Una mujer anónima, con su marido anónimo y su hija anónima. Una vida que consistía en ir a trabajar, tomar algo con los amigos y hablar de temas que no siempre te afectan de manera directa y descarnada. Sin embargo, las cosas pueden cambiar mucho, pero mucho, en muy poco tiempo. Edurne Goikoetxea ya no es aquella mujer de vida tranquila y normal que pasaba desapercibida. “Cuando voy por la calle, gente que antes apenas me decía ‘hola’ me pregunta qué tal va todo”. El “todo” es la suerte de su hija y de otros diez chavales que podrían pasar varios años en la cárcel por una pelea de bar. O mejor dicho, por la pelea de bar más mediática de la historia de España. Y su pueblo, evidentemente, se llama Altsasu.

Este domingo se cumple un año de aquella madrugada que lo cambió todo. Sobre las cinco de la mañana, dos guardias civiles de paisano acompañados por sus respectivas parejas se vieron involucrados en una reyerta nocturna en un bar de esta localidad. ¿Qué ocurrió realmente? Las versiones fueron, desde un inicio, contradictorias. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que los dos agentes de la Benemérita fueron atendidos por hematomas leves. De acuerdo a los informes médicos, la lesión más grave fue un tobillo roto.

No era la primera vez que miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) se veían inmersos en una trifulca de estas características durante su tiempo libre. Alcanza con repasar la hemeroteca para conocer casos similares en otras zonas del Estado, donde las cosas se saldaron con multas o penas menores. A nadie, jamás, se le ocurrió acusar a los involucrados en esas peleas de formar parte de una organización terrorista.

Sin embargo, en Altsasu aparecieron los fantasmas que habían acompañado durante varias décadas a la sociedad vasca. Unos fantasmas que habían permitido –o justificado- el cierre de periódicos, las detenciones de periodistas o incluso las torturas contra personas detenidas por presunta vinculación con grupos terroristas. Cuando había que encontrar una explicación a casos de ese tipo, medios, jueces y cargos públicos respondían con tres letras que lo justificaban todo: ETA. El periodista detenido era ETA. El diario cerrado también. Y el que denunciara torturas, lo hacía siguiendo un supuesto manual que nunca nadie vio pero que los sucesivos ministros de Interior han citado para descartar –sin investigar- esas acusaciones de malos tratos en comisaría.

La “turba” de ETA

Pocas horas después de aquella pelea en el bar Koska de Altsasu aparecieron las primeras cámaras. Luego vendrían más. Muchas más. Varios medios de prensa estatales empezaron a hacer circular la versión de una “turba” que por poco había intentado descuartizar a los guardias civiles. El número de participantes en la reyerta fue bajando con el paso de los días, hasta que la turba dejó de serlo y se convirtió en un grupo de presuntos terroristas juveniles que seguían las consignas de un movimiento antimilitarista (Ospa) que, a su vez, obedecía ciegamente las órdenes dadas desde algún lugar del monte por un grupo terrorista (ETA). En resumen, los que se habían pegado a las cinco de la mañana con los dos agentes de paisano no eran chavales normales en pleno furor de la madrugada, sino un comando navarro que buscaba la expulsión de la Benemérita de esta tierra porque ETA así lo había decretado.

Entonces apareció en escena COVITE, un colectivo de víctimas del terrorismo que rechaza tajantemente cualquier tipo de reconciliación con aquellos que han defendido las teorías de la izquierda abertzale. A pesar del cambio político producido en Euskal Herria, donde ETA ya es una organización desarmada en vías de extinción y Sortu (antigua Batasuna) es un partido político apegado a las normas más básicas de la democracia, el grupo de víctimas que dirige Consuelo Ordoñez (hermana del dirigente del PP Gregorio Ordoñez, asesinado por ETA en enero de 1995) no termina de fiarse y se mantiene firme en sus reclamos.

