En el corazón de la región del Magdalena Medio (Colombia), a dos horas y media del puerto petrolero de Barrancabermeja se encuentra Puerto Matilde, una vereda del nordeste de Antioquia que acoge Ecobúfalo Campesino, un proyecto colectivo con reconocimiento y éxito nacional e internacional por la superación de la pobreza extrema en zonas rurales, a través de la inversión en cárnicos y lácteos de búfalas.
“A la más vieja la llaman gorda, pero es flaquita”, matiza Francisco Javier López, administrador de las 750 hectáreas de la finca madre de Puerto Matilde, donde los más de 1.200 animales pastan a sus anchas entre mangos y riachuelos, rodeados de la nada y prácticamente aislados de la civilización; una selva colonizada por campesinos y campesinas que huyeron del conflicto armado y las amenazas de los grupos paramilitares.

Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro de Memoria Histórica de Colombia, desde 1958 hasta julio de 2018, el conflicto armado ha dejado 262.197 muertes, de las cuales 215.005 son civiles, la gran mayoría en zonas rurales. Aunque tras los acuerdos de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado la violencia directa descendió, las causas estructurales del conflicto siguen vigentes. Entre ellas, el abandono estatal en el campo, que conlleva a la falta de infraestructuras viales que dificultan la producción y la comercialización de alimentos.

Irene Ramírez rememora la llegada de las primeras 70 búfalas, allá por el año 2000. Eran apenas 12 campesinos y campesinas que decidieron crear un proyecto de recría de búfalos, con el objetivo de promover una economía comunitaria que no dependiera de la hoja de coca, ya que las condiciones de la zona y el conflicto no favorecían, ni favorecen, el cultivo de otros productos. “Es un trabajo muy bonito que mejora la calidad de vida en el campo y nos ayuda a hacer más resistencia en el territorio”.

Lo hicieron de la mano de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), de la que Ramírez es la actual presidenta, organización creada en 1996 para promover la defensa integral de los derechos humanos, la tenencia de la tierra y el desarrollo sostenible de la economía campesina.

“Es un modelo de desarrollo de economía solidaria, ya que se entregan 10 búfalas y un macho prestado a cada socio o socia que deberán devolver cuando las hembras hayan tenido sus primeras crías”, afirma el administrador. Además, cada 10 años se le hace entrega del proyecto a otra asociación, para que esta continúe con el legado. En 2010 la Asociación Campesina del Catatumbo recibió una réplica.

Jhon William Valencia, veterinario y comercial, resalta que es una opción interesante para el campesinado, para sustentar su economía y ser autosostenible. Además, es pionero, de los únicos programas que hay de producción campesina comunitaria y natural en el país.

En el año 2014 se dio la necesidad de transformar el proyecto, ya que había mucha producción de animales, pero no había una buena comercialización. El cambio de contexto fue importante para tomar la decisión, ya que con el inicio de las negociaciones entre las FARC-EP y el Gobierno, la tensión en el territorio se calmó.

“Hasta 2012 el conflicto armado había sido el tema central del día a día en la región y la población se organizaba más en la defensa de los derechos humanos y la protección del territorio”, destaca Lorena González, ingeniera agrónoma. Ese mismo año, Ecobúfalo ganó el premio Ventures al mejor proyecto emprendedor del país en la categoría de erradicación del hambre y la pobreza. Y en 2015 se presentó al programa de desarrollo socioeconómico de la Obra Social La Caixa, con una propuesta presentada a través de la Asociación Catalana por la Paz (ACP), organización que trabaja en Colombia desde hace más de 15 años. “El objetivo enmarcaba el fortalecimiento de las capacidades en temas técnicos, administrativos, formación para los y las socias, mejoramiento de la cadena de elaboración y transformación de lácteos, e impulso a la comercialización”, matiza la ingeniera.

Ordeñando a una búfala en Puerto Matilde ./Marta Saiz

“El proyecto se presenta como una iniciativa para impulsar la economía de las familias campesinas del Valle del Río Cimitarra, promoviendo su integración en la cadena de valor del búfalo. La iniciativa tiene una relevancia especial dado que se lleva a cabo en una región que ha sido afectada por el conflicto. Es una apuesta para la construcción de paz a través de la integración económica”, afirma Marta Solsona, técnica del proyecto en el área internacional de la Fundación La Caixa.

