EN DEFENSA DEL REFERÈNDUMLa Generalitat advierte que las multas a las mesas electorales serían "ilegales"

El govern de la Generalitat ha querido tranquilizar a los miembros de las mesas electorales del referéndum de este domingo asegurando que cualquier multa que pudiera imponer el Estado sería "ilegal". Así se ha expresado el conseller de Justicia, Carles Mundó, en una comparecencia en la que ha desgranado un "decálogo de violaciones de la actualidad" cometidas por el gobierno central en sus actuaciones para impedir el 1-O, y en la que ha anunciado acciones legales contra estas mismas actuaciones, en forma de sendas querellas contra el fiscal general del Estado y el fiscal superior de Catalunya.

"Deberíamos preguntar a quien tenga la pretensión de imponer multas ilegales cómo harán para cobrarlas", ha afirmado Mundó, en comparecencia este viernes en el Centro Internacional de Prensa que ha instalado en Barcelona la compañía Mediapro. Mundó hacía referencia a la advertencia hecho poco antes por la Agencia Estatal de Protección de Datos según la cual los miembros de las mesas electorales podrían cometer una "vulneración" de la ley de protección de datos sancionada con multas de entre 40.000 y 300.000 euros.

El conseller ha interpretado esta amenaza como destinada a "intimidar" y "coaccionar" a las personas designadas para integrar las mesas, y ha señalado que un particular no puede ser sancionado por esta normativa porque "ni es funcionario público, ni titular de un archivo de datos ". En este sentido, Mundó ha recordado que la Autoridad Catalana de Protección de Datos ya ha desmentido a su homóloga estatal, al precisar que los integrantes de las mesas "no son responsables del tratamiento" de los datos del censo electoral, ya que la única responsable es "la administración electoral correspondiente".

El consejero ha anunciado igualmente que la Generalitat ha presentado una querella contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y contra el fiscal superior de Catalunya, José Manuel Romero de Tejada, por los presuntos delitos de "prevaricación y usurpación de funciones" en sus actuaciones contra el referéndum. El Gobierno catalán también ha recurrido la orden del Tribunal de Justicia a los Mossos para precinten los colegios electorales del 1-O.

"El Estado ha organizado una causa general contra el independentismo", ha dicho y ha acusado al gobierno de Mariano Rajoy de "hacer saltar el Estado de derecho" para "intentar ganar desde los despachos o, si es necesario, desde las alcantarillas del Estado, lo que no puede ganar en las urnas ni en la calle ".

En este sentido, Mundó ha enunciado y explicado una lista de diez "violaciones de la legalidad" que la Generalitat considera que han cometido el Gobierno central y los aparatos del Estado en los últimos días, para "intentar impedir el referéndum" pasando por encima de la "división de poderes". Unas vulneraciones de la legalidad que, a juicio de la Generalitat, empiezan desde la propia "persecución penal de un hecho que no es delito".

"Convocar, organizar y celebrar un referéndum no es delito", ha insistido Mundó, y ha recordado que esta figura se despenalizó en las Cortes Españolas en 2005, y que, por tanto, lo que ve es un "decorado jurídico" en todas las actuaciones contra el 1-O.

"Convocar, organizar y celebrar un referéndum no es delito"

El Govern también considera como una violación de derechos el despliegue en Catalunya de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Tanto porque atenta contra "los principios de proporcionalidad oportunidad y congruencia" que fija la ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como por el hecho de que se produce "en un contexto de alerta terrorista cuatro sobre cinco". "De forma irresponsable, el gobierno español ha priorizado perseguir urnas, papeletas y cargos públicos por encima de la persecución de la amenaza terrorista", ha lamentado Mundó, que también ha considerado irregular la designación "de un coronel de la Guardia Civil" para coordinar los Mossos en las actuaciones contra el 1-O dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, porque contraviene el Estatuto.

Mundó explicó que tampoco estaría ajustada a derecho la "intervención de las finanzas" de la Generalitat, en tanto que supone una aplicación "por la puerta de atrás" del artículo 155 de la Constitución, que faculta al Estado a intervenir una Comunidad Autónoma, previa aprobación por parte del Senado. El conseller también ve vulneración de derechos en actuaciones policiales como "registros sin orden judicial" o "violación de correspondencia", así como en cierres de páginas web y prohibición de actos de campaña.

El conseller ha considerado también un "abuso" la denuncia de la Fiscalía por un presunto delito de sedición en las manifestaciones ciudadanas del miércoles de la semana pasada, después de que la Guardia Civil irrumpiera en varias consejerías y detuviera más de media docena de cargos de la Generalidad. Mundó ha recordado que las manifestaciones fueron completamente "pacíficas y ordenadas", y expresó que "ni con mala fe" se podría ver indicios de un delito de sedición. El conseller consideró "vergonzosa" la denuncia de la Fiscalía, y ha indicado igualmente que la Audiencia Nacional, que lo ha admitido a trámite, "es incompetente" para juzgarla.

La Generalitat, finalmente, considera fuera de "cobertura judicial" las citas "al 75% de alcaldes de Catalunya" por parte de la Fiscalía, desde el momento que este se debería inhibir por estar el caso ya en manos de un juez.