tras el caso de Olvido Hormigos, se establecen penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses para quien "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona". (Artículo 197.7)

Queda por resolver la investigación abierta por la Inspección de Trabajo al presentar CCOO Industria de Madrid una denuncia contra Iveco España "porque no aplicó el protocolo de acoso ni cumplió con la ley de prevención de riegos laborales, a pesar de tener conocimiento por la propia víctima de lo que estaba ocurriendo".