En torno al 90% de los trabajadores agrícolas migrantes que viven en asentamientos de chabolas en las provincias de Almería y Huelva tienen enormes dificultades para acceder a un alojamiento mejor y aproximadamente el mismo porcentaje se enfrenta a grandes obstáculos para empadronarse y obtener el certificado municipal que permite disfrutar de servicios públicos y regularizar la situación legal en España. Son dos de las principales conclusiones del Informe Asentamientos 2022 realizado por la federación Andalucía Acoge, con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El informe sobre las consecuencias de la discriminación en estos asentamientos refleja que, aunque una gran parte de la mano de obra extranjera que trabaja en las campañas agrícolas de Huelva y Almería dispone de contrato, alojamiento y acceso a determinados servicios, hay otro grupo de temporeros que carecen en su mayoría de la documentación necesaria para trabajar, que se encuentran sin la posibilidad de acceder a soluciones residenciales adecuadas y se ven forzados a vivir en los asentamientos agrícolas.

"Forman parte de un modelo de negocio de algunas explotaciones agrícolas basado en la explotación de trabajadores y trabajadoras para maximizar los beneficios. Sin ser la mayoría, sí supone un número importante que hace que miles de personas vivan en unas condiciones de semiesclavitud", afirman los autores del estudio.

El informe se ha hecho sobre la base de las entrevistas realizadas entre marzo y noviembre del año pasado a 512 personas que viven en alguno del casi centenar de asentamientos chabolistas que hay entre las dos provincias, próximos en un caso a los invernaderos de la potente agricultura hortofrutícola almeriense y en otro a los cultivos de la fresa y otros frutos rojos que se extienden por un buen número de municipios onubenses.

Las dificultades para acceder a una vivienda digna que sufren estos trabajadores la resume muy bien el testimonio de un temporero de Marruecos, que lleva 44 años con una situación administrativa regularizada en España y trabaja en Almería: "Quiero traer a mi familia y he tenido que alquilar una casa en Vera (a 45 km de donde trabaja). En Vera hay casa, pero no hay trabajo. En San Isidro (Níjar) hay trabajo, pero no casa. (...) El ayuntamiento nos ha dicho que nos van a echar, pero no nos dan ninguna alternativa".

Según el informe elaborado por Andalucía Acoge, el 90,3% de los trabajadores migrantes entrevistados en Huelva y el 91,7 de los de Níjar (Almería) reconocieron tener la "máxima dificultad" para encontrar un alojamiento mejor que las chabolas que habitan, hechas en su mayoría con plásticos, cartones y restos de palés. "Incluso disponiendo de una situación administrativa regular, contrato e ingresos suficientes, se les negaba el alquiler en muchos casos y en algunos de los municipios de Huelva ni siquiera había viviendas en alquiler disponibles", se añade en el documento.

Pagar hasta 600 euros por un padrón

Similares dificultades encuentran estos trabajadores extranjeros para conseguir empadronarse, el 86,5% en Huelva y el 92% en Níjar. Según los autores del estudio, en ambos territorios los ayuntamientos no empadronan a las personas que viven en los asentamientos y si algunos han conseguido empadronarse se debe a dos razones fundamentales: a que residen en otras localidades y se alojan en los asentamientos tan solo durante la campaña agrícola, especialmente en el caso de Huelva, o a que han pagado para que les registren el padrón en una vivienda donde no residen.

En el caso de Almería, se detalla que se pagan de 100 a 600 euros por un empadronamiento en la misma localidad en la que residen o en otra cercana, e incluso se da el caso de quienes consiguen empadronarse en la capital, en Almería, en Albacete, Granada o Murcia, previo pago también a "redes organizadas que se lucran con esta necesidad" y establecen los precios en función de la demanda.

El padrón es un trámite fundamental que permite acreditar la condición de vecino y el acceso al ejercicio y disfrute de los derechos básicos para el bienestar y los servicios municipales. Además, constituye un trámite esencial para la persona extranjera en situación irregular, porque es la que le permite acreditar el tiempo de residencia en España y optar de esa manera a regularizar su situación administrativa por la vía del arraigo. "Pese a ello, el acceso al empadronamiento en los asentamientos es una quimera", se concluye en el informe centrado en Almería.

