El informe anual de Amnistía Internacional que evalúa la situación de los derechos humanos en 160 países en el mundo ha vuelto a señalar a España por su “tendencia de recorte de libertades y derechos”. En un repaso a lo acontecido durante 2015 en nuestro país, la ONG centra sus denuncias en la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal (ambas entraron en vigor el año pasado) y llama la atención sobre lo “desproporcionado” de algunos de los cambios legislativos introducidos, sobre todo en materia antiterrorista.

“La definición de terrorismo [que se modificó en la última reforma del Código Penal] es tan vaga que hasta el Relator Especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión alertaba de que estas modificaciones podían penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo y restringir desproporcionadamente el legítimo derecho de la libertad de expresión”, dice Amnistía Internacional.

La denuncia llega después de una proliferación de casos por delitos de enaltecimiento del terrorismo, algunos de ellos por el contenido de comentarios en Twitter o dentro del contexto de representaciones artísticas. Sólo en 2015, la Audiencia Nacional emitió 25 sentencias por enaltecimiento del terrorismo, una cifra sorprendentemente alta, sobre todo si se tienen en cuenta las de años anteriores: 14 sentencias en 2014, 15 sentencias en 2013 o apenas 5 sentencias en 2011, año en que ETA dejó las armas. De las 25 sentencias emitidas, una amplia mayoría (19) terminaron en condena con penas de cárcel.

“Lo que ha pasado con los titiriteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero, acusados de enaltecimiento del terrorismo por el contenido de su espectáculo, es un ejemplo de cómo la amplia definición de terrorismo puede suponer un límite desproporcionado al derecho a la libertad de expresión”, ha dicho el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

En conversación con Público, Beltrán ha reconocido que el asunto es tan llamativo que la organización ha comenzado una investigación por separado para examinar estos casos y definir si se ajustan a las doctrinas internacionales en materia de libertad de expresión, aunque por el momento prefieren no pronunciarse sobre el perfil de los encausados o el posible sesgo ideológico en la aplicación de la normativa.

En este apartado, la ONG critica también la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no eliminó la detención en régimen de incomunicación, pese a que varios organismos internacionales advirtieron de que incumplía las obligaciones internacionales de España.

Inmigración, refugiados y violencia machista

El informe que la organización hace sobre nuestro país también pone el acento, un año más, en la vulneración de los derechos de los inmigrantes. Amnistía denuncia la legalización de las “expulsiones automáticas y colectivas”, el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la Guardia Civil y el archivo de varios casos “pese a existir pruebas en vídeo” de los malos tratos. La ONG llama además la atención sobre la falta de cumplimiento del compromiso español en la acogida de refugiados: “En el marco del régimen europeo de reubicación, España aceptó reubicar a 14.931 solicitantes de asilo antes del final de 2016; en 2015 sólo ofreció 130 plazas de reasentamiento”, dice el informe.

En materia de violencia contra las mujeres, Amnistía subraya que España sigue negando reparación a Ángela González Carreño, una víctima de violencia machista cuya ex pareja mató a la hija de ambos y que pese a haber denunciado en ocasiones anteriores, no recibió protección. La ONU instó a España a enjuiciar a los responsables, pero no se ha hecho.

70 años de DDHH, en la cuerda floja

En el plano internacional, la organización advierte de que “la protección de los derechos humanos corre peligro de desmoronarse” por una tendencia “insidiosa y progresiva” de debilitamiento de los derechos humanos, “fruto de la acción deliberada de los gobiernos para atacar, abandonar o no financiar las instituciones creadas para ayudarnos a proteger nuestros derechos”.

“No sólo peligran nuestros derechos, sino también las leyes y el sistema que los protegen. Más de 70 años de duro esfuerzo y avances en materia de derechos humanos están en la cuerda floja”, ha dicho en un comunicado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.

Aunque la vulneración de derechos humanos está presente en la práctica totalidad de los países analizados, la organización internacional destaca como casos más graves los de Angola, Arabia Saudí, Burundi, China, Egipto, Eslovaquia, Estados Unidos, Gambia, Hungría, Israel, Kenia, México, Pakistán, Reino Unido, Rusia, Siria, Tailandia y Venezuela.

En cifras:

-En al menos 113 países se restringió arbitrariamente la libertad de expresión y de prensa
​-Hay mas de 60 millones de personas desplazadas de sus hogares en todo el mundo.
​-Al menos 30 países obligaron ilegalmente apersonas refugiadas a volver a países donde
correrían peligro.
-Los grupos armados cometieron abusos contra los derechos humanos en al menos 36 países.
​-Al menos 156 defensores y defensoras de los derechos humanos murieron en detención
o fueron víctimas de homicidio.
-En al menos 61 países se encarceló a presos y presas de conciencia, personas que no hacían más que ejercer sus derechos y libertades.
-En 122 países o más se infligió tortura u otros malos tratos.
-En al menos 19 países se perpetraron crímenes de guerra u otras violaciones de las "leyes de la guerra".
-Al menos 20 países (al menos cuatro en 2015) ya han aprobado leyes o proyectos de ley que reconocen el matrimonio u otras formas de relación entre personas del mismo sexo.
-En al menos el 55 % de los países hubo juicios injustos. En un juicio injusto no se imparte justicia ni a la persona acusada, ni a la víctima del delito, ni a la sociedad.