Las visitas de los bomberos de la Comunidad de Madrid a las residencias durante los meses de marzo y abril de 2020 dejaron constancia escrita de un caos que todavía resuena. Mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso defiende su gestión, los informes de inspección revelan una verdad ineludible: durante lo peor de la pandemia, los centros de mayores de la región se convirtieron en el epicentro de un infierno silencioso, donde la desesperación −tanto de las trabajadoras como de los residentes− quedó reflejada en unos escritos, que ahora pueden leer miles de familiares que aún claman por justicia. 

Los documentos reflejan una situación límite: "La ayuda no llega", escriben en repetidas ocasiones los agentes. Los cadáveres se acumulaban sin que nadie los recogiera, llegando a estar hasta 80 horas sin ser retirados. Las directoras de los centros, desbordadas, luchaban por mantener el control mientras el personal, contagiado, se encontraba incapaz de manejar la situación. Los residentes deambulaban sin supervisión adecuada, había ausencia de médicos, falta de sectorización de enfermos y una alarmante escasez de oxígeno.

Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha tenido acceso a las actas, pese a las trabas puestas por la Administración autonómica, y ha podido comprobar el abandono que sufrieron miles de mayores, tal y como ha explicado a El País.

Los gritos de desesperación, plasmados en las actas, han revelado una cruda realidad. "¡Necesitan ayuda para discernir si tiene positivos!", versan los informes de inspección. En esos meses, 7.291 residentes fallecieron por diversas causas en estos centros, mientras los hospitales estaban colapsados y los protocolos de la vergüenza, que las autoridades niegan haber aplicado, impidieron el traslado e ingreso de todo aquel que no tenía seguro sanitario privado. 

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 instruyó a los bomberos sobre cómo tratar los cuerpos infectados: actuar con respeto, utilizar doble sudario y desinfectar continuamente. Sin embargo, nada los preparó para la magnitud de lo que encontraron en esos meses. En total, durante 2020, los bomberos tuvieron que recoger 157 cadáveres en estos centros.

Las actas también destacan la falta de efectivos y la inexistente aplicación de protección adecuada. "El personal NO está formado y NO aplica las medidas de protección", escribieron. Su testimonio es un retrato más de aquella tragedia.

Ni verdad, ni justicia

Una situación que también recogieron las actas de la Policía Local de la capital. Algo muy similar ha sido denunciado desde organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras: la prometida medicalización de las residencias nunca se materializó, y miles de vidas se perdieron innecesariamente, expresan.

Asociaciones de familiares como Marea de Residencias y Verdad y Justicia llevan ya más de cuatro años reclamando que se investigue lo ocurrido y se depuren responsabilidades. Hace apenas unos meses una comisión ciudadana, la Comisión por la Verdad, emitió un informe donde también se apuntaba a la responsabilidad del Gobierno de Ayuso en estas muertes. Sin embargo, todavía ningún juzgado ha resuelto sentencia alguna.