Así se gestó la huelga de alquileres contra el fondo buitre Azora: "No pararemos hasta que dejen de jugar al Monopoly"

"Llegamos pagando sobre 750 euros; ahora nos piden más de 1.000. Las compañeras nos avisaron cuando firmamos el contrato, nos dijeron que tuviéramos cuidado, porque nos empezarían a cobrar entre 200 y 300 euros más al tercer año, por cuestiones como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o los gastos de comunidad. Esto no está permitido; los precios sólo pueden subir, durante los siete primeros años, tanto como el IPC". Rodrigo Sainz vive desde 2021 en uno de los diez bloques que la sociedad Nestar –propiedad del fondo Azora– tiene en la Comunidad de Madrid. Los 100 vecinos de su edificio, en Martin Muñoz, 7 (Villa de Vallecas), han empezado hace dos meses una huelga de alquileres que mantendrán, dicen, "hasta que la empresa deje de jugar al Monopoly". 

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha presentado este jueves la primera denuncia colectiva contra la compañía por las "ocho cláusulas abusivas" que incluyen los contratos. Los vecinos, obligados a soportar subidas de hasta el 30% en el arrendamiento, llevan desde septiembre pagando únicamente el precio acordado en el momento de la entrada y las actualizaciones legalmente exigibles. La jurisprudencia juega a su favor: una sentencia del Sindicat de Llogateres contra el mismo fondo buitre –antes registrado como Lazora– reconoce su ilegalidad. Las 29 familias que firman la denuncia subrayan la importancia de la "organización vecinal" y confían en llegar a un acuerdo con la sociedad inmobiliaria para renegociar las tarifas. 

Nestar tiene más de 8.000 viviendas en todo el país; es el tercer mayor casero de España. La empresa impuso a todos sus inquilinos una serie de cláusulas abusivas, que entran en vigor al tercer año de contrato. "Los vecinos sabían desde hace meses que los precios que pagaban eran desproporcionados, pero no se atrevían a actuar porque tampoco identificaban el problema como algo colectivo, tenían miedo a las represalias. Ni la denuncia ni la huelga hubieran sido posibles sin una coordinación colectiva", insisten desde el Sindicato. El fondo buitre cambió de nombre poco después de recibir el primer varapalo de la Justicia; la primera sentencia favorable a los inquilinos.

"Lo que tiene de novedoso este caso es que los 29 demandantes de Martin Muñoz se suman a los 12 de Corral de Almaguer –también en Villa de Vallecas–. Es una denuncia colectiva contra el seguro de impago, las bonificaciones del IBI y los gastos de comunidad, además de otras cinco cláusulas penales. Los vecinos también tienen la condición de consumidores; no sólo los ampara la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), también la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios", señala Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Nestar no ha respondido las llamadas de Público antes de la publicación de esta noticia. 

El seguro de impago, 40.000 euros de pérdidas

La compañía "vende" el seguro de impago como una "garantía adicional" para los inquilinos, pero cuando vencen los contratos, nunca lo devuelve. Los vecinos critican que, por si fuera poco, Nestar "impone la empresa" con la que realizar este trámite. El importe se suele abonar en un único pago que ronda los 500 euros anuales. El Sindicato de Inquilinas calcula que un total de 900 familias de diez bloques de Parla, Móstoles, Pinto, Villaverde, Carabanchel y Vallecas, todos ellos propiedad del mismo gran tenedor, llevan desde junio sin pagar este seguro. Los Juzgados de Parla también se pronunciaron a favor de los inquilinos, certificando que la empresa no puede cobrar un servicio que ha contratado deliberadamente y para cubrir sus propias necesidades.

Las cláusulas que incorporan al alquiler cuotas en concepto de IBI o gastos de comunidad, "que siempre deberían estar a cargo de la entidad propietaria", también tienen truco. "Estos pagos son legales; pero no en los términos que plantea el fondo buitre. Nestar vende estas cuotas como una oferta, dice que las bonifica durante los tres primeros años, pero de facto suponen un incremento del 30% de la renta. Es una cláusula ficcionada, no existe una oferta como tal; las condiciones son las mismas para todos los inquilinos. El objetivo es subir los alquileres de tal manera que los vecinos no puedan asumirlos", explica a Público Víctor Palomo. 

La organización de los vecinos, clave

Rodrigo Sainz reconoce que "este tema tiene solera". El edificio en el que vive junto a su pareja y otras dos compañeras era de titularidad pública y fue vendido "por cuatro perras" a la sociedad Nestar. "La gente que pagaba un alquiler social con opción a compra ha perdido esa opción", recuerda el inquilino. La Comunidad de Madrid estaba por aquel entonces en manos de Esperanza Aguirre. Los dos bloques afectados en Pinto y Parla también formaban parte del parque de vivienda pública, pero su gestión ha sido cedida al sector privado por los propios ayuntamientos.

"La organización ha sido difícil, porque cada cierto tiempo llegan vecinos nuevos y muchos sólo duran uno o dos años aquí. Nos empezamos a reunir en septiembre del año pasado y presentamos una reclamación extrajudicial, para pedir el fin de las cláusulas abusivas y que los propietarios se hicieran cargo de los desperfectos de cada piso. La empresa no nos hizo ni caso; contactamos con el sindicato y tras varias reuniones, pusimos en marcha la huelga y la demanda. El proceso ha sido largo, muchas tardes de ir puerta por puerta y coordinar las acciones, si no, hubiera sido imposible", señala Rodrigo Sainz. Los vecinos del bloque aseguran que llevan sufriendo problemas con la caldera y los suministros desde que "declararon la guerra" al fondo buitre.

Nestar los ha amenazado con incluirlos en un fichero de morosos e incluso desahuciarlos. "La denuncia nos ampara en este sentido. Lo que estamos haciendo es poner en duda que nos puedan cobrar ciertas cláusulas; pero seguimos pagando el alquiler que consideramos que es legítimo. El hecho de que sea una acción colectiva nos da cierta seguridad", subrayan los vecinos. El Sindicato de Inquilinas espera que la empresa se siente a negociar y pone el foco en el alcance de los abusos inmobiliarios: "Esto lo hacen muchos fondos de inversión. Nestar es el que tiene la sentencia más evidente, pero existen más casos y vamos a seguir apoyando a las clases trabajadoras en su pelea".