El juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, ha ordenado la devolución de los teléfonos móviles y del material informático requisado a dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press el pasado 11 de diciembre para averiguar el origen de varias informaciones que publicaron sobre ese caso.

Los dos periodistas han sido requeridos vía telefónica para que recojan sus móviles, si bien la defensa que les representa solicita que la resolución "se notifique en debida forma", "con señalamiento de día y hora para la devolución" del material requisado.

La Policía Nacional detuvo el pasado día 18 por revelación continuada de secretos en el caso Cursach a un inspector que fue responsable del grupo de Blanqueo de la Jefatura de Baleares que investigó esta presunta trama de corrupción y a otro agente que intervino en el caso. 

Asimismo, los periodistas piden que, en el caso de que se hayan extraído, copiado o examinados datos, se les informe por escrito acerca de qué datos han sido y en qué lugar se han almacenado, qué personas han tenido acceso a los mismos y qué inspección, registro, copia o manipulación de los mismos se ha llevado a cabo.

Europa Press y Diario de Mallorca, junto a los dos periodistas afectados, José Francisco Mestre y Blanca Pou, han presentado una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra Florit que fue quien ordenó la incautación de teléfonos móviles de estos profesionales, en el marco de una investigación relacionada con el caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística. El TSJIB admitió a trámite la querella de los dos periodistas y de sus empresas contra el juez Florit.

La sala Civil y Penal del alto tribunal ha asumido el estudio de la denuncia, planteada por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.

La querella considera que el auto de Florit constituye "un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia" y que se ha producido una conculcación del secreto profesional del periodista "disparatada e insólita".

La red para favorecer los negocios de Cursach

En el caso Cursach se investiga, entre otras muchas cosas, una presunta trama de connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio y policías locales de Palma y Calvià para favorecer los negocios del empresario Bartolomé Cursach, dominador durante décadas de la noche mallorquina.

La incautación de estos móviles ha provocado en las últimas semanas una amplia crítica de asociaciones de periodistas en España. A nivel europeo, la plataforma para reforzar la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa ha emitido una alerta por estos hechos en la que invoca el derecho a la confidencialidad de las fuentes periodísticas.

La alerta tiene su origen en la Federación Europea de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas y la organización internacional Index on Censorship, que defienden el derecho a la libertad de expresión y las actividades periodísticas.

Hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación de este caso y atribuye al empresario mallorquín delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de 8,5 años de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide condenas que suman 171 años.