Cañada RealLa batalla judicial por el corte de luz en la Cañada Real: delito de coacciones, trato degradante y negación de socorro

El corte de suministro eléctrico en la Cañada Real, que ya va camino de cumplir cuatro meses, también se batalla a nivel judicial. Las quemaduras, intoxicaciones, e incluso las potenciales víctimas mortales a causa del frío están siendo valoradas por los juzgados de Madrid por si pudieran ser constitutivas de un delito. Por el momento, las partes demandadas son Naturgy, como empresa suministradora en la zona, y la Comunidad de Madrid, dada su naturaleza de última garante del Pacto de la Cañada Real, donde se establece que todas las Administraciones públicas involucradas deben velar por el bienestar de dicha población. En torno a 4.000 personas continúan sin luz, de las cuales más de la mitad son menores, en los sectores V y VI del asentamiento irregular más grande de Europa.

El Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) es el despacho de abogados que más está peleando la asunción de responsabilidades por parte de las dos entidades ya mencionadas. Carlos Castillo, letrado del bufete, es quien ha interpuesto las denuncias pertinentes: "La primera la hicimos a mediados de diciembre, cuando nunca nos planteamos que el corte de luz pudiera llegar hasta esa fecha, justo al inicio del invierno. Pusimos en conocimiento de los Juzgados de Plaza de Castilla una serie de daños y lesiones que sufren parte de la población, todos ellos corroborados por documentos médicos". Se refiere a intoxicaciones como consecuencia de la necesidad de utilizar estufas de gas, sabañones, quemaduras y personas que no podían disponer de su medicación debido a que ésta debe guardarse en el frigorífico.

Desde ese primer momento, los señalados son la Comunidad de Madrid y Naturgy por posibles delitos: de coacciones al impedir a la gente que tengan acceso al suministro eléctrico y de trato degradante, relacionado con el uso y disfrute de las viviendas, además de toda una serie de daños y lesiones, según apunta Castillo . Él mismo señala que "la denuncia se puso con la intencionalidad clara de la restitución de la red, y esto se pedía al Juzgado como medida cautelar, justo unos días antes de la llegada del invierno, cuando se esperaban temperaturas muy frías". Pasaron algunos días hasta que les comunicaron que el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid había abierto diligencias previas, aceptando así el potencial delito de coacciones.

El frío mata

Al poco tiempo pero ya iniciado el año 2021, una familia del sector VI se puso en contacto con CAES para que tuvieran conocimiento de algo que acaba de suceder: una persona de 74 años había fallecido. Se trata de un anciano que "tras más de dos meses sin suministro eléctrico, a partir del día 17 de diciembre aproximadamente, el fallecido empezó a encontrarse mal, refiriendo todo el tiempo que tenía mucho frío y que se encontraba destemplado, y en su voz se notaba que estaba constipado", apuntan desde el despacho de abogados. Y agregan: "También mantenía un tono depresivo por el corte de luz, decía que no entendía lo que sucedía y por qué no podían tener calefacción y se mostraba callado y pesimista sobre la situación".

Su muerte se produjo el 2 de enero y, "tras certificar el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria, los servicios del SUMMA le realizaron una prueba PCR para comprobar si podía ser coronavirus y dio negativo". Según afirman, era un varón que gozaba de buena salud y sin antecedentes relevantes médicos antes del corte de suministro. Había sido peón de la construcción y en la actualidad percibía una pensión no contributiva, conviviendo con esposa y otros familiares. De esta forma, "la denuncia pretende que se tomen declaraciones de varios testigos del fallecimiento y que se investigue a fondo el fallecimiento y su relación corte de luz y la falta de restablecimiento del mismo", aclaran desde CAES.

Esta segunda denuncia atribuyó de forma indiciaria un delito de omisión del deber de socorro a las autoridades de la Comunidad de Madrid, en concreto al Comisionado de Cañada Real Galiana, "alto cargo de la administración cuyo único cometido era hacer cumplir el Pacto y proteger a la población" de esa zona. Naturgy, de nuevo, también estaba en el punto de mira. "La inacción ante la situación que se avecinaba en Cañada Real Galiana es culpable pues el riesgo para la salud venía siendo advertido por múltiples organismos, incluidos médicos del servicio madrileño de salud, el Defensor del Pueblo, el Comisionado para la Pobreza Infantil, el arzobispo de Madrid Sr. Ossoro y varios Relatores de Naciones Unidas", expresa el despacho de abogados.

