Oswaldo Perdomo, de 31 años, maestro de Educación Primaria y originario de San Antonio de Cortés, en Honduras, tiene los ojos rojos. Aguanta las lágrimas. Por una vez, estas son de alegría. Son muchos años de penurias como para no emocionarse. Es viernes, 18 de enero, pasan algunos minutos de las 5 de la tarde (medianoche en España), y se encuentra en la garita migratoria al final del puente Rodolfo Robles, el que une Guatemala con México. En su muñeca, una pulsera que le identifica como migrante. Las autoridades mexicanas dicen que, en cinco días, le entregarán una tarjeta verde con la que podrá transitar libremente a lo largo de todo el país durante todo un año. Podrá buscar trabajo, acceder al sistema de salud pública y, sobre todo, moverse sin riesgo a ser deportado.

“Si tuviésemos dinero, hasta en avión podríamos ir a la frontera”, dice, satisfecho. Obviamente, su objetivo no es buscar empleo en México. Quiere llegar hasta Estados Unidos. Y esta tarjeta le va a permitir avanzar sin que le ocurra lo que ya sufrió en dos ocasiones: ser devuelto a Honduras tras ser detenido por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano.

Perdomo forma parte de la primera caravana migrante del año, que partió de San Pedro Sula, en Honduras, el 14 de enero. Se trata de primera larga marcha centroamericana hacia Estados Unidos de 2019. La muestra de que lo ocurrido entre octubre y noviembre no fue un espejismo ni algo prefabricado: los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños se mueren de hambre o los matan a tiros. Ante esta perspectiva no cabe otra opción que huir.

“Yo venía a sufrir lo mismo que sufrió la primera caravana. Pero ha sido bien diferente. Tengo ganas de regresarme, pero para traerme a mis hijos y mi esposa”, dice Perdomo.

El puente internacional que une Guatemala con México es el escenario de un cambio de política histórico. Hace tres meses, cuando la caravana que visibilizó el éxodo centroamericano llegó hasta aquí, se encontró con una enorme barrera policial bajo el cartel de “Bienvenidos a México”. Las primeras filas de hombres, mujeres y niños exhaustos, doloridos y hambrientos chocaron con los antidisturbios mexicanos. Fueron golpeados, les lanzaron gases. Algunos, desesperados, se lanzaron al río Suchiate desde lo alto del puente, a 15 metros de altura. Las autoridades migratorias exigieron un tránsito “ordenado”. Pero quienes creyeron sus palabras fueron introducidos en autobuses y encerrados durante más de un mes en la Feria Mesoamericana, una extensión de la Estación Migratoria Siglo XXI, la tristemente conocida cárcel para migrantes de Tapachula. Muchos no aguantaron el enclaustramiento y pidieron la deportación voluntaria. Otros resistieron, solicitaron asilo y se encuentran entrampados en el estado de Chiapas. La ley dice que si pides refugio tienes que permanecer en el lugar en el que lo solicitaste.

Todo ha cambiado desde entonces.

En el puente no se ven antidisturbios. En su lugar hay funcionarios que explican los derechos y deberes de los migrantes, ayudan en el registro, ofrecen una botella de agua y hasta dan la bienvenida a México. Dos elementos tienen que ver con este cambio. Por un lado, el político. Por otro, la acción de los propios migrantes.

Dispositivo del Gobierno mexicano en el puente Rodolfo Robles entre Guatemala y México.

El 1 de junio se impuso en las elecciones el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. El 1 de diciembre tomó posesión, con la plaza del Zócalo abarrotada. Desde entonces ha prometido una nueva política migratoria. Este es uno de sus efectos. Todavía es pronto para analizar el alcance, pero la diferencia es abismal, no solo respecto a la anterior caravana, sino en comparación con cualquier tiempo pasado.

Tampoco se puede obviar la importancia de la caravana de octubre. En su momento álgido, más de 14.000 personas atravesaban México en diversos grupos. La épica del éxodo, las imágenes dramáticas de hombres, mujeres y niños caminando, pero también el tesón de quienes no cejaron hasta llegar a Estados Unidos, puso en la agenda el drama de la Centroamérica que huye.

Perdomo es consciente del cambio, ya que fue deportado de México en dos ocasiones.

Ahora, sin embargo, colabora con las autoridades migratorias para mantener el orden en la fila. Son los mismos que le devolvieron a su país. Pero ahora todo es diferente.

Razones para el éxodo

“La primera vez que emigré fue cuando mataron a mi padre”, explica. Luego matiza, era su padre de crianza, no su padre biológico, pero a efectos de la vida, su padre, al fin y al cabo. Se llamaba Rubén Antonio Mendoza González y era policía. Lo mataron a tiros en su propia casa el 10 de septiembre de 2016. Fue Perdomo quien lo llevó al hospital, malherido. No sobrevivió al ataque. El hombre, maestro de Primaria de profesión, sabe qué pandilla atentó contra él. No quiere decirlo. Son consecuencias del régimen de terror que imponen en muchas colonias el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha (MS-13), las dos principales pandillas que operan en Centroamérica, México y Estados Unidos.

En los primeros 15 días del año, Honduras ha registrado siete masacres, lo que implica que hayan muerto al menos tres personas en el mismo suceso.

Perdomo explica que, poco después del asesinato, se puso en ruta por primera vez. Solo, sin coyote, sin compañeros. “Los que me encontraba por el camino eran mis amigos”, dice. No hace falta una caravana para que el éxodo se manifieste. Cada año, según Acnur, unos 400.000 centroamericanos atraviesan cada año México para llegar a Estados Unidos. Se encuentran en las decenas de casas del Migrante esparcidas por todo el territorio, en autobuses, vehículos particulares, camiones convertidos en trampas mortales o en La Bestia, el tren convertido en símbolo de la migración hacia el norte.

