La AVT se une a Covite: cree que el traslado de los dos presos de ETA "cumple con los requisitos establecidos por la ley"

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no cuestiona el traslado de los dos etarras del comando Vizcaya asegura que la asociación estará "vigilante" ante los movimientos que puedan darse en las próximas semanas o meses.para cumplir el tercer grado en la cárcel de Basauri (Vizcaya), aunque cree que es una "cortina de humo" para futuras "cesiones".

El consejero de la AVT, Miguel Folguera, ha apuntado que el traslado de los dos presos "cumple con los requisitos establecidos por la ley", pero asegura que la asociación estará "vigilante" ante los movimientos que puedan darse en las próximas semanas o meses.

Tras recordar que la asociación de víctimas está en contra "de cualquier tipo de acercamiento", ha reconocido que se trata de un caso "muy particular", por lo que, a su juicio, no se enmarcaría en el listado de "cesiones" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha podido acordar con el PNV a cambio de su apoyo en la investidura. Pero, ha insistido, estarán "con el ojo puesto" en los movimientos que puedan darse en los próximos meses en relación al acercamiento de presos etarras.

Folguera han recordado que el traslado a la prisión de Basauri se trata de una decisión tomada de acuerdo con la junta de tratamiento del centro penitenciario de Asturias, donde estaban recluidos los dos etarras. "No tienen delitos de sangre, han colaborado con la Justicia o se han arrepentido por los delitos cometidos", ha señalado también.

Instituciones Penitenciarias confirmó el pasado miércoles que los dos reclusos cumplirán su tercer grado en Basauri y negó que se tratara del primer acercamiento o traslado de presos etarras al País Vasco.

Los dos cumplen los requisitos legales para acceder al tercer grado: han superado tres cuartas partes de la condena, han abonado la responsabilidad civil, han pedido perdón a las víctimas, se han desvinculado de la banda terrorista, han renunciado expresamente a la violencia y han mostrado su disposición a colaborar con las autoridades.

Moreno fue condenado en 2002 por la Audiencia Nacional a 74 años de prisión y Olga Sanz a 71 años por los delitos de pertenencia a banda armada, asesinato en grado de tentativa, conspiración para el asesinato y estragos, entre otros.