"Salvamento Marítimo me llevó directamente a un centro de menores, donde lo único que hacíamos era comer y dormir. Nadie me enseñó el idioma, ni cómo podía integrarme. Nadie me ayudó a conseguir el pasaporte o los papeles para regularizar mi situación". Abdoulaye Diallo tenía solo 15 años cuando abandonó su casa y puso rumbo a España en busca de "un futuro mejor". Mali, Argelia y Marruecos son algunos de los países que tuvo que cruzar antes de subirse a una patera para llegar a Lanzarote. Abdoulaye vivió en un centro de acogida hasta que cumplió los 18 años y, tres meses después, volvió a quedarse en la calle.

Canarias tutela en estos momentos a más de 6.000 menores migrantes. La extrema derecha los criminaliza y trata de estigmatizarlos, empezando por la forma de referirse a ellos: menas, acrónimo de menores extranjeros no acompañados. Las entidades sociales y las autoridades canarias han comprado este discurso y denuncian que los centros de acogida "están al límite", aunque rechazan los espacios que ofrece Defensa para hospedar a los niños y adolescentes que llegan cada semana al archipiélago. ¿Cuál es la realidad detrás de los centros de menores migrantes?

"La excusa de la saturación es maquiavélica. Llevamos viviendo lo mismo desde antes de la pandemia. ¿Si las instituciones saben que las llegadas están en aumento, por qué no apoyan una reforma? Los políticos juegan con la realidad de las personas africanas. Les interesa que el problema esté cubierto, pero les da igual cómo. Los menores no siempre están escolarizados, tampoco reciben atención ni cuidados para su salud mental y los menús son deficientes", reivindica Alberto –nombre ficticio–. El joven trabajó como técnico auxiliar en varios centros de acogida de Tenerife. 

El viceconsejero de Bienestar Social de Canarias, Francis Candil, echó más leña al fuego al calificar la "crisis humanitaria relacionada con los menores migrantes" como "la mayor de la historia" del archipiélago. El dirigente de Coalición Canaria trató de justificar con estas declaraciones las imágenes publicadas por la prensa sobre las condiciones de hacinamiento en las que viven cientos de menores en los centros de acogida. Los niños y adolescentes llegan normalmente solos, sin familia, después de completar una de las rutas migratorias más letales de todo el mundo.

Los trabajadores y voluntarios del centro de menores Casa del Mar (Arrecife, Lanzarote) han denunciado ante la Fiscalía la situación de "desprotección infantil" que vivieron cerca de 70 chicos en esta casa de acogida –pensada para 25 personas–. El escrito, al que ha tenido acceso Público, recoge casos de hormigas en los fregaderos, violencia física y verbal y represalias contra los menores y la plantilla. "El equipo directivo y sus secuaces trataban a los niños casi a patadas, con faltas de respeto continuas, como si fueran basura. La Casa del Mar era como una cárcel", recuerda Esther –nombre ficticio–, que trabajó como educadora en el centro. 

Verónica, que también prefiere mantenerse en el anonimato, coincide con la que fue su compañera durante casi nueve meses. "Las trabajadoras hacíamos turnos solas, sin nadie más en la casa, con 35 niños a cargo. Tuvimos menores que llegaron a pasar ocho meses sin comprar ropa nueva, solo con las cuatro cosas que les dieron cuando los rescataron", precisa. El Gobierno de Canarias abrió este centro en octubre de 2023. La directiva y parte del personal no tenían experiencia previa con personas migrantes. Lo único que importaba en los procesos de selección era que los candidatos tuvieran "ganas de trabajar" y que no fueran racistas. "El racismo interiorizado del director era más que suficiente", critican las fuentes consultadas por este diario. 

Las entidades hacen caja con la migración

El Gobierno de Canarias gastó entre 2020 y 2021 cerca de 43 millones de euros en el mantenimiento de los dispositivos para menores migrantes. El desembolso total desde noviembre hasta agosto alcanza los 16,6 millones, según datos de la Dirección General de Protección a la Infancia del Ejecutivo regional. Algunas asociaciones gestionan varios centros en todo el archipiélago y se han llevado contratos por un valor total de dos, cuatro o seis millones de euros en los últimos diez meses. 