Por su parte, Xavier Cutillas, presidente de la ACP, resalta que “promueve los derechos sociales y económicos de hombres y mujeres que durante años han sufrido el conflicto armado, la exclusión social y la inseguridad económica y alimentaria. También fomenta la economía campesina, priorizando a jóvenes y mujeres”.

Actualmente hay más de 60 socias. Este año se ha creado Ecobúfalo S.A, con la finalidad de clarificar fondos y mejorar la rentabilidad económica. Y el pasado 14 de diciembre se inauguró su punto de venta físico en la ciudad de Barrancabermeja, capital de la región del Magdalena Medio, con el propósito de eliminar la figura del intermediario y dar a conocer este tipo de producción agroecológica, natural y limpia, “sin involucrar químicos ni herbicidas al suelo y sin utilizar ningún tipo de hormonas”, matiza el veterinario.

En cuanto al tema ambiental, también es un punto que se trabaja, tratando de hacer capacitaciones en cuanto al manejo de los suelos y clarificando creencias erróneas, como la de talar árboles para expandir el área de pastoreo. “Los árboles sirven para romper el suelo con sus raíces haciendo que el aire y el agua circulen y se mejoren las condiciones para el pasto. Todo ello lleva a un aumento de la biodiversidad que ayuda ambientalmente y mejora la salud de los animales”, recalca López.

Y así es como Ecobúfalo continúa, a pesar de estar en un territorio donde la apuesta minera y energética avanza salvajemente, entre el fracking y la deforestación. Así es como resisten las comunidades campesinas de Colombia y así es como la cadena bufalina se ha instaurado en el país, desde que llegaron los primeros animales desde Trinidad y Tobago en 1967.

Finca La Bufalera en Puerto Matilde./Marta Saiz

La Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra ACVC

En 1996 un grupo de mujeres y hombres golpeados por el conflicto armado, perseguidos por el Estado, el paramilitarismo y la confrontación entre la insurgencia y los grupos al margen de la ley, marchó a la ciudad de Barrancabermeja para pedir al Gobierno la protección de sus derechos como seres humanos. “Lo que más sacudió en la región fue el paramilitarismo, con la figura del israelí Yair Klein que adiestró a los mercenarios que actuaron contra la población campesina en el Magdalena Medio”, recuerda Carlos Martínez, fundador de la ACVC.

Ante la magnitud de lo que seguían suponiendo las vulneraciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, más de 15.000 campesinos y campesinas regresaron a Barrancabermeja para protestar, momento en el que la ACVC se consolidó legalmente como una de las asociaciones campesinas más antiguas de Colombia.

En los años posteriores, muchas personas fueron asesinadas en lo que se conoce como falsos positivos, o encarceladas en capturas extrajudiciales, como los casos de Miguel Ángel González y Ramiro Ortega, también fundadores de la ACVC, que fueron detenidos en 2008 por órdenes del Gobierno del ex presidente y actual senador Álvaro Uribe. “Se buscaba estigmatizar y debilitar a la organización”, declara Martínez. Unos meses más tarde y por falta de evidencias que los acusaran de colaboradores de la guerrilla, fueron absueltos. “Fíjate si tenían pruebas que los testigos alegaron que tenía todos los dedos de las manos y me faltan tres”, comenta entre risas Ortega.

Con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de la nación y el inicio de las negociaciones con las FARC-EP, la violencia directa descendió, aunque el conflicto sigue vigente con otros muchos actores armados, ya sean los nuevos grupos paramilitares o bandas criminales, las propias fuerzas estatales o las guerrillas en activo que continúan en la región.

Por ello, el trabajo de la ACVC como organización defensora de derechos humanos continúa, tras 21 años, con esta misma labor, para aportar a la paz y asegurar el futuro de campesinos y campesinas, apostando por los proyectos productivos y la economía sostenible. Porque la ACVC no se rinde a pesar de las amenazas y asesinatos, que este 2019 ya se ha cobrado la vida de nueve líderes y lideresas sociales en todo el país.