La llegada a la presidencia de la Generalitat del primer secretario del PSC, Salvador Illa, confirmará el cambio de ciclo político en Catalunya y cerrará más de una década marcada por el procés independentista y por las mayorías de este espacio en el Parlament. Tras el "sí" de las bases de ERC al acuerdo cerrado con los socialistas, la investidura tendría que materializarse esta misma semana, siempre que no se produzcan factores inesperados como la posible detención de Carles Puigdemont si el expresident cumple su compromiso y vuelve a Catalunya para asistir a la sesión. Si esto pasara, el aplazamiento durante unos días del pleno sería el escenario más posible.

El otro elemento a tener en cuenta es el voto de la diputada Mar Besses, integrante del grupo de ERC como representante de su organización juvenil, el Jovent Republicà, que ha convocado un consejo nacional extraordinario este lunes por la tarde para decidir si cumple el mandato de la consulta de Esquerra y da el "sí" a Illa o lo incumple. Las juventudes de ERC habían abogado por el "no" en la votación que el partido celebró el viernes.

De los 44 años de gobiernos autonómicos desde la restauración de la Generalitat, los socialistas solo han encabezado el Ejecutivo en siete, entre 2003 y 2010, cuando primero Pasqual Maragall y después José Montilla presidieron los gobiernos tripartitos, integrados conjuntamente con ERC e ICV-EUiA. Por lo tanto, hace 14 años que no lideran la principal institución política de Catalunya, que desde 2012 había estado condicionada por las mayorías independentistas en el Parlament, que habían posibilitado las presidencias de Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y, finalmente, Pere Aragonès.

Tras tocar fondo en los años más intensos del procés -en 2015 apenas sumó 16 diputados en el Parlament, la cifra más baja de su historia-, el PSC ha recuperado apoyos y cuotas de poder y, de hecho, desde que lo lidera Salvador Illa ha encadenado cinco victorias electorales consecutivas -catalanas del 2021, generales y municipales del 2023 y catalanas y europeas del 2024-, que le dan incuestionablemente la hegemonía política en Catalunya.

La capacidad para cerrar acuerdos con ERC y Comuns le permitirá volver a la Generalitat casi tres lustros después y le otorgará un poder institucional inédito hasta ahora, con la presidencia de la Diputación de Barcelona, la presencia en los gobiernos de las diputaciones de Lleida y Tarragona o las alcaldías de gran parte de las grandes ciudades catalanas -Barcelona, l'Hospitalet, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Lleida, Tarragona o Reus, entre otras-, además de la participación en el Ejecutivo estatal de Pedro Sánchez. Con este contexto de fondo, repasamos las certezas y las dudas de este inicio de "cambio de etapa" que encabezará Salvador Illa.

El calendario de la investidura

Una vez el líder socialista comunicó el sábado al president del Parlament, Josep Rull, que ya contaba con los apoyos para ser investido, se activó el protocolo para materializar su acceso a la presidencia. Después de hablar con los diversos grupos parlamentarios, el martes se llevará a cabo la ronda de consultas, de forma que el miércoles se podría reunir la diputación permanente, el organismo encargado de convocar los plenos en el periodo entre sesiones de la cámara -durante las vacaciones de verano, del 1 al 15 de agosto-.

PSC, ERC y Comuns suman mayoría en ella, de forma que se podría agendar el pleno de investidura para el jueves y que la sesión fuera de una sola jornada, si bien también se podría optar para qué se alargara dos días. En todo caso, Illa cuenta con la mayoría absoluta de 68 diputados -42 del PSC, 20 de ERC y seis de los Comuns- para ser investido en primera votación, o sea que si se terminara toda la sesión el jueves, el sábado ya tomaría posesión como nuevo president de la Generalitat.

Ahora bien, el factor Carles Puigdemont podría hacer saltar por los aires este calendario. Si el expresident cumple su compromiso de volver a Catalunya por la investidura -como reiteró el sábado-, lo más probable es que se exponga a la detención y encarcelamiento, hecho que probablemente llevaría a Rull a suspender el pleno con el argumento que habría un diputado "privado de ejercer sus derechos".

Tanto ERC como los Comuns son partidarios de aplazar el pleno si Puigdemont es detenido y correspondería a Rull fijar una nueva fecha para la investidura, que en todo caso debería ser antes del 26 de agosto, cuando se agota el plazo para esquivar la repetición electoral. Sin embargo, el retorno de Puigdemont en ningún caso tendría que hacer variar el resultado de la votación, puesto que Illa tiene los apoyos atados.

