Almeida prorroga el contrato a la empresa de Florentino Pérez que gestiona el Samur Social pese al deterioro del servicio

El Samur Social de Madrid ha recibido esta semana una noticia que ha dejado un horizonte bastante desalentador para el servicio. El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha decidido prorrogar el contrato entre el Ayuntamiento y Atende −empresa vinculada al grupo ACS presidido por Florentino Pérez, encargada de su gestión−, a pesar de las crecientes denuncias sobre el deterioro asistencial desde que la compañía asumió el cargo hace ahora dos años.

La resolución ha coincidido con la celebración del 20 aniversario del Samur Social. Un evento que, irónicamente, contrasta con el descontento y la depreciación que sienten sus trabajadores. Los profesionales han advertido de que la renovación "compromete la atención a la población más vulnerable", pero desde el Consistorio no dan su brazo a torcer.

El servicio, esencial para las personas en situación de emergencia social, nació bajo un modelo de gestión mixta. Es decir, la dirección y supervisión del Samur Social es de gestión directa (depende del Ayuntamiento) y la atención se presta a través de la empresa de turno que gana la licitación.

Los trabajadores se han visto incluso obligados a llevarse los uniformes a casa para lavarlos, con los riesgos que implica

Este modelo, la llamada colaboración público-privada o, en otras palabras, la privatización del servicio desde sus inicios, ha sido ampliamente criticado por los trabajadores. Muchos son conscientes de los problemas que conlleva aplicar un enfoque mercantilista a la gestión de servicios públicos esenciales y, de hecho, así lo han sufrido tanto ellos como los ciudadanos a quienes han asistido a lo largo de los años.

"El Ayuntamiento escurre el bulto"

Tal y como recogió Público hace unas semanas, desde el comité de empresa y el comité de huelga del Samur Social no han dejado de denunciar la sobrecarga de trabajo y la falta de personal, que han provocado una disminución significativa de las posibilidades del servicio. Los empleados tienen salarios que no se ajustan a la inflación, han perdido complementos retributivos importantes y sufren una progresiva desprofesionalización que ha resultado en que el personal no siempre esté capacitado para manejar las emergencias de forma óptima, comprometiendo la atención a las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Otra de las denuncias recurrentes tiene que ver con la carencia de recursos básicos: los trabajadores han llegado incluso a llevarse los uniformes a casa para lavarlos, pese a que atienden situaciones que pueden implicar riesgos de salud como la presencia de chinches. Hechos que hace apenas tres meses les llevaron a convocar varias jornadas de movilizaciones y huelgas en forma de protesta. Con todo, el pasado 13 de junio la Junta de Gobierno municipal decidió "autorizar y disponer el gasto plurianual de 8.155.782,24 euros, correspondiente a la prórroga del contrato que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía para la gestión del Samur Social".

"¿Cómo es posible que un servicio de emergencia sea gestionado por una empresa privada?", se pregunta indignado un empleado

¿Por qué se renueva este convenio con una entidad que ha generado tal situación? Desde el el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Gobierno de Almeida responden a Público que "la compañía atendió sus reclamaciones y, en consecuencia, los paros anunciados fueron desconvocados. Por tanto, el servicio continúa prestándose con normalidad y con la profesionalidad que caracteriza a este recurso municipal y a los trabajadores que lo integran".

Los trabajadores, sin embargo, señalan que estas mejoras han sido mínimas y que aún ni siquiera se han implementado por completo. Además, recuerdan al Ayuntamiento que la empresa "incumple constantemente los compromisos adquiridos en los pliegos de contratación y para con la carta de servicios", puntos que "le corresponde supervisar al equipo municipal".

Se refieren a aspectos "fundamentales" como, por ejemplo, el hecho de "no disponer del número de unidades móviles pactadas" porque cuando faltan compañeros, ya sean por bajas o vacaciones, "esos puestos no se cubren". Pero también el "no ajustarse a los tiempos de reparación de las furgonetas en las que se transportan para llegar al lugar donde se necesita la asistencia", el hecho de "no poder acudir en el tiempo de respuesta pensado (un máximo de 40 minutos) por falta de efectivos", que no se lleven a cabo los cursos de formación anual para cada trabajador, la "no aplicación de las mejoras tecnológicas prometidas" o la "no disposición de la cantidad de uniformes acordados por empleado", entre otros.

"Nos empujan cada vez más hacia un sistema basado en la beneficencia y la caridad", denuncia una trabajadora

"¿El convenio se cumple? Sí, pero el problema que tenemos nosotros es que nuestros salarios y condiciones recogidas en ese convenio son de por sí bastante tristes. No comprendo por qué no nos tratan igual que al resto de servicios de emergencias, como los Bomberos o la Policía municipal, y asumen la gestión directa de este servicio. Parece que lo que hace el Ayuntamiento es escurrir el bulto, decir que como no lo han municipalizado otros, ellos tampoco lo harán. ¿Cómo es posible que un servicio de emergencia sea gestionado por una empresa privada?", se pregunta indignado un trabajador que prefiere mantener su nombre oculto, en una conversación con este medio.

"Todo por el Samur Social, pero sin sus trabajadores"

Para otra de sus compañeras, la gota que ha colmado el vaso es "la hipocresía" que, a su juicio, el Gobierno de Almeida ha desplegado durante la celebración del 20 aniversario: "De los 200 invitados, solo 14 eran trabajadores. Lo que muestra cómo realmente no se nos valora. Estamos gobernados como si todo fuera por el pueblo, pero sin el pueblo; por el Samur Social, pero sin escuchar a sus trabajadoras. Nos empujan cada vez más hacia un sistema basado en la beneficencia y la caridad, en lugar de un verdadero trabajo social", ha criticado.

Los trabajadores consideran "intolerable" que mientras hay un presupuesto de 50.000 euros para el concierto de celebración, las instalaciones del servicio estén en "condiciones deplorables". "En nuestro centro, las sillas de ruedas no entran y las personas asistidas tienen prácticamente que reptar para moverse. Somos un servicio de emergencia colapsado por una insuficiencia estructural", lamentan.