En ese contexto, COVITE se personó en la Audiencia Nacional como acusación popular contra los vecinos de Altsasu que presuntamente habían participado en la pelea nocturna, mientras que la jueza Carmen Lamela –hoy encargada de tramitar las denuncias de “sedición” contra el jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y los presidentes de la ANC y de Omnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart respectivamente- se encargó de abrir un expediente con sus nombres. ¿Resultado? Un año después, once jóvenes se encuentran a la espera de ser juzgados por “terrorismo”. Tres de ellos llevan presos desde noviembre de 2016, mientras que el resto aguarda en casa.

Si las acusaciones de la Fiscalía y de COVITE prosperan, la mayoría de los acusados podría pasar buena parte de su vida en prisión. Las peticiones del ministerio público suman 350 años de cárcel, todo ello bajo el paraguas de la legislación antiterrorista. Ese modo de entender lo ocurrido hace un año en Altsasu no es compartido por la Audiencia de Navarra, que hace algunos meses intentó sin éxito que el caso fuese devuelto a un juzgado de Pamplona. De esa manera, los imputados no habrían enfrentado acusaciones de “terrorismo”, pero el Tribunal Supremo rechazó ese cambio de sede judicial y ordenó que el caso continuase discurriendo por las salas de la Audiencia Nacional.

Familiares de los detenidos en Altsasu en el Parlamento de Navarra.

De la “rabia” al “orgullo”

“Están haciendo una demostración de fuerza, y me temo que no piensan aflojar”, comenta Edurne Goikoetxea a Público. Cada vez que esta mujer entra al bar, a la panadería o a la farmacia, siempre hay alguien que le pregunta “qué tal van las cosas”. Ella, que hasta hace un tiempo era una mujer anónima y hoy es la madre de una de las acusadas, no deja de sorprenderse ante la solidaridad que recibe por parte de sus vecinos. “¿Sabe qué pasa? Pues que todo esto ha despertado la rabia, pero también la dignidad y el orgullo de nuestro pueblo. Hoy todos somos una familia”, reflexiona.

Cada vez que un micrófono se pone delante, Goikoetxea –que suele ejercer de portavoz del grupo de madres y padres- repite que el caso Altsasu “no es terrorismo”. Lo mismo viene haciendo, aunque en formato judicial, la abogada Amaia Izko, una de las responsables de defender a los jóvenes imputados. Hasta ahora, todos sus recursos para tratar de conseguir la libertad de los tres detenidos –quienes se encuentran en régimen FIES y dispersados en distintas cárceles ubicadas a no menos de 400 kilómetros de su localidad- fueron rechazados.

A su criterio, “aquí se constata lo peligroso que resulta permitir que determinadas asociaciones que representan a algunas víctimas de ETA pero que también responden claramente a posiciones de extrema derecha, marquen la agenda política y judicial, hasta el punto de que se les ha permitido convertir por su santa voluntad en terrorismo lo que no lo era ni para el juzgado de Iruñea, ni para la Policía Foral, ni para la Guardia Civil ni, por supuesto, para la sociedad navarra”. La letrada se refiere así a los informes iniciales que descartaban que la pelea hubiese formado parte de una estrategia marcada por algún grupo determinado. Unos informes que, a la postre, fueron obviados o modificados para facilitar que la pelea pasara a rotularse como un acto “terrorista”.

Izko y Goikoetxea coinciden en señalar que el “Todo es ETA” forma parte de esta historia. “Esas teoría les valió durante muchos años, pero hoy les pilla con el pie cambiado: mucha gente se pregunta ahora cuántas veces habrán usado el término “terrorista” en un sentido demasiado amplio”, apunta la madre de una de las acusadas. Su abogada recuerda que el “Todo es ETA” fue “entendido de algún modo por la sociedad vasca y por ciertos sectores del Estado español como ‘necesario’ para la lucha antiterrorista”. “Aquello generó una situación peligrosa –apunta Izko-, tal como estamos viendo en este caso”. “Del binomio ‘sacrificio de derechos-lucha contra ETA’ ya solo queda el sacrificio de derechos”, recordó.

Mientras tanto, en Altsasu ultimaban detalles para los actos que servirán para recordar –y denunciar- este primer aniversario. Entre otras cosas, sus vecinas y vecinos prepararán postales que serán enviadas a los tres jóvenes que siguen encarcelados, esperando un juicio y una condena que, según temen en este pueblo, podría ya estar escrita.