"Necesariamente tengo que entender que [en los CIE] no hay una vulneración de los derechos fundamentales, sino todo lo contrario, una tutela de los mismos", dijo en 2016 el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que añadía que los jueces de control de estos centros “tutelan y garantizan los derechos de las personas que están allí internadas".

La opinión de Marlaska contrasta, sin embargo, con la de Ramiro García de Dios, el que fuera durante más de ocho años uno de los jueces de control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid). “Los CIE son centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial”, ha asegurado en repetidas ocasiones, la última, en un artículo para el informe anual sobre los CIE que elabora el Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E) y que se presentó el jueves en el Senado bajo el título “Sufrimiento inútil”.

Un documento que recoge varias razones para que el nuevo ministro encargado de controlar estos centros cambie su visión sobre ellos. "Pedimos al nuevo ministro que se forme una imagen completa de la dimensión que se está dando al internamiento de los extranjeros, que observe cómo se está aplicando a personas recién llegadas y que vea el porcentaje de personas que no son devueltas y por tanto compruebe la inutilidad de la medida", afirmó durante su presentación el autor del informe, Josep Buades.

Pocas expulsiones

Los CIE son centros de detención para personas que no han cometido ningún delito. Allí se priva de libertad durante un máximo de 60 días a personas que entran o ya están en el país en situación irregular, mientras se intenta tramitar su expulsión o devolución. Según el informe, en 2017 volvió a quedar patente que la gran mayoría de los internados no pueden ser expulsados al no lograr documentarles o al no tener acuerdos de repatriación con sus países de origen.

Interior contabilizó más de 28.500 entradas irregulares en España por vía marítima o terrestre, pero sólo 8.814 personas fueron internadas en los polémicos centros. Aun así, se efectuaron 18.794 detenciones de personas migrantes en situación irregular, se iniciaron 21.834 expedientes de expulsión y se incoaron 20.672 órdenes de devolución, según el SJM. En total, España expulsó a 9.326 personas migrantes, pero sólo 4.107 (el 44%) fueron devueltas directamente desde los CIE.

Al mismo tiempo, 5.358 de los que estaban internados (casi el 62%) fueron puestos en libertad. Sólo el 37% de quienes abandonaron un CIE lo hicieron por repatriación, por lo que a dos tercios de las personas recluidas se las privó de libertad para nada, denuncian los autores del informe. “Llama la atención el incremento de las repatriaciones por vías rápidas y menos garantistas de personas recién llegadas, indicando que España acoge a quienes llegan a sus costas con la detención, el internamiento y la rápida repatriación”, critica el informe.

Menores y solicitante de asilo, encerrados

“Podemos decir que los CIE han actuado como espacios de desprotección y contención de las migraciones, para garantizar la rápida repatriación con las menores garantías, sin posibilitar la adecuada identificación de personas vulnerables y necesidades de protección”, aseveran. Como muestra, Interior reconoció que 48 menores de edad fueron internados en los CIE y se aceptaron a trámite 395 solicitudes de asilo de las más de 1.300 que se registraron desde ellos. Son más de 400 personas que nunca debieron ser encerradas.

Con todo, la dificultad para pedir asilo desde dentro de los CIE ha sido una de las grandes quejas de los internados y ha motivados autos de los jueces de control y recomendaciones del Defensor del Pueblo para que se garantice este derecho fundamental.

Malas condiciones y carencias en los CIE

Otro apartado del informe resume la gran cantidad de pronunciamientos tanto de los jueces de control como del Defensor del Pueblo tras visitas a los diferentes centros. Durante 2017, ambos han señalado graves carencias que atentan contra la dignidad de las personas internadas. Desde la escasez de comida a la falta de agua caliente en las duchas, pero también la instalación de váteres en las habitaciones. En algunos casos han detectado carencias en el acceso a asistencia legal de un abogado o, incluso, de atención médica. Los jesuitas denuncian además el alto grado incumplimiento de estos requerimientos por parte de los directores de los centros o, directamente, del Ministerio de Interior.

Archidona, un CIE "en fraude de ley"

Especial relevancia ha tenido en este informe el improvisado internamiento de más de 500 migrantes argelinos en la actual cárcel de Archidona (Málaga) cuando ni siquiera había sido inaugurada ni estaba totalmente acondicionada. Denuncian que la decisión del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de encerrar allí a cientos de recién llegados en patera a Murcia fue “en fraude de ley, siquiera fuera para responder a una emergencia”.

Afirman que “esta contravención de la ley y de la jurisprudencia constitucional resulta de por sí escandalosa”, pero además hay que añadir la violencia ejercida por los antidisturbios que custodiaban a los migrantes y, sobre todo, el suicidio de uno de los internos, Mohamed Bouderbala, que se ahorcó en la celda donde le habían aislado tras una revuelta de internos.

"El sufrimiento es inútil y lo hemos encontrado en todos y cada uno de los CIE que visitamos”, subrayan, por lo que piden una política migratoria distinta y proponen entre las alternativas una mayor inversión en centros de acogida, no de internamiento; más facilidad para obtener visados de trabajo.