El acceso al agua potable es otro de los grandes problemas con los que se topan los trabajadores agrícolas migrantes. El 74% de la población de los asentamientos de Huelva y el 72,3 de los de Almería expresan una "máxima dificultad" para poder acceder al agua, ya que la mayoría de los núcleos chabolistas se encuentran alejados de cualquier grifo, entre cinco y diez kilómetros. De ese modo, las mejores opciones pasan por cargar bidones o garrafas desde los pueblos más cercanos, aunque la mayoría, como no dispone de transporte, la obtiene del riego de las plantaciones más próximas.

Sin electricidad ni saneamientos

Lo mismo ocurre con el suministro eléctrico o peor, incluso, porque la electricidad no se puede transportar como una garrafa de agua. El 84,7% de la población de los asentamientos onubenses y el 67% de los de Níjar declaran tener enormes dificultades para acceder a este bien básico para que funcionen electrodomésticos, haya iluminación, se calienten las estancias en invierno y se refrigeren en verano.

Según el informe de Andalucía Acoge, en Huelva, únicamente en el asentamiento del Albergue en Lepe hay acceso a la electricidad, mientras que Almería hay algunas infraviviendas que cuentan con ella y algunos asentamientos disponen de farolas solares instaladas por la asociación Almería Acoge. Sin embargo, tanto en una provincia como en otra la mayor parte se alumbran con linternas, móviles, fogatas o luces de coches. Y cuando las chabolas están próximas a torres de luz, hay enganches ilegales, que "suponen un altísimo riesgo de accidentes e incendios", advierten.

Sin agua, sin luz y sin saneamientos también. Los asentamientos en los que viven miles de trabajadores agrícolas carecen en su mayoría de cualquier tipo de saneamiento para las aguas residuales, lo cual origina focos de insalubridad que agravan los riesgos de enfermedades y el deterioro del entorno ambiental, según se subraya en el informe. En el caso de Huelva un 75,5% de sus pobladores admite una máxima dificultad para acceder a saneamientos o poder realizar acciones tan básicas como lavarse o lavar la ropa, un porcentaje que se sitúa en el 67% en el caso de Almería.

Y para que todo sea aún más complicado, los asentamientos se encuentran en zonas aisladas, muy mal comunicadas. La falta de transporte público, según este informe, hace que se conviertan en pequeñas odiseas un buen número de actividades tan básicas y cotidianas como ir al trabajo, hacer la compra, acudir a una cita del médico, arreglar algún papel o simplemente ir a pasear al centro del pueblo. En el caso de Huelva, un 65,7% de las personas encuestadas manifestaron tener una máxima dificultad para acceder al transporte público, un porcentaje que baja al 50,5% entre la población de los asentamientos de Níjar.

"El uso de bicicletas o el tener que ir andando por las carreteras (la gran mayoría sin arcén), muchas veces de noche y sin visibilidad, hace que el riesgo de accidentes viales sea muy elevado. Esta dificultad para poder viajar a los núcleos urbanos incrementa aún más la "invisibilidad" de esta realidad para las personas que viven en esos municipios", añaden los autores del estudio.

Contratos con menos horas y a la venta

Entre las personas que se encuentran en situación administrativa regular es significativo, según el informe, que el 50%, en el caso de Níjar, y el 57,4%, en el de Huelva, dispongan de una residencia de larga duración. Esto indica, se añade, que se trata de personas que llevan tiempo trabajando en España y que aun así no pueden acceder a una vivienda para poder salir del asentamiento chabolista. "Debemos recordar que el marco normativo reconoce igualdad de trato entre las personas españolas y las extranjeras con permiso de larga duración. La realidad de los asentamientos muestra que dicha igualdad está lejos de darse", se advierte.

En cuanto al tipo de contrato y el trabajo que realizan, sólo un 69,4% en Níjar y un 62,1% en Huelva manifiestan disfrutar de un contrato por toda la jornada trabajada: un 13,9% en el primer caso y un 6,9% en el segundo afirman que están contratados por menos de la mitad de las horas que trabajan. "En los encuentros y entrevistas era muy habitual que las personas manifestaran que debían trabajar con gran intensidad y no podían permitirse bajar el ritmo o faltar para ir al médico, porque corrían el riesgo de que les despidieran", se apunta en el informe. Sólo el 20% en Níjar y el 11,1% en Huelva dicen haber disfrutado de una baja laboral y en alguno de esos casos supuso el despido por haberla tomado.