Otros cuatro muertos más

Hasta el momento, CAES no tiene noticias de si esta denuncia ha sido admitida a trámite, pero sí remarcan que puede haber más muertos a causa del frío provocado por la falta de luz en los sectores V y VI. Lidia Ortega, médica del equipo de intervención con población excluida (EIPE), se desplaza a la Cañada desde hace años para atender a sus habitantes. Ella misma declaró que las pérdidas mortales desde que no hay luz en la Cañada Real hasta el 14 de enero, día en que se graba el programa que la entrevistó, ascendían a cinco.

En noviembre una mujer de 54 años que sufría una cardiopatía establecida pero que no había tenido ingresos hospitalarios por este motivo en los últimos cuatro años falleció en su vivienda. El segundo, el varón cuya muerte ha sido denunciada, "y que tan solo tenía como patología previa la diabetes, y un único factor de riesgo: el frío", en palabras de la sanitaria. A estos dos se le suman otros tres fallecimientos de personas drogodependientes que han perdido la vida en la Cañada Real.

Ampliación de la primera denuncia

El pasado 25 de enero Castillo amplió la denuncia que interpuso el 16 de diciembre contra la Comunidad de Madrid y Naturgy: "Lo hacemos porque nos parece demasiado grave que continúe la situación igual que hace más de tres meses y pedimos al Juzgado que continúe investigando lo sucedido, esta vez ampliando la denuncia ya que se han generado nuevos daños y lesiones en la población", arguye el letrado. Así pues, ocho nuevos informes médicos de personas heridas por los daños derivados del corte de luz completan la denuncia por la que ya se abrió una investigación.

Castillo también se pronuncia sobre la posible causa del corte del suministro. Aunque Naturgy siempre ha defendido que se produce por las sobrecargas que algunos enganches generan en la red y que consumen mucho más que los demás, el abogado puso en conocimiento del Juzgado algunas pruebas que, a su parecer, indican que la empresa suministradora modificó la tensión en la zona en noviembre de 2020. "Lo que tienen que investigar es si hay sobrecargas naturales o sobrecargas inducidas", determina el propio letrado.

No les permiten pagar la luz

Al mismo tiempo, se reafirma en que nada de esto estaría pasando si se cumpliera el Pacto regional de la Cañada Real Galiana. "En él se obliga a las Administraciones a tomar las medidas pertinentes y actuar de forma activa para proteger a la población en riesgo de exclusión que vive ahí. Concretamente, habla de regularizar y garantizar el suministro eléctrico, y esas normas se están incumpliendo", desarrolla Castillo. Por otro lado, los miles de afectados reclaman pagar la luz. ¿Por qué no les dejan? "Se trata de un barrio de asentamientos, como otros tantos que han existido en la capital y su periferia, sobre un terreno que no está regularizado. Por tanto, no existe instalación por la cual se pueda distribuir el tendido eléctrico de cara a individualizar las tomas. Es una situación histórica", acierta a explicar el abogado.

Por este motivo, lo que las asociaciones vecinales tanto del sector V, perteneciente a Rivas Vaciamadrid, como del sector VI, jurisdicción de Madrid capital, reclaman la restitución del suministro a corto plazo, sin olvidarse de que una solución estructural sería que les permitieran poseer una toma de corriente igual a la de las demás personas de la Comunidad de Madrid.

A nivel psicológico, los más de 100 días sin poder calentarse, sin tener agua caliente con la que asearse y que la chavalada no se pueda conectar a Internet al no tener el router encendido hacen mella. "Es una situación insoportable para el vecindario, y hasta cierto punto debería volverse insostenible para las autoridades de la Comunidad. Incluso la prensa internacional ha llegado a comparar lo que se vive en la Cañada con los campos de refugiados de Bosnia. No sabemos hasta qué punto se puede mantener esta situación", dice Castillo.

Sí le gustaría remarcar que después de casi cuatro meses sin luz "la población a la que tachan de delincuente, agresiva y violenta solo ha realizado protestas pacíficas más allá del plano jurídico", en referencia a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, en las que criminalizaba a la población de la Cañada y en las que decía que muchos no acudieron al albergue que prepararon para el temporal de nieve y hielo por miedo a que les ocuparan sus chabolas. Pero entonces, ¿hasta cuándo estarán así? "Creíamos que las cosas cambiarían cuando hubiera fallecimientos, pero ya ha habido víctimas mortales y nada ha cambiado", finaliza el abogado de CAES.