3 de marzo de 1976La jueza Servini pide al Gobierno español la lista de policías que intervinieron en la matanza del 3 de marzo de 1976

La jueza argentina María Servini, que investiga los posibles crímenes cometidos durante el franquismo, ha solicitado al Gobierno español diversas pruebas sobre la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral.

Entre las pruebas requeridas se encuentra un listado de los agentes que se encontraban de servicio aquel día y un informe sobre las armas empleadas en aquella intervención. La magistrada argentina también ha requerido pruebas sobre esta matanza a dos juzgados españoles, a los que solicita que le remitan copias de testimonios y que recaben nuevas declaraciones de testigos o de víctimas de la intervención policial, en la que también resultaron heridas de bala más de cien personas, según han informado este jueves en un comunicado la Diputación Foral y las Juntas Generales de Álava.

Entre las pruebas requeridas por la magistrada se encuentra la petición al Juzgado de Instrucción de A Coruña para que requiera al Tribunal Militar Territorial Cuarto copia testimoniada de los sumarios correspondientes a los heridos y fallecidos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz.

La jueza Servini solicita, además, al Juzgado de Instrucción número 4 de la capital alavesa copia testimoniada de las diligencias previas sobre la querella formulada en relación a esta matanza por Ladislao Millán Montoya y otras personas en 2001.

Asimismo, le encomienda recabar declaración testimonial de una veintena de personas que tuvieron conocimiento directo o fueron damnificados por aquellos hechos.

Demanda también el tipo de material antidisturbios

Por otra parte, demanda al Ministerio del Interior y a la Subdelegación del Gobierno en Álava el listado de miembros de las diferentes compañías de la Policía Armada, así como los agentes y mandos que se encontraban en servicio y/o intervinieron en los hechos, o las personas que entraron y salieron de la sede del Gobierno Civil de Álava aquel día de 1976.

También requiere a la Dirección General de la Policía que emita un informe sobre los tipos de material antidisturbios en uso y armas empleados por la citada Policía Armada en aquellos momentos.

Buena parte de estas pruebas ya fueron solicitadas por las Juntas Generales de Álava y por la Diputación Foral de Álava en una querella presentada ante el Juzgado de Instrucción de Vitoria-Gasteiz en 2016. En este caso, la querella por los hechos del 3 de marzo de 1976 fue sobreseída y archivada.

El proceso abierto en el país sudamericano, sin embargo, pretende hacer valer esas pruebas para determinar si son constitutivos de delito diversos hechos cometidos durante la etapa franquista, entre los que se encuentran los derivados de lo ocurrido en la capital alavesa.