La caza deportiva y comercial está prohibida desde este sábado en el Parque Nacional de Cabañeros, en las provincias de Ciudad Real y Toledo, según recoge la Ley de Parques Nacionales aprobada en 2014, que posteriormente dio un plazo máximo de seis años para adecuar la norma a los propios parques.

Félix Romero, presidente de la Comisión Mixta de Gestión de los Parques Nacionales en Castilla-La Mancha, órgano del que forman parte el Ministerio de Transición Ecológica y la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta autonómica, ha explicado que el fin de esta prórroga conlleva la prohibición de practicar la caza en este parque nacional.

El régimen jurídico de la red de estos espacios naturales, ha dicho, estipula esta prohibición y las administraciones con competencias "tienen la obligación de cumplir este mandato".

La Ley de Parques Nacionales considera que determinadas actividades, como la caza deportiva o comercial, no es compatible con el concepto de un parque nacional, donde se debe dar un escenario de evolución natural de la ecológica, dejando que la naturaleza se desarrolle lo más parecido a cómo lo haría sin la influencia humana".

La prohibición de la caza, ha reconocido Romero, implicará que se tengan que realizar otros métodos de control de las poblaciones de ungulados (mamíferos que tienen las patas terminadas en pezuña) con el fin de adecuar la carga cinegética a la que sea capaz de soportar estos espacios.

Planes en los que ya viene trabajando conjuntamente el ministerio y la Junta, y que en estos momentos está en la fase de recopilar datos sobre la estructura actual que tienen las poblaciones de ungulados en el parque.

Tras ello, se planteará los trabajos de control, que pasan por la capturas de ejemplares como ocurre en la actualidad en determinadas fincas del parque nacional o por el abatimiento, que "podría ser una acción conjunta entre cazadores y propietarios, dentro de otro concepto de caza, distinta a la comercial o deportiva".

En este sentido, ha asegurado, "esta acción vendría a emular lo que la naturaleza hubiera hecho de forma natural" e implicaría medidas muy concretas en cuanto qué tipo de animal hay que abatir o que relación de machos/hembras habría que mantener.

"En ningún caso", ha advertido, fomentarían "una actividad cinegética basada en una mejora de trofeos, sino pensada en la estabilización de poblaciones, de ratios de sexo y de calidad genética de las especies, para conseguir ese equilibro más cercano a la dinámica natural en un escenario único como es Cabañeros".

En la actualidad, en Cabañeros hay quince cotos en manos privadas, que van desde cuatro hasta las 6.300 hectáreas de extensión, y Romero ha significado que a raíz de esta prohibición se entra en "muchos escenarios posibles" con los propietarios de estas fincas.

"Algunos puede ser la compra sus terrenos, otros que reciban compensaciones por el lucro cesante que supone no cazar o, por qué no, que estos se impliquen en el control de los ungulados con una actividad muy dirigida y muy controlada por parte de la administración de cómo hacerlo", ha apuntado.

Romero ha reconocido que, en cualquier caso, se está ante un escenario "complejo y complicado" en el que no descarta tampoco que se puede producir alguna batalla jurídica.

"Los propietarios están en su derecho de tomar las acciones legales que deseen pero nosotros tenemos la responsabilidad de interpretar lo que dice la legislación y hacerla cumplir, y esa es nuestra hoja de ruta y nuestro plan de vuelo", ha atajado, quien ha defendido que la decisión de prohibir la caza no tiene por que "suponer un declive económico para los pueblos del entorno de Cabañeros como algunos aventuran".

A su juicio, "se producirá un nuevo escenario económico, de potenciación de valores, que va a compensar, con creces, la actividad que genera la caza en los pueblos" para concluir recordando que Cabañeros es "una joya a nivel europeo como representante del bosque mediterráneo, que hay que seguir manteniendo entre todos para las próximas generaciones".