Explotación sexualAl menos 23 detenidos por explotar sexualmente a mujeres en Cantabria y Vizcaya

La Policía Nacional ha detenido a 23 personas, seis de ellas ya en prisión provisional, acusadas de formar una red dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en clubes de Cantabria y Vizcaya.

En la operación, que sigue abierta, se ha liberado a tres mujeres que eran prostituidas hasta pagar su deuda que en algunos casos llegaba a los 6.000 euros, por lo que la red les retiraba todos los ingresos que recibían.

La organización captaba a las mujeres en países de Sudamérica, principalmente Venezuela, Paraguay y República Dominicana, y, según explica la Policía, eran sometidas a jornadas de hasta doce horas diarias, que también podían aumentar cuando algún cliente así lo requería.

Los explotadores fijaban los precios por los servicios sexuales, y en ocasiones las mujeres tenían que realizar servicios fiados a clientes VIP o habituales que no llegaban a cobrar, además de sufrir abusos sexuales por parte de los jefes de la organización, a los que debían pagar 55 euros diarios en concepto de alojamiento y luz.

Para captarlas, los dueños de los locales utilizaban en sus países a unos intermediarios que las convencían para que vinieran a España, y siempre buscaban víctimas vulnerables por su situación económica y familiar. La Policía tiene constancia de once mujeres captadas por la organización, pero cree que es posible que surjan más al concluir las investigaciones y el estudio de los efectos intervenidos en los registros.

La mayoría de los detenidos son de nacionalidad española, pero también los hay extranjeros. Una docena fueron detenidos en Cantabria, seis en Vizcaya, y el resto en Burgos (3) Palencia (1) y Valladolid (1).

Hubo seis registros y se han intervenido más de mil euros en efectivo, pequeñas cantidades de drogas, armas blancas, un bate de béisbol y cartuchos del calibre 38, así como abundante documentación contable y bancaria y dispositivos electrónicos. Los dos clubes, de Bárcena de Cicero y Trápaga (Vizcaya), han sido clausurados por orden judicial, y aunque la operación sigue abierta la Policía da por desarticulada la estructura de la organización.

La investigación comenzó gracias a la declaración de una mujer, testigo protegido, que logró escapar del control de la red, denunció los hechos sufridos y puso de manifiesto la existencia de una estructura dedicada a la trata de mujeres sudamericanas para la explotación sexual. Durante la investigación, los agentes comprobaron que la red estaba dividida en dos organizaciones independientes que colaboraban estrechamente, ya que intercambiaban mujeres.

Sin embargo, gradualmente fue aumentando la violencia entre ellas, hasta el punto de que en Cantabria hubo una fuerte reyerta entre sus miembros, con varios heridos de gravedad. El jefe de Policía en Cantabria, Héctor Moreno, ha destacado que se está intentando identificar a más mujeres víctimas que ya no estaban en los locales.