"Los centros no ponen límites, muchos duplican o triplican su capacidad real y tienen a menores durmiendo en esterillas en el suelo. Lo hacen todo por dinero. Las empresas reciben una cantidad por cada menor que acogen, pero esto no se traduce en beneficios para los chicos. Los trabajadores teníamos que colar comida a escondidas y los menores no siempre recibían cursos para aprender español. Los centros son como macrogranjas y el día de su 18 cumpleaños, los mandan al matadero", sostiene Alberto. 

Los centros de acogida tienen la obligación de acompañar a los niños y adolescentes durante el proceso para regularizar su situación y conseguir la nacionalidad. Nada más lejos de la realidad. Las trabajadoras que han hablado con Público aseguran que de los 180 que pasaron por la Casa del Mar, "solo diez fueron al Consulado" para presentar la documentación. "La dirección llegó a pedirles que firmaran un escrito donde exigían salir voluntariamente del centro. Los niños no controlaban el idioma, nadie les traducía el documento, lo firmaban y luego se quedaban en la calle con una mano delante y otra detrás", señala Esther. 

Vania Oliveros trabaja como abogada en Tenerife y lleva casos de extranjería y desprotección infantil. "La mochila con la que salen de los centros de acogida pesa demasiado. En el mejor de los casos, tienen el pasaporte, pero no la residencia. En el peor de los casos, no tienen nada. Los chicos llegan en busca de una serie de herramientas que los centros deberían haberles ofrecido. Tenemos que hacer una carrera de fondo para adquirir sus expedientes y presentar en Extranjería toda la documentación", explica la letrada. 

Las solicitudes, desde hace un mes, llegan denegadas "por orden de Madrid", alegando que los interesados tienen un plazo de hasta 90 días desde que cumplen la mayoría de edad para realizar los trámites. "Esto se puede paralizar cuando concurren circunstancias que no son imputables a los jóvenes, como sucede aquí. Los están metiendo en una trampa mortal", termina la abogada. Las amenazas con agilizar o frustrar el proceso legal para "conseguir los papeles" también son habituales en estos dispositivos.

El ‘modus operandi’: sanciones y violencia

"Tú no vales para nada", le llegó a soltar un trabajador social a uno de los menores en uno de los centros de acogida de Lanzarote. La querella que dos letradas presentaron contra la Casa del Mar también reporta un episodio "violento, maltratador y despectivo" de otro empleado hacia uno de los niños. "Usó la fuerza física, agarrándolo del cuello y empujándolo contra la pared", recoge la denuncia. Las compañeras que presenciaron la agresión animaron a la víctima a poner el caso en manos de la Justicia, pero no quiso seguir adelante por "miedo". El agresor sigue trabajando para otro centro de la misma empresa.

Los empleados consultados por este diario reconocen que el modelo de intervención es "terrible" y no prepara a los menores para la vida adulta. "El centro funcionaba a base de sanciones. La dirección se reía de los chavales, los llevaba al límite, sin ningún tipo de sensibilidad. El perfil de los trabajadores que buscan es el de un portero de discoteca y habilitan cuartos de aislamiento para castigarlos [a los menores]", añade Verónica. La educadora considera que las empresas siguen un patrón que tiene como objetivo mantenerse en el poder: hospedar a "personas que molesten poco" y "cobrar el dinero" correspondiente. 

"Los informes son todos iguales, signo de que algo no funciona. Los centros no tienen atención psicológica y los traductores aprovechan la vulnerabilidad de los niños para sacarles información y filtrarla a cambio de falsas promesas sobre sus papeles", declara Alberto. Las fuentes que han hablado con Público denuncian las "provocaciones" del personal de los centros para crear "situaciones de violencia" y embarcar a los menores en procedimientos judiciales. "Los niños no saben controlar sus reacciones, tampoco saben gestionar la frustración, ni tienen herramientas para defenderse ante un tribunal", manifiestan.

La mayoría de edad es el trampolín que pone a buena parte de los menores con un pie en la calle. Cristina López, abogada de turno de oficio, recibe un par de casos de este tipo al trimestre. "Los chicos llegan muertos de miedo, porque están condenados a la criminalización. La Policía los trata de malas maneras, con faltas de respeto y con un sesgo de base que los demoniza por completo. El sistema de protección infantil no está preparado para ayudar a los jóvenes extutelados cuando salen a la calle", concluye la letrada.