El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha trasladado a la Fiscalía General del Estado que hay 13 internos que afirman ser menores de edad en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche.

Así lo ha advertido la institución después de que Marugán, acompañado de técnicos del Defensor del Pueblo en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), realizara el pasado martes una visita no anunciada a dicho centro, tras registrarse incidentes el lunes. "Si son menores no tiene mucho sentido que estén en un centro de esta naturaleza", ha señalado Marugán.

Esta petición se suma a la realizada por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, para que el Gobierno español adopte medidas provisionales en el caso de cuatro presuntos menores, nacidos en República de Guinea, que están siendo tratados como adultos y que han estado ingresados en el CIE de Aluche hasta el pasado 28 de julio, que fueron liberados por cumplir el plazo máximo de internamiento y llevados a un recurso para inmigrantes mayores de edad.

La ONU también había pedido a España el pasado mes de junio que aplicara medidas cautelares de protección con otros cuatro posibles menores extranjeros a los que estaría tratando como adultos, que habían sido internados en un CIE.

Tampoco es la primera vez que el Defensor del Pueblo pide que se verifique la edad de presuntos menores del CIE, ya que el pasado mes de enero, tras un incidente en el que los internos se subieron a la terraza de la instalación, advirtió al Fiscal de que había personas que aseguraban ser menores. "En algunos casos se les puso en libertad por el propio ministerio del Interior y en otros se comprobó o rechazó la veracidad de la información. También hubo gente que se fue del país", ha afirmado Marugán.

Por otro lado, durante la inspección del centro de Aluche, el Defensor del Menor comprobó que conviven internos recién llegados a España en patera con otros extranjeros que han salido de prisión y que están a la espera de su expulsión, circunstancia que ha sido denunciada en numerosas ocasiones por el Defensor del Pueblo.   

Además, la institución advierte de que las instalaciones son "inadecuadas", que "falta asistencia sanitaria permanente" y que hay "carencias" en la asistencia social que, en su opinión, debería ser asumida por personal especializado ajeno a la policía.

Piden un régimen de convivencia flexible

"Querríamos que se estableciera un régimen de convivencia lo suficientemente flexible para que no se produzcan incidentes, y lograr que se haga allí algún tipo de actividad por parte de las autoridades, que se le preste atención a estos ciudadanos para evitar que a las primeras de cambio surja un incidente que termine en una confrontación", ha propuesto el Defensor del Pueblo.

Por ello, ha vuelto a pedir al ministerio de Interior que el reglamento de los CIE se aplique de la manera "más amplia posible", porque si no "se va acumulando tensión" que puede "dar origen a un chispazo". "A veces hay elementos de tensión que dan origen a algún tipo de colisión y enfrentamiento. Manejar un centro de esta naturaleza es relativamente complicado", ha concretado.

Tras la visita, la institución ha solicitado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, con motivo de los incidentes ocurridos el pasado lunes 31 de julio cuando varios internos intentaron huir de la instalación, copia de las grabaciones completas; de los informes médicos emitidos por el centro y por el SAMUR; de la documentación relativa al periodo de separación temporal en el que permanecía uno de los internos en el momento de los incidentes; y de las diligencias policiales y las resoluciones judiciales que afectan a otro interno.

Irregularidades en la sala de asilo de Barajas

Marugán también ha realizado una visita no anunciada a la sala de asilo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha alertado de que la capacidad de estas dependencias "no son las adecuadas" para el número de personas que albergan.

Asimismo, el Defensor del Pueblo señala que la estructura de dichas instalaciones "no es la aconsejada" para el número de personas que albergan, y que la comida "tampoco es la adecuada" a la vista del tiempo que se prolonga la privación de libertad. "Debería organizarse de una forma más racional, las condiciones deberían organizarse de otra forma. Es manifiestamente mejorable el tipo de privación a las cuales les han llevado", ha criticado Marugán.

La institución también ha denunciado que las condiciones de la sala son "especialmente gravosas" para menores, mujeres embarazadas y personas enfermas, y considera que el protocolo que se sigue para la identificación y traslado de los menores extranjeros no acompañados ha de ser revisado y se debe mejorar la coordinación con la Fiscalía General del Estado.

Por último, advierte de que las personas que permanecen en estas dependencias deben tener acceso a luz natural en el exterior al menos una hora al día; que en caso de separación o aislamiento se tiene que registrar esta medida por escrito y debe producirse en espacios que cuenten con videovigilancia; y que se debe garantizar el derecho a la intimidad en temas de salud.