Alejandra Jacinto (Madrid, 1989) es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid. Llegó al movimiento por la vivienda durante el 15-M y se implicó, sobre todo, en hacer frente a los desahucios de los inquilinos de las viviendas públicas que el PP vendió a los fondos buitre durante los mandatos de Ana Botella en el Ayuntamiento e Ignacio González en la Comunidad, y sigue haciéndolo como abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).

Su última pelea, junto a otros colectivos ciudadanos, ha sido que la Asamblea de Madrid volviera a debatir una ley de vivienda para la región, aunque los resultados de las elecciones parecen dejar poco margen. Tras la polémica generada por la última campaña de escraches a políticos, Jacinto habla sobre la situación del acceso a la vivienda en Madrid, la burbuja del alquiler y la posibilidad de que se esté fraguando una nueva burbuja hipotecaria.

Hace cuatro años, Manuela Carmena anunciaba que Madrid sería una ciudad libre de desahucios, ¿qué ha pasado desde entonces?

Que, lejos de solucionarse la emergencia habitacional que sufrimos desde 2015, la situación ha empeorado. A todos los desahucios hipotecarios se le han sumado los de impago del alquiler o por finalización de contratos. El primer error del Ayuntamiento fue afirmar que tenía capacidad para paralizar desahucios cuando no tenía competencias en materia de vivienda ni era una autoridad judicial para pararlos. No fue con mala voluntad pero fue un error político importante. Generó una expectativa en la ciudadanía que no podía cumplir. Los desahucios en Madrid han vuelto a abrir programas de televisión este año, como el de Argumosa, 11, pero desahucios como ese suceden cada día en toda la Comunidad.

¿Qué cabe esperar del Ayuntamiento que viene?

Volvemos a un contexto oscuro, al escenario anterior a 2015, cuando la máxima no era evitar el desahucio sino también la represión que sufríamos, con dispositivos policiales dignos de operaciones terroristas. Los últimos cuatro años no han sido la panacea para el derecho a la vivienda, pero hubo avances que ahora se perderán. Temo que también vamos a retroceder en cuanto a alternativas habitacionales tras un desalojo. No es que ahora estuviera bien, pero ha habido soluciones temporales. Ahora no creo que las haya, como fue antes del Gobierno de Ahora Madrid. Va a tocar ejercer la autotutela del derecho a la vivienda. Soluciones como la ocupación (recuperación) van a aumentar.

Del boom hipotecario pasamos a la burbuja del alquiler, ¿por qué se han disparado los precios de esta manera?

Tras el estallido de la burbuja en 2008, nos enfrentamos a una oleada de más de 750.000 ejecuciones hipotecarias. En 2013, tras presentar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH en el Congreso y la primera campaña de escraches, llegaron varias resoluciones del TJUE contra las irregularidades de las hipotecas y se logró modificar en parte la ley hipotecaria. Se aplicaron pequeñas medidas que son las que han contenido el fenómeno de los desahucios por hipotecas. Pero ese mismo año se reforma la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU), que dejó más desprotegidos a los inquilinos. Tardó tres años en notarse, pero ese cambio normativo ha contribuido a la burbuja del alquiler. También influye la entrada masiva de los fondos de inversión en el mercado de la vivienda pública y privada. Han acaparado tanto que ha provocado el alza de los precios.

La hipoteca vuelve a parecer ahora mejor opción que el alquiler, ¿es que no hemos aprendido de la última crisis o es que no nos dejan decidir?

La sociedad sí ha aprendido y hemos logrado generar en la opinión pública que hemos vivido una estafa por parte de fondos de inversión y de bancos. Cláusulas suelo, de vencimiento anticipado y otras abusivas. Todos tenemos la sensación de haber sido víctimas de la estafa inmobiliaria, pero no se nos deja otra salida. Se ha orientado todo políticamente para ello, desde la reforma de la LAU a los trajes a medida para fondos buitre, como las Socimi, con una tributación mucho menor que otras empresas. No nos dejan escapatoria, nos ahogan y nos impiden acceder a una vivienda de alquiler privado o público. Al final, si te quieres procurar un techo no te queda otra que acceder al crédito hipotecario o, desgraciadamente, la ocupación de una vivienda. La prueba es que el mercado hipotecario se está reactivando y que se prepara una reforma integral de la ley de crédito hipotecario para el 16 de junio que volverá a facilitar el acceso a hipotecas.

¿Cuándo cree que se pinchará esta burbuja del alquiler?

Mi sensación particular es que, si se ha provocado esta subida de precios del alquiler que, según muchos economistas, nada tiene que ver con la oferta y la demanda; en cuanto se recupere el mercado de préstamos hipotecarios bajará lenta y gradualmente el precio del alquiler. De hecho ya se ha estancado en varios barrios de Madrid, coincidiendo con la cercanía de la nueva ley hipotecaria que viene. 

La PAH se propuso en 2017 que Madrid tuviera una ley de vivienda, ¿por qué no existe como en otras regiones?

Por falta de voluntad política para dar cumplimiento a derechos constitucionales. Podríamos entender que la ley que nosotros presentamos en 2017 a través de una ILP con 77.000 firmas pudiera no gustar a todos los partidos. PP y Ciudadanos la bloquearon y, dos años después, seguimos sin ninguna ley que garantice el derecho a la vivienda. Volvimos a reunirnos con todos los partidos y les dijimos que, ya que no habían propuesto ninguna alternativa a nuestra ley, estaría bien recuperarla con actualizaciones en cuanto al alquiler. Llamamos a la puerta de todos los partidos para que, gobernara quien gobernara, se comprometieran a debatir la ley en la Asamblea de Madrid. PP y Ciudadanos también dejaron pasar esta segunda oportunidad. Los políticos no están legislando en favor de los intereses de los ciudadanos y así lo hemos denunciado en esta campaña electoral.

