Ayuso agranda el embudo de plazas entre Primaria y Secundaria para alumnos con trastornos del desarrollo

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cada vez limita más las posibilidades de completar Secundaria a los alumnos con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). Aunque a medida que han pasado los años se ha ampliado el número de plazas para estos estudiantes, sus opciones para formarse en institutos públicos madrileños son cada vez menores.

En el curso 2001-2002, la Comunidad de Madrid inició un proyecto de escolarización preferente dirigido a alumnos con necesidades educativas asociadas a discapacidad auditiva, discapacidad motora y trastornos generalizados del desarrollo. Desde entonces, el programa se ha extendido ya a más de 400 centros.

Este modelo “conlleva la organización de apoyos dentro de contextos normalizados desde el currículo ordinario y en función de las dificultades concretas en el proceso de aprendizaje”, tal y como define la Consejería de Educación. Se trata ofrecer una atención específica a niños con algún tipo de alteración en sus habilidades lingüísticas, su conducta y a la hora de entablar relaciones sociales, como aquellos con trastorno del espectro autista (TEA), Rett o Asperger.

Sin embargo, el número de aulas disponibles en Primaria y Secundaria es tan desigual que buena parte de los alumnos, al terminar 6º, luego no tienen instituto en el que matricularse donde disponer de este refuerzo. Si la Comunidad de Madrid tenía en el último curso del que existen datos (2021-22) 478 aulas públicas preferentes para estudiantes con estas dificultades, 387 correspondían a cursos de Primaria, mientras que solo 90 eran de Secundaria (un 76% menos).

Un efecto embudo que tiende a agrandarse a medida que avanzan los años. Así, por ejemplo, en el cuso anterior al referenciado, el 2020-21, la reducción era del 75%, pasando de 314 en Primaria a 77 en Secundaria.

Para la Federación de Madres y Padres de Alumnos (FAPA) Francisco Giner de los Ríos esta “es solo una manera más de decirles a estos niños ahí te quedas”, y de “forzar a las familias a matricularles en la privada” o a “pagar citas con especialistas por más de 200 euros mensuales” si desean terminar sus estudios.

Una situación que la presidenta de la asociación, Carmen Morillas, califica de “lamentable”, pues “se trata de una etapa educativa obligatoria que todo el mundo tiene derecho a completar”. Con todo, la idea de “a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades” no parece encajar en los intereses del PP.

“Imagínate este alumnado que cambia de ciclo, que los cambios les cuestan un horror... Cambia de centro, cambia de docentes y compañeros, cambia el contexto... Y encima tienen que adaptarse sin ningún tipo de ayuda. Es que es brutal. Hay alumnos con estos perfiles que no lo aguantan y que están medicados para soportar ir a clase”, explica a Público Morillas.

Las familias aseguran que llevan “mucho tiempo” advirtiendo de este “abandono”. En ocasiones, incluso, ocurre que se ven forzados a matricular a los estudiantes en otra localidad o distrito, donde sí quedan plazas o les admiten. Hacen “lo que sea necesario” para que sus hijos no pierdan esos apoyos que tanto necesitan para afrontar la cotidianidad.

Otra cosa que sucede es que les derivan a Centros de Educación Especial. Cuando acaban Primaria, las familias tienen que pasar por el calvario que supone una nueva evaluación psicopedagógica de los menores “para confirmar que el niño sigue necesitando ese apoyo, como si el autismo o el asperger les fuera a desaparecer”, critica Morillas. Al no disponer de recursos en la pública para poder atenderles de manera adecuada, deciden derivarlos a esos otros centros especiales. Entre la nada y esto, muchas madres y padres se terminan decantando por la opción menos mala.

La falta de recursos provoca la exclusión del alumnado TGD

Pero la discriminación en Secundaria no es la única que los niños con TGD tienen que soportar: tanto las familias como los equipos docentes advierten de que la falta de recursos provoca, en ocasiones, que los niños “pasen más tiempo apartados de sus compañeros que con ellos”, algo que fomenta su exclusión.

Y es que la teoría establece que, una vez integrados en estas aulas preferentes, la jornada lectiva debe estar distribuida entre el aula ordinaria y la de TGD. El objetivo supuestamente es desarrollar al máximo su capacidad de aprendizaje y autonomía personal y social en un entorno inclusivo. Con carácter general, la permanencia en su clase de referencia se sitúa entre uno y dos tercios del tiempo lectivo semanal, y el resto del tiempo se desarrolla en el aula TGD.

Pero “existe controversia con el hecho de que el alumnado tenga que salir de su aula de referencia para recibir unos apoyos que podrían llegar a estar en ésta”, señalan desde la FAPA; pues se termina normalizando que pasen más tiempo apartados que con el resto de su grupo.

“Se está segregando dos veces: primero, porque les escolarizas en unos centros determinados porque no todos están habilitados y, segundo, porque resulta que les separan de sus compañeros. Hay alumnado que está con sus compañeros solo en Educación Física y en Plástica. Eso no es inclusión. A lo que se debería aspirar es a que los recursos se dotasen a todos los centros donde se soliciten y que, una vez admitidos, estén con el resto siempre que se pueda”, propone Morillas.

Que solo el 14% de los escolares con TEA realice actividades de ocio con compañeros no relacionadas con el centro educativo, de acuerdo con la organización Autismo España, puede ser una muestra de esta inclusión. También el hecho de que casi un 12% de los alumnos con TEA reporte casos confirmados de bullying, hasta cuatro veces más en comparación con la población estudiantil general.

La percepción de ser el “bicho raro”, apuntan las familias, se fomenta con esta dinámica. Así lo piensa Alicia, mamá de una niña de 9 años con TEA, que ya ha pasado por dos colegios distintos: “Mi hija quiere estar en el aula de referencia y no puede porque no tiene las adaptaciones que necesita ahí. Si los tuviera, no sería la rara a la que sacan, sino que estaría integrada y favorecería sus relaciones sociales”.

“Yo he llorado más por la escolarización de mi hija que por el diagnóstico. Siempre te dicen que le van a dar todo el apoyo que necesita y tú te lo crees, pero la realidad es que cuando falta su integrador no puede ir a las excursiones que va el resto”, lamenta. La circunstancia ha provocado que la pequeña tenga que tomar antidepresivos para ir a la escuela. Además, dentro de poco volverá a cambiarse de centro con la esperanza de encontrarse mejor.

Aunque la FAPA valora positivamente que hace ya más de 20 años se abrieran estos proyectos, asi como la labor y la vocación de los profesionales que lo hicieron (y hacen) posible, la organización reclama a la Consejería de Educación una evolución profunda de su implementación.

El Gobierno de Ayuso, lejos de mostrar interés en mejorar nada, ha aprobado recientemente una resolución que se limita a dar respaldo a la forma en la que ya se viene operando en los centros. La circular permite ampliar el número de niños de los que cada aula puede hacerse cargo (de cinco a siete), sin aumentar el número de profesionales que les atenderán. La decisión de Educación ha provocado que centenares de familias afectadas y docentes salieran a la calle a protestar esta semana.

Si bien la nota asegura que “en ningún caso habrá más de cinco alumnos y alumnas de manera simultánea en el aula especializada”, los profesores avisan de que una subida de la ratio en esa atención que se presupone individualizada, que requeriría el acompañamiento uno a uno en sus respectivas aulas, puede entorpecer todavía más el desarrollo de los estudiantes.