Violencia de género2017: la falta de voluntad política deja más de cincuenta víctimas de violencia machista

No ha sido un año bueno, sino todo lo contrario. Como casi todos los años hasta la fecha. Desde que en 2003 se comenzara a registrar oficialmente el número de asesinatos por violencia de género, las cifras han oscilado ligeramente para arriba y para abajo, pero no han caído drásticamente, a pesar de la puesta en marcha de leyes orgánicas y un sin fin de modificaciones legales que tenían como objetivo prevenir y erradicar este drama. 

Durante los últimos 15 años alrededor de 920 hombres han asesinado a sus parejas o exparejas y, en demasiadas ocasiones, a los hijos de éstas. Durante 2017 las cifras oficiales del Gobierno afirman que fueron 48 las mujeres asesinadas, mientas otros cuatro casos siguen bajo investigación para determinar si son atribuibles o no a este tipo de violencia. Durante este año que finaliza, también ocho menores han encontrado la muerte a manos de sus padres o de las parejas de sus madres - la cifra más alta desde que se tienen registros oficiales-, con lo que la cifra de muertes por violencia de género supera el medio centenar (60 si se computan todas).

Otras fuentes, como la plataforma Feminicidio.net, recoge los datos de forma distinta y las cifra en un total de 97 sólo durante este año. No sólo tiene en cuenta los asesinatos que se producen en el seno de la pareja y expareja - lo que las leyes españolas consideran violencia de género-, sino que incluyen otros tipos de violencias de las que en este momento no existen cifras oficiales públicas y sobre las que España deberá legislar para adecuarse al Convenio de Estambul que nuestro país ratificó en 2014.

El año comenzó con un propósito: poner en marcha un pacto de Estado contra la violencia machista. Así lo habían solicitado largamente las organizaciones de la sociedad civil y expertos en violencia de género. La aprobación de una proposición no de ley por unanimidad en el Congreso en noviembre de 2016 dio el pistoletazo de salida para las negociaciones, que finalmente comenzaron en febrero de este año y consiguió un consenso final en el mes de julio. El Congreso aprobó el pacto con por mayoría, pero sin unanimidad (debido la abstención de Unidos Podemos) y el Gobierno tenía dos mese para ponerlo en marcha. Sin embargo aún no se ha implementado. Al filo del fin de año el Gobierno reunió con las comunidades autónomas para acordar las primeras 26 medidas -de las 213 contenidas en el acuerdo- a aplicar, para las que aún no existe presupuesto. Su financiación está pendiente de una ampliación extraordinaria por parte del Gobierno, debido a la prórroga de los presupuestos de 2017.

"Lo que hemos visto este año es una falta total de voluntad política en la aplicación del pacto de Estado. Un acuerdo que debía tener dos características: que fuera eficaz y que fuese urgente"

"Lo que hemos visto este año es una falta total de voluntad política en la aplicación del pacto de Estado. Un acuerdo que debía tener dos características: que fuera eficaz y que fuese urgente. Pero no ha sido ni lo uno ni lo otro, porque aún no se ha puesto en marcha. Se ha perdido todo el año en comisiones de estudio que no hacían ninguna falta. Tampoco se necesitaban 213 medidas. Necesitábamos diez o 12 medidas como mucho y que se pusieran en marcha de manera inmediata. Es tan evidente esta falta de voluntad política y de interés, que buena parte de esas 213 medidas se refieren al cumplimiento  de leyes que ya están en vigor pero que no se están cumpliendo", afirma Nuria Varela, periodista y experta en temas de género, cuando le preguntamos por las claves del fracaso de las medidas contra la violencia de género.

Esta opinión es compartida por todas las expertas consultadas. Para Alba Pérez, abogada y miembro de la Plataforam 7N contra las Violencias Machistas "los asesinatos de mujeres y niños no cesan porque no hay voluntad política ni compromiso real y efectivo para erradicar esta violencia. Los asesinatos machistas no cesan y el pacto de Estado, que debía haberse puesto en marcha hace un mes, sigue sin calendario ni hoja de ruta. Muchas de sus medidas siguen sin ser definidas aunque son imprescindibles, como el aumento presupuestario, la formación del personal que interviene en los procesos de violencia de género o la nueva forma de obtener el título habilitante como víctima de violencia machista o la suspensión del régimen de visitas a padres condenados, que el artículo 66 de la Ley Integral deja a facultad del juez, lo que quiere decir que los jueces pudiendo proteger a los menores, no lo hacen".