En los asentamientos de Almería, un 60,7% de las personas que se encuentran en situación regular trabajan seis días a la semana, y entre las que están de forma irregular, un 17,3% asegura que llega a trabajar todos los días, de lunes a domingo. Además, un número considerable de trabajadores –un 11,7%– dice que ha tenido que pagar para conseguir un contrato, desde 1.000 hasta 6.000 euros, aunque la tarifa más habitual es de 5.000 euros. En Huelva, ese porcentaje sube al 17,9%, aunque el precio medio para conseguir un contrato es más bajo, en torno a 1.800 euros.

Otro dato laboral relevante en el caso almeriense es que el 88% de los trabajadores de los asentamientos manifiesta que le han pagado por debajo del jornal, un 14% que incluso por debajo de 20 euros el día, y un 32,4% que en alguna ocasión incluso dejaron de pagarle. Las condiciones se hacen incluso más precarias cuando más de la mitad de estos temporeros –el 57,7%– dice que ha usado maquinaria o productos fitosanitarios y únicamente un 4,1% ha recibido alguna formación sobre su uso o manipulación, lo que constituye "otro elemento de abuso laboral y de un claro riesgo laboral", subrayan los autores del informe.

En Huelva, por su parte, un 74% de los temporeros manifiesta que no le habían pagado por debajo del jornal, pero al analizar lo que decían cobrar y el jornal que deberían cobrar (51,12 euros al día) tan sólo el 6,1% recibía lo que marca el convenio, mientras que un 58,8% percibía entre 40 y 44 euros y el 35,1% restante, por debajo de los 40 euros.

Víctimas de delitos de odio

Pese a que un 40% de las personas que han participado en este estudio manifiestan haber sido víctima de un delito de odio y un 50% dice no tenerlo muy claro, ninguna de ellas llegó a denunciar la situación, ni ante las fuerzas de seguridad del estado ni ante una entidad social. Mientras que un 66,67% decidió no denunciar, un 33,3% manifiesta que no sabía siquiera que podía hacerlo. "Estos datos van en la línea de una realidad de infradenuncia muy preocupante. Durante todo 2021 en toda la provincia de Almería, según el portal estadístico de criminalidad, hubo sólo 10 denuncias por delito de odio", se advierte en el informe.

Y cuando se pregunta a estos trabajadores si evitan acudir a ciertos lugares para no ser víctima de un delito de odio o un incidente discriminatorio, las respuestas son "demoledoras": el 100% dijo que evitaba la mayor parte del tiempo acudir a lugares en los que consideraban que serían mal tratados o en los que ya habían tenido malas experiencias. Ser víctima de un trato discriminatorio –un 80% en Níjar y un 92% en Huelva– es la situación denigrante más habitual a la que se enfrentan estos migrantes en su día a día, seguida de recibir comentarios o gestos ofensivos en persona.

Andalucía Acoge considera que acabar con una realidad que se arrastra desde varias décadas y que afecta a numerosos territorios requiere de una estrategia integral, que, más allá del nivel de competencias administrativas, "ahonde en un compromiso político, instrumentos financieros suficientes y una perspectiva comunitaria".

El estudio referido a la situación de los asentamientos de Níjar ha sido presentado este martes en la Universidad de Almería. En esa provincia andaluza se han impuesto a empresarios de los invernaderos sanciones por valor de 14,5 millones de euros en los últimos cinco años, infracciones en las que hay un total de 11.043 trabajadores afectados por diversos incumplimientos de la normativa laboral y de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Como consecuencia de todas estas actuaciones, han aflorado un total de 1.640 empleos en la agricultura de Almería, es decir, trabajadores sin ningún tipo de contrato que han sido dados de alta en la Seguridad Social tras el requerimiento de la Inspección. Sólo en los dos últimos años contabilizados, 2021 y 2022, afloraron 906 empleos sin contrato en ese sector, lo que supone casi la mitad de los 1.919 que la Inspección de Trabajo detectó en ese mismo periodo en todos los sectores económicos de esta provincia andaluza.

El último informe de la entidad financiera Cajamar refleja que en la campaña 2021–2022 Almería registró "un máximo histórico" con la exportación de 2.864.211 toneladas de frutas y hortalizas por valor de 3.701,5 millones de euros, un 17,4% más que en el anterior ejercicio. La superficie de cultivo en invernadero siguió creciendo, un 0,8%, y alcanzó las 32.827 hectáreas. Y como balance final, los ingresos del sector crecieron un 14,2% y llegaron a los 2.940,2 millones de euros.

Por su parte, la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva informó de una producción de 270.120 toneladas en la campaña pasada, con un incremento del precio de los productos de un 28% con respecto al ejercicio anterior. Para la de este año se han plantado 11.802 hectáreas, un 0,53% más.