El Gobierno mira ya a los Presupuestos tras salvar una de sus negociaciones más difíciles

"Cuadrar este Sudoku no era fácil". Desde el Gobierno de Pedro Sánchez llevaban desde la semana pasada dejando claro que la reforma fiscal aprobada este jueves era muy compleja. Quizás la negociación más difícil que ha tenido que afrontar la coalición progresista de PSOE y Sumar desde hace un año. Convencer a sus socios de izquierda y derecha en asuntos tan ideológicos como los impuestos no era una tarea menor. Pero finalmente, llegó un pacto amplio que recoge gran parte de los objetivos de grupos. 

La siguiente meta negociadora son los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como apuntan ya en el Ejecutivo. Antes, en todo caso, tiene que salir adelante el techo de gasto. El optimismo es hoy aún mayor que hace unos días.

"Si hemos sido capaces de sacar esto, con las cuentas lo seremos también", señalaban fuentes socialistas, que no ocultaban su sensación victoriosa tras anunciarse el pacto con Podemos, última pieza que quedaba por encajar en el puzzle parlamentario. "Este tipo de acuerdos ayudan, sin duda", señalaban fuentes del Gobierno de cara ya a los PGE. 

Entre las medidas tributarias que han salido adelante este jueves se encuentran un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales (al que obliga la Unión Europea), un aumento de dos puntos ―del 28% al 30%― en la tributación del IRPF a las rentas más altas, una rebaja impositiva a las pymes, una reducción fiscal para los artistas o un aumento de los impuestos a las empresas tabacaleras. También se terminará con el privilegio en el IVA para los hidrocarburos y el impuesto a la banca en los términos que acordó el Gobierno con Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego, es decir, aumentando el tramo más alto del impuesto.

Han quedado fuera, en cambio, la medida que buscaba terminar con las ventajas fiscales de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), el aumento fiscal a los seguros sanitarios privados, al diésel ―una enmienda para equiparar la carga fiscal de la gasolina y el diésel que quedó viva y, finalmente, ha decaído― o al lujo. Varias de estas medidas, que se han quedado en el tintero, formaron parte de un acuerdo entre PSOE y Sumar.

Que el día había significado una victoria política lo reflejó el propio Sánchez, que salió a comparecer brevemente ante los medios tras la sesión plenaria para celebrar el acuerdo. También, claro, para negar las acusaciones de Víctor De Aldama, el otro eje que vertebró la jornada. 

"El Gobierno ha logrado un importante reforma del sistema fiscal. Es muy importante para reforzar los servicios públicos", ha destacado. Sánchez ha vinculado además la tragedia de la DANA con la importancia de tener estos servicios públicos. "El Gobierno está satisfecho y agradecido con los grupos parlamentarios por el esfuerzo de negociación", ha añadido. 

El líder del Ejecutivo ha puesto en valor los criterios de "justicia fiscal" incluidos en la reforma ya que se les va a exigir "más esfuerzo" a las grandes corporaciones. Del mismo modo se ha congratulado de que con esta iniciativa  se avanza en lo acordado con Bruselas para próximos desembolsos de fondos europeos. 

"Tenemos acuerdo, afortunadamente para el país, lo que permitirá que nuestro sistema fiscal sea más justo, redistributivo, y también tenga recursos que permita blindar el Estado del Bienestar", señaló por su parte la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero, una de las principales protagonistas de los últimos días.

Desde su Ministerio consideran que el proceso negociador, pese a ciertas críticas deslizadas por los grupos de izquierdas, ha sido el correcto. Las fuentes consultadas destacan que primero se habló con los partidos de izquierdas para hacerles ver el paquete de medidas que iban a consensuar con PNV y Junts. 

Acuerdo con deberes

Es algo que niegan todas las fuentes consultadas de entre los aliados de Sánchez. De hecho, una de las principales críticas que deslizan desde ERC, EH Bildu o Podemos es, precisamente, que el Ministerio de Hacienda decidiera negociar antes con sus aliados más a la derecha que con ellos. De todas formas, aunque prácticamente al último minuto, ha habido acuerdo y se ha aprobado buena parte del paquete.

El elemento que ha asegurado la victoria parlamentaria del Gobierno ha sido el acuerdo alcanzado con Podemos, en el que el PSOE se compromete a generar una mesa de negociación para impulsar un impuesto permanente a las energéticas y a sacarlo adelante contando con terminar convenciendo, también, a Junts. Una voz autorizada de los morados desliza que "hay un pacto firmado con el PSOE". 

No es trivial. Hay que partir de la base de que Podemos pidió garantías al PSOE de que el acuerdo que alcanzaron los socialistas con ERC, EH Bildu y BNG el lunes, que anunciaba una prórroga del gravamen del impuesto a las eléctricas, no quedaría en papel mojado. Lo cierto es que es imposible que el PSOE pueda asegurar al cien por cien que Junts no torpedeará sus planes ―algo que apuntan entre dientes fuentes de entre las izquierdas soberanistas de la Cámara―, pero en Podemos insisten en que, hace una semana, "parecía imposible hablar de un impuesto a las energéticas y ahora, gracias a este acuerdo, tenemos un compromiso de que lo habrá".

Fuentes de EH Bildu transmiten la importancia de que en el acuerdo que han alcanzado PSOE y Podemos también esté presente aprobar un Real Decreto-ley si la mesa negociadora no da los frutos esperados. Ese decreto es, precisamente, lo que acordaron ERC, EH Bildu y BNG con el PSOE. En Podemos, de todos modos, ponen el acento en la importancia de haber convencido al PSOE, en una negociación que empezó con María Jesús Montero y en la que ha participado, desde este miércoles, Félix Bolaños, de hacer el impuesto permanente.

Con todo, el Gobierno ha aprobado un paquete fiscal que, aunque no es todo lo completo que hubiera querido Hacienda, es importante para dar estabilidad a la legislatura y empezar a mirar hacia los Presupuestos. Coinciden con eso varias fuentes parlamentarias, también entre los aliados. No obstante, el Ejecutivo tiene deberes y no son fáciles.

Para el impuesto a las energéticas necesita a Junts y, aunque Míriam Nogueras no ha rechazado, ante los medios, estar en esa mesa de negociación, su formación es dura de roer, como se demuestra constantemente en el Congreso. De todas formas, tanto en público, como en privado, los posconvergentes insisten en que antes de emitir una opinión sobre cualquier medida o propuesta, la estudian al detalle. También, dicen, lo harán en este caso. Fuera como fuere, lo que se empezaba a intuir como una virulenta derrota parlamentaria del Ejecutivo con consecuencias inciertas se ha transformado en el primer peldaño en la negociación de los Presupuestos.