Era octubre de 2016 cuando diferentes colectivos sociales se atrevieron a "expropiar" una oficina bancaria. En la esquina de la calle Embajadores con Huerta del Bayo, en pleno corazón de Lavapiés (Madrid), una sucursal de la extinta Bankia llevaba vacía desde 2014. Los activistas bautizaron el nuevo centro social como "Banco Expropiado La Canica", y desde entonces ha sido la sede de asambleas de numerosos movimientos sociales madrileños, entre ellos, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y otros colectivos por el derecho a la vivienda.

Solo dos años antes de esta okupación, el Estado tuvo que nacionalizar Bankia ante su quiebra tras una nefasta gestión, un rescate con dinero público que generó un agujero al Estado de decenas de miles de millones que seguramente no se recupere nunca. Sin embargo, CaixaBank, tras la absorción de Bankia por La Caixa, lleva tiempo tratando recuperar este local que ha resistido a diferentes intentos de desalojo y otros procesos judiciales por un delito de usurpación.

Este viernes estaba previsto el desalojo y, con él, la desaparición de otro centro social en un Lavapiés arrasado por la gentrificación y auge de los pisos de alquiler turístico. Los diferentes colectivos que gestionan el inmueble habían hecho un llamamiento a una concentración para frenarlo, aunque este jueves han desconvocado la acción. Según informa Somos Lavapiés citando fuentes de CaixaBank, habrían llegado a un acuerdo con los activistas para que el desalojo se produzca el próximo febrero sin incidentes.

Los colectivos consultados por Público solo confirman la desconvocatoria de la protesta tras conseguir un aplazamiento, y recuerdan que La Canica es un espacio de confluencia no solo de activistas por la vivienda, sino un foco de economía colaborativa y solidaria del barrio. En este "banco expropiado" se ha tejido una red de intercambio, se ha consolidado como punto de reparto de productos de proximidad para distintos grupos de consumo, ha sido sala de cine y también un símbolo de resistencia.

"Para el movimiento por la vivienda, La Canica es especial. En esa sucursal de Bankia, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llevó a cabo infinitas acciones, allí se consiguió parar desahucios y se negociaron numerosos alquileres sociales para familias al borde del acabar en la calle. Se consiguieron tantas cosas que los directores de esta oficina fueron trasladados y durante su último año funcionó sin dirección ante el alto número de conflictos que la cercaban", recuerdan a Público estos colectivos. "Pasó de ser un banco que estafaba y desahuciaba a ser un banco expropiado que hacia justo lo contrario, crear redes entre diferentes proyectos de economía social. La Canica llegó a crear su propia moneda para sus redes de economía alternativa", añaden.

Protesta en la sede de CaixaBank

El pasado miércoles, más de un centenar de personas se concentraron en la sede central de CaixaBank, en la Plaza de Colón de Madrid, para exigir la paralización de este desalojo y de un desahucio en un bloque de Vallecas ocupado por la PAH que aloja a personas vulnerables desde hace una década y que fue propiedad de CaixaBank. Los activistas denunciaron que el banco se había negado hasta el momento a negociar directamente con las asambleas y colectivos por la vivienda de Madrid, a pesar de ser una de las entidades que más desahucios intenta realizar en la ciudad. 

"Ahora CaixaBank es el propietario. Uno de los mayores tenedores de viviendas de la Comunidad de Madrid, que sigue especulando mientras se da un lavado de cara como actor social en la lucha contera la pobreza infantil y otras causas sociales", apuntan los activistas. No es solo el desalojo de La Canica. Los diferentes colectivos por la vivienda de Madrid cifran en 53 los conflictos abiertos con este banco, que según ellos, se niega a dar soluciones conjuntas para  y solo se abre a negociar algunos casos concretos.

Para los activistas, este banco expropiado "simboliza que los vecinos de los barrios nos enfrentamos a estos grandes bancos quitándoles espacios", aseguran. No ha sido sencillo el camino recorrido hasta ahora. Desde la "expropiación" de 2016, los colectivos y activistas que han dado vida a esta oficina cerrada se han enfrentado a dos procesos judiciales tras la denuncia de Bankia. Ambos acabaron archivados. El primero, meses después de la okupación, porque no se identificó a nadie.

La última vez, en 2018, la entidad financiera acusó por supuesta usurpación a uno de los activistas, en teoría, identificado años después por la Policía Municipal de Madrid. El juez lo acabó absolviendo por falta de acusación formal, ya que la representante de Bankia no contaba con poderes para representar a la entidad.