¿En qué ha cedido el PSC para pactar con ERC y Comuns?

Para cerrar los pactos de investidura con ERC y Comuns el PSC ha tenido que hacer cesiones importantes en relación a su programa electoral. Seguramente la más significativa es el modelo de financiación acordado con los republicanos -y validado por la ejecutiva federal del PSOE-, puesto que si realmente se lleva a cabo implica que Catalunya salga del régimen común de financiación autonómica. Y que sea la Agencia Tributaria catalana la que progresivamente -en un plazo de cinco años a partir de 2025- pase a recaudar el 100% de los impuestos y no un consorcio entre esta y la Hacienda estatal, como defendía Illa.

Pero hay más, como por ejemplo el compromiso de subir la fiscalidad a los casinos -y, de este modo, eliminar la rebaja del impuesto al 10%, aprobado en su día junto con la antigua CiU-, un hecho que en la práctica tendría que hacer imposible que salga adelante el macrocomplejo del Hard Rock, del cual los socialistas habían hecho bandera. El compromiso aparece tanto en el acuerdo con los republicanos como en el de los Comuns.

Con la formación de Jéssica Albiach también ha pactado no alargar la autopista B-40 -o Cuarto Cinturón- hasta Granollers esta legislatura, ampliar muy significativamente el parque de vivienda pública de la Generalitat o regular el alquiler de temporada, cuando apenas hace un par de meses se alió con Junts para tumbar el decreto del Govern sobre este ámbito.

Con los republicanos se ha puesto por escrito el compromiso de garantizar la protección de las zonas naturales del entorno del aeropuerto del Prat -lo que dinamita el proyecto de Aena de ampliar la instalación destrozando la zona húmeda de la Ricarda-, a la vez que se defiende dar un "impulso" y "transformar" la infraestructura. Paralelamente, también se ha acordado mantener varias de las políticas bandera del Govern de Aragonès, como por ejemplo la energética pública o la oficina para poner en marcha el plan piloto sobre la renta básica universal. Además, se tendría que crear una Convención Nacional -presidida por ERC- para abordar la resolución del conflicto político.

¿Cómo será el Govern de Illa?

Durante la campaña, Illa insistió constantemente que si llegaba a la presidencia de la Generalitat la prioridad de su Govern sería mejorar la situación de los servicios públicos, que según él no están al nivel que Catalunya y sus ciudadanos merecen. El otro gran tema que situaba en lo alto de su posible actuación era justamente la mejora de la financiación. Según el acuerdo con ERC, durante el primer semestre del 2025 "habrá que formalizar" el nuevo sistema de financiación "en la comisión bilateral entre el gobierno de la Generalitat y el del Estado".

Pero la realidad es que para que se materialice la salida de Catalunya del régimen común habrá que aprobar en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), lo que requerirá el apoyo de Junts -y de casi la totalidad de la mayoría- y tensionará tanto al PSOE como a algunas de las formaciones integradas dentro del grupo de Sumar. En cualquier caso, el cumplimiento de este punto será fundamental para garantizar la solidez del Govern de Illa, puesto que con solo 42 diputados está muy lejos de la mayoría absoluta de 68 que le permitiría aplicar sin quebraderos de cabeza su acción ejecutiva.

Dicho esto, se da por hecho que el Govern de Illa mantendrá buenas relaciones con los principales actores económicos y sindicales de Catalunya -ya hace tiempo que el partido tiene muy buena entrada en entidades como la patronal Foment del Treball o el Cercle d'Economia, entre otras- y continuará la recuperación de la institucionalidad de la Generalitat, ya llevada a cabo en gran parte por Pere Aragonès para dejar atrás la presidencia de Quim Torra.

Evidentemente está garantizada una buena relación con el Gobierno español, teniendo en cuenta la coincidencia de color político y que Salvador Illa se ha convertido, sin duda, en el principal barón socialista y en un auténtico puntal de un Pedro Sánchez que, también, se siente cada vez más cómodo en Catalunya. Esto, de paso, hará bajar el peso del conflicto político en el día a día del Ejecutivo, a pesar de la anunciada creación de una Convención Nacional para abordar su resolución y las dificultades que algunos jueces y tribunales, como el Supremo, están poniendo a la aplicación de la amnistía.

