De ayudar a migrantes a afrontar 25 años de cárcel: la criminalización de las ONG en el Mediterráneo se consolida en la UE

"Me detuvieron porque cada noche, en la orilla, daba agua y mantas a los refugiados que llegaban". Es el testimonio de Sarah Mardini, la nadadora reconvertida en ayudante humanitaria en la isla griega de Lesbos. Su figura ha redoblado su fama internacional tras inspirar la película Las Nadadoras, dirigida por Sally El Hosaini. Mardini ha sobrevivido a la guerra y a una travesía casi mortal a través del Mediterráneo. Pero es ahora cuando su salud mental está llegando al límite. Grecia le acusa, junto a otros 23 compañeros, de espionaje, tráfico de personas y pertenencia a organización criminal. Podría pasar los próximos 25 años entre rejas. La ONU ya ha pedido que se cancele el proceso judicial que ha comenzado esta semana contra ellos. 

Mardini denuncia que "salvar vidas se ha convertido en un crimen". El juicio en marcha contra la veintena de miembros de la ONG Centro de Respuesta Internacional a la Emergencia (ERCI), que ayuda al rescate de migrantes, ha generado una ola de conmoción e indignación en muchos rincones del globo. "Los procesos en Grecia parecen un show que tiene por objetivo intimidar a ONG y activistas. Desafortunadamente, es otro ejemplo de la tendencia hacia la represión y la criminalización de personas y organizaciones que apoyan a los refugiados por parte de las autoridades", denuncia Catherine Woolard, directora del Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (ECRE, por sus siglas en inglés), en conversación con Público.

En Bruselas, el discurso que centra el drama migratorio en el papel de los traficantes, impulsado por la extrema derecha desde la crisis de refugiados de 2015, ha ido ganando adeptos en los últimos años. La Comisión Europea presentó en 2021 una propuesta para reformar la política de asilo. Una política ausente en los últimos ocho años debido a las diferencias insalvables entre los Estados del sur y del este para construir una hoja de ruta sólida que equilibre los principios de solidaridad y responsabilidad entre socios. La Presidencia sueca del Consejo ya asume que no será capaz de deshacer el nudo y la patata caliente pasará a la española, que arranca el próximo 1 de julio. La propuesta sobre la mesa hace hincapié en el control fronterizo y el retorno de personas que no cumplen los requisitos para la protección internacional y aboga por un nuevo código de conductas sobre las ONG de rescate.

En un informe fichado en julio del año pasado, el Parlamento Europeo califica el juicio que se desarrolla en Lesbos como "el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa". "La criminalización debería verse como un retroceso contra la sociedad civil, que ocupa el espacio y el trabajo que los Estados no están haciendo", prosigue Woolard. El documento destaca que este cerco a las ONG se traduce en presión financiera y daño en su imagen, así como expone a sus voluntarios ante un riesgo que en muchas ocasiones concluye con el fin de los trabajos de rescate.

El informe Del mar a la cárcel llevado a cabo por ARCI Porco Rosso y Borderline-Europe recoge que alrededor de 350 personas fueron detenidas en 2022 tras la llegada de personas migrantes a las costas italianas. Una tendencia y una criminalización que se ha intensificado tras la entrada del Ejecutivo liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni. Durante el año que acabamos de dejar atrás, unas 85.000 personas alcanzaron suelo transalpino a través del Mediterráneo, lo que supone que uno de cada 300 fue arrestado. "Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que ignora el Estado de Derecho en Europa, ya que se caracteriza por irregularidades de procedimiento y un uso indebido de consideraciones de seguridad nacional. La represión de la sociedad civil que desempeña su necesario papel de oposición y vigilancia es antidemocrática", denuncia la directora de ECRE.

El cierre de puertos, las semanas con barcos con refugiados a bordo a la deriva esperando la autorización para atracar, la paralización de estos buques o la detención de sus tripulantes se ha convertido en una máxima en los puertos europeos durante los últimos años. Pero no solo los países en primera línea han endurecido sus discursos y políticas migratorias. Alemania o Países Bajos han impuesto condiciones más severas sobre los barcos de rescate.

Más persecución, más pérdida de vidas

Huyendo de la escalada de la guerra en Siria, Mardini hizo la travesía desde Turquía hasta Grecia en el verano de 2015 en una embarcación de goma con 20 personas. Y preparada para siete. Cuando estaban a punto de naufragar, Sarah y su hermana Yusra, ambas nadadoras profesionales, se echaron al mar. Empujaron la lancha durante tres horas y media. Y finalmente todos tocaron tierra firme sanos. Una suerte que no han corrido las más de 20.000 personas engullidas por el Mediterráneo en los últimos años.

Tres años después, Sarah regresó a Lesbos para asistir a las personas que, como ella, llegaban sin ninguna maleta pero con mucho miedo e incertidumbre a un destino incierto. La Policía helena la detuvo poco después acusándola de los delitos de espionaje y de tráfico de personas. Pasó cien días en prisión. Ahora comienza un juicio por estos cargos, que Naciones Unidas ha pedido cancelar. "Salvar vidas y prestar ayuda humanitaria nunca debe ser objeto de criminalización o persecución", ha expresado Elizabeth Throssell, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

La ONG Fenix, que asiste a los acusados en materia legal, ha anunciado que el procedimiento para los imputados extranjeros ha quedado anulado por motivos relacionados con la traducción de documentos así como la convocatoria a juicio por la "vaguedad" en las acusaciones de espionaje. "El juicio es una cuestión de vida o muerte, ya que la criminalización de los trabajadores humanitarios se traducirá en pérdidas de vida para los solicitantes de asilo", advierten.