Yolanda Díaz buscará ahora el apoyo de los aliados del Gobierno a la reforma laboral para no depender de Cs

Quedan treinta días naturales para llegar a un acuerdo en el Congreso para aprobar la reforma laboral pactada entre Gobierno, sindicatos y empresarios, y este objetivo se ha convertido en fundamental para el Ejecutivo en el inicio del nuevo año.

De momento, los aliados habituales del Gobierno en estos dos años de legislatura (PNV, ERC y Bildu) han mostrado su rechazo al acuerdo alcanzado y, sin sus votos, el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 28 de diciembre no sería convalidado.

Es por ello que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, piensa implicarse directamente en esta negociación, siempre de "manera discreta", a la vuelta de las fiestas navideñas, dialogando fundamentalmente con los habituales apoyos del Ejecutivo.

Fuentes del Ministerio de Trabajo apuntaron que la prioridad de Díaz es convencer a estas formaciones políticas y no depender de Ciudadanos para la aprobación del decreto ley, ya que la formación naranja se ha ofrecido a prestar sus votos "ante las dudas de los socios de Sánchez". Para el partido de Inés Arrimadas, la reforma laboral "no toca ningún aspecto sustancial de la reforma del PP" y quieren diferenciarse del posicionamiento en contra del partido de Pablo Casado.

Al PSOE le faltó tiempo para recoger el guante de Ciudadanos, y su portavoz parlamentario, Héctor Gómez, se abrió a ese posible apoyo, al entender que la reforma necesita "el mayor apoyo posible".

Pero desde Trabajo se apuesta por centrar los esfuerzos en sumar a los partidos independentistas, eso sí, respetando básicamente el contenido acordado de la reforma laboral. Fuentes de este Ministerio apuntan que no creen que estas formaciones tiren abajo medidas como la recuperación de la ultraactividad, la primacía en salarios de los convenios colectivos sectoriales frente al de empresa, o acabar con la temporalidad.

En cuanto a las reivindicaciones que plantean estas formaciones, como la primacía del convenio autonómico sobre el estatal o a la recuperación de la la indemnización por despidos, las fuentes consultadas apuntan que todo se negociará, pero pueden ser cuestiones que se dejen para más adelante una vez aprobada la actual reforma tal y como salió del acuerdo del diálogo social.

Trabajo se muestra "moderadamente optimista" en que la reforma saldrá adelante, y recuerda el rechazo de los socios parlamentarios a la ley Riders tras el acuerdo aprobado en la mesa del diálogo social, pero que finalmente salió adelante en el Congreso, también tras la implicación directa de Díaz.

Por otra parte, fuentes sindicales no ocultan su preocupación por la tramitación de la reforma laboral en el Congreso, pero consideran que deben respetar la autonomía de cada formación política para que se posicione en función de sus propios criterios.

En este sentido,desde la UGT se asegura que no se va a negociar con los partidos, aunque siempre estarán abiertos al diálogo, pero que esta tarea "es tema de Gobierno", dicen.

Por ello, los representantes de los trabajadores no quieren intervenir en la negociación, salvo que sean llamados para ello, e insisten en que su planteamiento es que la reforma laboral se mantenga en los términos que se ha acordado.