Residencias de ancianosCasi 30.000 personas han muerto por covid en residencias desde el inicio de la pandemia

Las residencias de ancianos se han convertido en uno de los focos más golpeados desde la primera ola de la pandemia y no se han librado de la tercera. 29.800 personas que vivían en residencias han muerto por covid en España desde el inicio de la epidemia por covid-19, según el recuento de cifras de las comunidades autónomas realizado por El País.

Sanidad no ha facilitado todavía un balance oficial de fallecidos en estos centros, aunque en noviembre el Gobierno facilitó un informe con los  primeros datos sobre los ancianos que fallecieron por covid entre principios de marzo y finales junio, una cifra que ascendía a 20.268 muertes. 

Los únicos datos generales que facilita el Ministerio de Sanidad confirman el repunte de positivos en los centros. 

El 27 de diciembre, Araceli, de 96 años, fue la primera residente en ser vacunada en un centro de mayores en Guadalajara, lo que supuso el pistoletazo de salida en enero para vacunar a residentes, personal sociosanitaria y sanitarios de primera línea.

Pese a la administración de las vacuna como grupo prioritario y las restricciones de visitas, los brotes del virus han entrado de nuevo en las residencias de mayores incluso en aquellas en que los internos estaban vacunados.

Castilla-La Mancha, Catalunya y la Comunidad de Madrid son algunas de las autonomías que el pasado mes de enero vieron como el virus se cebaba de nuevo con sus mayores residentes.

441 diligencias penales abiertas

El personal de las residencias se ha visto sobrepasado en esta pandemia, sin recursos para la atención médica en los centros. Una situación que ha provocado que se abrieron un total de 441 diligencias penales, de las que en enero de 2021 se encontraban a trámite casi el 50%.

Como ha ocurrido en las anteriores ocasiones en las que la Fiscalía ha facilitado datos de sus investigaciones, la Comunidad de Madrid se mantiene a la cabeza con 112 diligencias abiertas.

La mayoría de denuncias recibidas en la Fiscalía han sido por delitos de homicidio por imprudencia y omisión de socorro, aunque también había otros motivos como la situación general de los centros, deficiencias de atención médica o delitos contra la salud de los trabajadores.