La seguridad será otra de las áreas en las que Illa quiere poner especial atención y, de hecho, en campaña anunció que si era president nombraría consellera de Interior la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon. Además, el director general de los Mossos d'Esquadra pasará a ser Josep Lluís Trapero, el mayor del cuerpo durante el 2017. Hasta ahora no han trascendido más nombres de posibles consellers, si bien la voluntad del partido es que haya independientes y, a la vez, a buen seguro que se nutrirá tanto de cuadros con experiencia en el Parlament como del engrasado plantel municipalista de la formación. De entrada, y esto es seguro, será un Govern en solitario y, por lo tanto, necesitará apoyos parlamentarios -previsiblemente de ERC y de Comuns- para sacar adelante su acción.

¿Qué papel tendrá ERC? ¿Y los Comuns?

Tanto el acuerdo cerrado por ERC con el PSC como el de los Comuns son de investidura, si bien en ambos casos incorporan cuestiones que se tendrán que desarrollar durante la legislatura. Ahora bien, la diferencia fundamental es que los republicanos han subrayado que pasarán a ejercer la oposición parlamentaria, desde donde tendrán una actitud "exigente" y "vigilante" para que se cumpla aquello pactado, mientras que los Comuns no descartan entrar en el Ejecutivo de Illa en los próximos meses.

En este sentido, la líder del espacio, Jéssica Albiach, ha admitido que, de momento, no se ha negociado su posible presencia en el Govern y que primero habrá que ver "cuál es el espíritu" del Ejecutivo y si cumple aquello acordado para valorar, posteriormente, si optan por implicarse directamente.

Por la parte de ERC, la formación del Govern permitirá que el partido pueda centrarse -al menos parcialmente- en su proceso de reconstrucción, que tiene que culminar con el congreso nacional del 30 de noviembre, en el que renovará una parte significativa de su cúpula. La secretaria general, Marta Rovira, o el president en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, son dos de los que abandonarán la primera línea política, mientras que Oriol Junqueras intentará recuperar el cargo de presidente que abandonó el 10 de junio.

A la vez, no ostentar la Generalitat también puede hacer aumentar el grado de exigencia de los siete diputados republicanos en el Congreso, imprescindibles para la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. El cumplimiento del acuerdo con el PSC es necesario también para que los republicanos pueden unificarse a nivel orgánico, puesto que la consulta del viernes ha evidenciado la profunda división que sufren y el malestar existente con una dirección que se había volcado en el sí a la votación.

¿Qué hará Junts?

Más allá de la crítica contundente hacia ERC por decidir investir a Salvador Illa, la formación del Govern dejará a Junts sin grandes cuotas de poder institucional, con la Diputación de Girona y el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès como principales bastiones que encabeza. Sin demasiado juego en el Parlament en una fase inicial de la legislatura en la que la previsión es que los socialistas profundicen su alianza de investidura con Esquerra y Comuns, a buen seguro que los de Puigdemont elevarán todavía más el precio de su hipotético apoyo a cada ley que quiera aprobar el Gobierno de Sánchez en el Congreso y parece complicado que puedan llegar a apoyar los presupuestos generales del Estado del año próximo.

Paralelamente, a nivel interno habrá que ver qué papel tiene Carles Puigdemont, que en campaña había descartado ejercer de jefe de la oposición si no lograba la presidencia de la Generalitat. Ahora bien, varias voces orgánicas apuestan porque se mantenga al frente de la formación -a pesar de que no tenga ningún cargo formal-, fundamentalmente porque es la figura que amalgama a Junts. Su rol dependerá también de lo que suceda con su situación judicial, con un Tribunal Supremo que de momento se resiste a aplicarle la amnistía, hecho que puede comportar su inminente detención si, como ha prometido, regresa a Catalunya.

En la ejecutiva celebrada este sábado, Junts esbozó el papel político que quiere tener a partir de ahora, con una distancia con ERC que se ha ensanchado todavía más. Así, proclamó que es "la única alternativa posible a la hegemonía del PSC" y que es la "fuerza referente del independentismo". Y añadió que ejercerá con "responsabilidad", "buscando la transversalidad y la centralidad para que el independentismo vuelva a estar en condiciones de volver a gobernar Catalunya tan pronto como sea posible". Para remachar que será "la única fuerza independentista con las manos libres con capacidad de gobierno" y de "condicionar decisiones en el Parlament y en el Congreso".