Tal como afirma Miguel Lorente, exdelegado de violencia de género, el machismo sigue presente con su violencia, pero permanece lejos del foco de las medidas adoptadas para evitar sus consecuencias, el ejemplo más claro lo tenemos en el reciente “pacto de Estado contra la violencia de género”, que de nuevo se ha centrado en el resultado en lugar de hacerlo sobre la causa común del machismo, algo que sí se ha entendido cuando se aprueba un “pacto de Estado contra el terrorismo”, no contra los “atentados terroristas” ni contra la “violencia terrorista”.

Las grietas del sistema judicial

Lo que ha dejado claro este año que termina es que "el sistema judicial no sirve para combatir la violencia de género", enfatiza Varela. En 2016, el 36.5% de las mujeres que fueron asesinadas habían denunciado a su agresor. "Son asesinatos anunciados", añade. Las mujeres sí están denunciando. Según la macroencuesta de 2015, el 86.7% de las mujeres que están sufriendo violencia de género han acudido a la policía y al juzgado. "Sin embargo no se cree en la palabra de las mujeres y las niñas en los juzgados y se minusvalora se minimiza el riesgo que tienen a ser asesinadas". Varela afirma que hoy por hoy en España "existe impunidad frente a la violencia de género".

En 2016, según datos del último informe de Feminicidio.net, se presentaron 142.893 denuncias  -un promedio de 11.900 cada mes-,  pero se archivaron 58.716 denuncias, es decir, casi un 41%. Y esto supone tan sólo una media nacional. Según estos datos, en 2016 entre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los Juzgados de lo Penal dictaron sentencia condenatoria en el 22% de las denuncias. Solo dos de cada diez denuncias de maltrato terminaron en condena.

Para Varela, el porcentaje de ordenes de protección ordenadas sobre el número de denuncias por violencia de género alcanzó su mayor proporción en 2009 con un 30,3%. Una cifra baja, pero en 2016 esta tasa de cobertura había bajado al 24,4%. "Es decir, no sólo no se ha mejorado, sino que se está empeorando".

La parte positiva que deja este año es que esta situación se ha hecho evidente en una opinión pública que no está dispuesta a seguir tolerando estas injusticias. Dos casos, que han sido paradigmáticos han espoleado la respuesta y la ira de la sociedad civil. El caso de Juana Rivas, que ha puesto en tela de juicio a la fiscalía y a la justicia especializada, que no ha sido capaz de proteger a sus dos hijos menores, a pesar de contar con leyes a su alcance para hacerlo. Por otro, el juicio a 'La Manada' que ha dejado en evidencia que "lejos de desarrollarse un derecho de defensa, lo que se está desarrollando en los juzgados es una persecución a las víctimas", añade Varela.

La presión social, clave para conseguir cambios en 2018

Una de las claves de este 2017 que termina ha sido, sin duda las manifestaciones y la presión social, tanto en las calles como en redes sociales y en los medios de comunicación. El caso del productor de Hollywood Harvey Weinstein, ha generado una reacción en todo el mundo que ha desbordado las fronteras de Estados Unidos y de la industria del cine y se ha propagado como la pólvora a través de medio mundo. También en España estas protestas han sido ámpliamente seguidas y las manifestaciones en favor de la igualdad y en contra de las fallas del sistema han congregado a miles de personas en las calles de toda España.

Para muchos expertos el próximo año esto será clave para avanzar en los cambios necesarios que acaben con la impunidad. "2018 tiene que ser el año en el que erradiquemos la violencia de género", afirma Varela. "Creo que esto se puede conseguir por un lado con la ruptura del silencio. Las mujeres de todo el mundo están rompiendo el silencio, a costa de esas dobles victimizaciones, del estigma, pero en medio mundo se está rompiendo ese silencio: en india, en eeuu, en España, en reino unido. Se tiene que acabar esta violencia exigiendo que se cumplan las leyes, exigiendo responsabilidades políticas, responsabilidades a todos los agentes, poniendo nombres a los jueces y juezas que no escuchan a las víctimas, que no las protegen y también tiene que ser el año en el que las mujeres dejemos de ser ciudadanas de segunda", concluye Varela.