A Perdomo la primera vez lo agarraron en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas. Se trata de uno de los territorios más violentos de México, con gran presencia del narco y grupos criminales pero la frontera más porosa. Tras un periplo de más de un mes en diferentes estaciones migratorias, fue devuelto a Honduras. Lo mismo le ocurrió en su segundo intento. En esta ocasión le traicionó el sueño. Ocurrió en Saltillo, estado de Coahuila, en el norte de México. El hondureño asegura que se desplazaba en autobús y que, si observaba un retén migratorio, se escondía en los sanitarios. Hasta que cayó dormido y despertó con los agentes ya pidiéndole los papeles, sin margen para ocultarse. Nuevamente, de regreso a Honduras.

Todo es diferente ahora. Con su pulsera, simplemente espera que le den la tarjeta. Es cierto que el documento no ha llegado en el tiempo que las autoridades mexicanas prometieron. Aunque Perdomo les excusa. Cuando los primeros integrantes de la caravana llegaron al puente, el Gobierno azteca aseguró que tardaría 5 días en dar su tarjeta a cada uno de los inscritos. Mientras, estos podrían esperar en Tecún Umán, Guatemala, o entrar en México, en un albergue habilitado en Ciudad Hidalgo. Finalmente, los 5 días se han cumplido y Perdomo no ha recibido todavía su tarjeta. “Ahora están entregando las últimas a los que pidieron el documento el día 17”, afirmaba, en llamada telefónica, el 22 por la tarde.

Incógnitas

La gran incógnita es saber si el Gobierno de López Obrador mantendrá esta política de forma permanente o se trata de una medida de contención ante la crisis generada por la llegada de la caravana. Por el momento, las tarjetas solo se entregan en la frontera entre Tecún Umán y Ciudad Hidalgo, donde llegó la caravana la semana pasada. Hasta las 15.00 horas del lunes, el INM registró la petición de 7.897 mayores de edad y 1.780 menores; la mayoría de ellos hondureños. En ese mismo lapso de tiempo se entregaron 558 tarjetas de visitante “por razones humanitarias”.

Migrantes caminan en caravana entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, en Chiapas, tras atravesar la frontera caminando.

El flujo no va a cesar. Porque las razones para el éxodo no han variado. Honduras, Guatemala y El Salvador están enfermas de violencia y pobreza. Así que la migración va a continuar. La pregunta clave es: ¿cualquier ciudadano que lo solicite en frontera podrá acceder a la tarjeta verde a partir de ahora? En caso afirmativo, ¿dará igual que llegue solo o acompañado por su familia o tendrá que llegar en caravana?

Las respuestas del Ejecutivo no son claras. El jueves, Ana Laura Martínez de Lara, directora general de Control y Verificación Migratoria del INM, aseguró en conferencia de prensa que el dispositivo instalado en la frontera es una medida “excepcional” que se ha puesto en marcha únicamente por la llegada de la caravana. No detalló cuándo estaba previsto levantar el operativo. En conversación posterior con Público matizó sus palabras: lo que era excepcional era el despliegue en la frontera, pero sí que se iba a establecer una nueva política. Puso en valor el nuevo modelo de acogida, pero no quiso concretar si la entrega de tarjetas se iba a extender en el tiempo.

Un día después, el comisionado del INM, Tonatiuh Guillén López, no despejó las dudas. Compareció para entregar las diez primeras tarjetas a otros tantos migrantes. Habló de “soberanía”, “derechos humanos”, “migración ordenada”. Pero no respondió a la pregunta fundamental: si a partir de ahora México va a implementar una política de puertas abiertas o, por el contrario, es una respuesta temporal a la coyuntura.

Los funcionarios centroamericanos ponen énfasis en que el objetivo es que los centroamericanos encuentren trabajo en el país. Sin embargo, la mayoría de migrantes tienen en la cabeza el sueño americano. México sería una segunda opción si todo se complica. Pero, al menos, quieren intentarlo.

Andrea Villaseñor, directora del Servicio Jesuita a Migrantes, asegura a Público que lo visto hasta ahora permite ser optimistas. No obstante, cree que hay todavía interrogantes pendientes. Como dato positivo, considera que el Gobierno ha modificado su actitud hacia las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes. Considera que ahora “escuchan las propuestas”.

Cerca de 2.000 integrantes del primer grupo de la caravana no las tenían todas consigo en la madrugada del sábado. Son demasiados años de mentiras por parte de los diferentes gobiernos. Por eso amanecieron a las cuatro de la madrugada y atravesaron la frontera caminando, pero sin registrarse, aunque algunos ya lo habían hecho la víspera. No hubo violencia ni oposición policial. Llegaron hasta Tapachula. Ahí comenzaron a disgregarse. Hay muchos que todavía aguardan a comprobar que las promesas de México son ciertas y poder atravesar una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo con la tranquilidad de un documento que impida su deportación.

Es posible que en el origen de la cautela mexicana a la hora de aclarar sus planes de futuro estén dos elementos: por un lado, que el Gobierno de López Obrador no lleva ni 100 días en el cargo. Por otro, las presiones que, a buen seguro, llegarán desde Estados Unidos. Su presidente, Donald Trump, se encuentra enfangado en el cierre parcial de la administración y el rechazo del Partido Demócrata a la construcción del muro.

Ajenos a los tuits iracundos de Trump, miles de centroamericanos aguardan en la frontera para recibir su tarjeta verde. Huyen del hambre y la violencia y van a seguir haciéndolo.

*Alberto Pradilla es periodista de Plaza Pública