Los resultados electorales autonómicos no dan muchas esperanzas para esa ley de vivienda, ¿qué se plantea la PAH ahora?

Legislativamente no parece que vayamos a lograr la ley que necesita Madrid. Ahora toca un proceso de reflexión interna en la PAH. Pero no tenemos que perder de vista que, a nivel nacional, sí hay margen de maniobra para plantear la ley estatal que ya prosperó en el Congreso, pero que decayó tras la convocatoria adelantada de elecciones. Tenemos esa esperanza y debemos agarrarnos a ella. A nivel autonómico toca consolidar la organización popular, que es el único antídoto que tenemos.

¿Por qué cree que se arma tanto revuelo con los escraches?

La sociedad civil organizada protesta de una forma legítima, avalada por la Audiencia Provincial de Madrid. Nos encerramos en sucursales, hacemos manifestaciones y hacemos escraches. Es polémico y somos los primeros que prefieren otros métodos, pero no son violentos, aunque nos supone grandes esfuerzos y desgastes. Si queremos visibilizar el problema tenemos que llamar la atención. Hemos protestado muchas veces y de muchas formas pero, curiosamente, si no es un escrache no lo cubren los medios.

Personalmente, ¿cree que fue adecuado el escrache a Villacís?

A ella le deseamos lo mejor y que se recupere muy pronto de su embarazo. Pero Villacís estaba en la Pradera de San Isidro, no como una ciudadana anónima, sino en un acto de campaña electoral. Hacía su trabajo como representante pública de un partido que ha vetado la tramitación de una ley de vivienda en Madrid. No se puede calificar de error. Lo que nos llama la atención mucho es que se tengan que generar este tipo de polémicas manipuladas para romper la barrera mediática y el silencio sobre los desahucios. Protestamos contra Ignacio Aguado, contra Albert Rivera, contra Díaz Ayuso… no fue sólo Villacís.

También lo han hecho con Carmena, ¿por qué?

La hemos señalamos mucho durante estos cuatro años porque ha actuado de forma contraproducente para la política de vivienda. Cuando eres Gobierno de una ciudad como Madrid, que es un deseo absoluto para los fondos buitre, tu política tiene que ser disuasoria. Operaciones como la de Charmatín atraen a los buitres y creemos que le ha faltado valentía política en ese sentido. Por otra lado, aunque la competencia en materia de vivienda es exclusiva de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento sí tiene competencia en situaciones de emergencia habitacional y residencial, es decir, cuando se produce un desahucio y una familia se queda en la calle, sí tiene competencias. Creemos que su política de realojos ha dejado mucho que desear.

En las dos campaña electorales, la derecha puso la ocupación como el principal problema de la vivienda, ¿hay datos que lo prueben?

Como en todo en materia de vivienda, no hay cifras ni datos exactos. Creo que es una cuestión política, no interesa que se conozca el alcance del problema de la vivienda en nuestro país. No sabemos exactamente cuánta vivienda vacía hay ni cuántos desahucios reales se producen cada día ni por qué causas ni a qué perfil. 
La ocupación es un fenómeno muy presente en el día a día de la gente con menos recursos económicos. El enfoque de las derechas en la campaña es inhumano, pone el acento en criminalizar esas situaciones cuando el problema está en su causa. Si hubiera un parque público de vivienda social que adjudicara viviendas como en los países de nuestro entorno y si tuviéramos una ley de vivienda que prohibiera desalojos forzosos sin alternativa habitacional, seguramente la gente no se vería en una situación tan dramática e inestable. Pero es un dato claro que las viviendas que se suelen ocupar son de entidades financieras. Las personas que están ocupando son las que menos quieren estar en esa situación.

¿Cree que el Gobierno acabará regulando los precios del alquiler?

Sánchez ha reformado la LAU con algunas cuestiones positivas, como la vuelta a los cinco años de contrato en personas físicas. Pero le pasa lo mismo que al Gobierno de Carmena, le falta valentía para ir al fondo del asunto y generar políticas disuasorias contra los fondos de inversión. La piedra angular para contener esta burbuja del alquiler y evitar otra hipotecaria es ser capaz de limitar los precios. Pero los intereses económicos son muy poderosos. Las mejoras han sido paliativas. Aunque es cierto que el decreto de Sánchez deja abierta la puerta a que sean los Comunidades Autonómas las que puedan introducir algún índice de precios, y a eso nos agarramos en nuestra ILP.

Gran parte de las viviendas de los desahuciados acabaron en la Sareb o 'banco malo' ¿qué está pasando con ellas?

Su gestión es totalmente opaca y no lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos que gran parte de esas casas, propiedad de los bancos, se están vendiendo a fondos buitre, que ven cierta rentabilidad en ellas. Aunque muchas están en condiciones de inhabitabilidad.

¿Cree que un asunto tan vital como el acceso a una vivienda está generando la movilización social que requeriría?

La vivienda es una cuestión transversal para ejercer todos los demás derechos civiles y políticos. Afecta directamente a la vida de las personas y, sin embargo, no está en las preocupaciones que aparecen cada tanto en el CIS. Creo que hasta que no te toca tener problemas con la vivienda a ti mismo, a tu familia o a alguien cercano no se es consciente de la importancia. Por eso la PAH es necesaria para generar esa conciencia social.