El Gobierno de Aragón ha decidido poner coto a las apuestas y los amaños en el mundo del deporte, una actividad tan formalmente clandestina como realmente existente que evoca aquella otra en torno a los naipes del mítico "Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!" del capitán Renault en Casablanca.

El cuatripartito que preside Javier Lambán ha enviado a las Cortes de Aragón un proyecto de reforma de la Ley del Juego autonómica en el que asigna multas de 60.000 a 600.000 euros para los deportistas, entrenadores y directivos que realicen apuestas sobre las competiciones en las que participan y para quienes intervengan en amaños de resultados relacionados con los envites.

Así, la nueva redacción del artículo 31 prohíbe "participar, directa o indirectamente, en las apuestas" a los "deportistas, sus agentes, entrenadoras y entrenadores, juezas y jueces, árbitras y árbitros", a los "directivos de las entidades deportivas que participen u organicen el acontecimiento o actividad deportiva" y, también, a quienes "participen en los recursos contra las decisiones de aquellos o cualquier otra persona que pueda tener interés personal directo", participe "directamente" en el evento objeto de apuesta o "pueda influir en su resultado".

Y, paralelamente, la nueva normativa incluye como infracciones muy graves, castigadas con multas de 60.000 a 600.000 euros, la "participación en el juego como personas jugadoras" de todos ellos tanto si lo hacen "directamente o mediante persona interpuesta", a lo que se añade, en el caso de las empresas que gestionan las apuestas, permitir esa intervención o no identificarlos y registrar su acceso en el Libro de Visitantes cuando acceden a los locales.

Junto con eso, la nueva ley del juego impondrá sanciones situadas en esa misma horquilla a quienes participen en "la manipulación o alteración" de "las competiciones sobre las que se basen las apuestas (…) tendentes a alterar los resultados" y/o la distribución y el importe de premios.

Una normativa estatal tendente a la nada

La nueva normativa sobre el juego en Aragón, que para salir adelante solo requiere el apoyo de los cuatro partidos que integran el Gobierno de Javier Lambán, que son los que respaldan el texto inicial, supondrá un endurecimiento de la estatal, cuya aplicación se quedaba, en la práctica, en nada.

La Ley del Juego estatal prohíbe formalmente participar en apuestas, "desde un punto de vista subjetivo", a "los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva" sobre la que se centra el envite, a "los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras" y "los jueces o árbitros que ejerzan sus funciones" en él.

Esa regulación tiene como objetivo, según la Dirección General de Ordenación del Juego, "garantizar la limpieza de las apuestas" al impedir que participen en ellas "quienes, debido a su actividad, se encuentran en una situación de privilegio respecto al resto de participantes"; entre otras cosas, por "poder influir en el resultado".

Sin embargo, la ley estatal tipifica como infracción leve saltarse esa prohibición, situación ante la que la Comisión Nacional del Juego puede optar entre imponer una multa de hasta 100.000 euros o simplemente dirigir un "apercibimiento por escrito" al infractor.

Mientras tanto, las empresas que les permiten apostar se enfrentan al cierre de la actividad "por un plazo máximo de hasta seis meses" junto con una sanción económica de hasta un millón de euros, aunque eso solo ocurriría "siempre que la entidad explotadora de juegos conozca o deba conocer la concurrencia de tales prohibiciones", lo cual rebaja bastante la eventualidad de que el castigo pueda llegar a producirse.

Antecedentes de apuestas y amaños

Aragón es uno de los territorios en los que, con permiso de la condena al expresidente del Rácing de Santander Ángel Lavín por intentar comprar un partido al Girona y de las pesquisas abiertas hace en el fútbol regional extremeño, mayor entidad alcanzan las sospechas en torno a las participación de deportistas y directivos en apuestas sobre encuentros de las competiciones en las que participan sus equipos y, también, acerca de la eventual existencia de amaños.

De hecho, ambos conceptos se entremezclan en una de las líneas del llamado caso Oikos, en el que un juzgado de Huesca investiga a varios exresponsables, exjugadores y exempleados del equipo de fútbol de esa ciudad, entre ellos el expresidente Agustín Lasaosa, sospechosos de haberse lucrado apostando a resultados amañados.

La otra empresa de fútbol profesional de la comunidad, el Real Zaragoza, pasó varios años imputado como persona jurídica junto con una veintena de exjugadores y exejecutivos por el presunto amaño de un partido con el Levante en 2011 cuya existencia, que comenzó a ser investigada tras informar del supuesto acuerdo uno de los implicados al presidente de la Liga, Javier Tebas, han acabado descartando los tribunales.

El partido en cuestión se había disputado apenas dos años después de que uno de los porteros del equipo zaragozano apareciera en la lista de siete futbolistas a los que la Federación había expedientado ante las sospechas de que hubieran podido participar en apuestas ilegales.

La comida barata no podrá usarse como reclamo

La reforma legal, cuyo "objetivo primordial" consiste en "compatibilizar la actividad de juego con un adecuado nivel de protección de los colectivos más vulnerables", señala que esa actividad, "por sus riesgos intrínsecos, debe abordarse no sólo como una mera actividad económica, sometida a un régimen de policía administrativa", sino que "corresponde a los poderes públicos abordar sus repercusiones sociales, mediante acciones de prevención de conductas adictivas, como son la ludopatía o el juego patológico".

No es para menos, cuando un estudio de la Universidad de Zaragoza elaborado a instancias del Justicia de Aragón, el equivalente autonómico del Defensor del Pueblo, hizo saltar las alarmas al situar en el 18,9% la tasa de muchachos de 14 a 18 años que juega presencialmente en la comunidad, pese a tener prohibido el acceso a los locales, y en un 9,4% la de quienes lo hacen online.

El proyecto de reforma incluye otras medidas como vetar la apertura de nuevas casas de apuestas y locales de juego a menos de 300 metros de distancia de escuelas e institutos, centros de FP y establecimientos de formación, ocio y tiempo libre para menores; prohibir las actividades de captación y fidelización de clientes mediante bonos y rebajas, así como el uso de reclamos como servir "comidas y bebidas de manera generalizada e indiscriminada gratuitas o a precio inferior al de mercado", y, también, la obligación de llevar un libro de control de usuarios.

El texto, por último, modifica la normativa autonómica sobre publicidad del juego tras el enfrentamiento con el Gobierno central, partidario de relajarla por afectar a sus competencias sobre las ciberapuestas: el veto inicial a los anuncios en cualquier estadio y pabellón, incluida la equipación de los participantes, queda reducido a los "acontecimientos o competiciones de ámbito local, provincial o autonómico aragonés cuya participación esté restringida en exclusiva a menores de edad".