Vox ha optado por adelantarse para encabezar la acusación popular en el caso de que prospere su querella por negligencia grave con resultado de muerte contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros por su gestión de la crisis sanitaria surgida con la pandemia Covid-19.

El partido ultra ha presentado este lunes una querella en el Tribunal Supremo contra el Ejecutivo por delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores.

La figura de la acusación popular permite personarse en un proceso penal para perseguir delitos que afectan a la generalidad de los ciudadanos.

Lo habitual es que, si existen varias querellas en nombre de la acción popular, el tribunal las agrupe y otorgue la dirección letrada de la causa al primero que se personó.

Encabezar la acusación popular tiene importancia ya que supone liderarla y ser el primero en recibir los documentos del tribunal, siempre en el caso de que el Supremo acceda a investigar a Sánchez y al Gobierno.

Si Vox liderara la acusación popular, este partido tendría una ventaja jurídica -y política- a la hora de ‘mecer’ la información del sumario , porque sería el primero de la acusación popular en tener acceso a los documentos de la investigación penal.

Vox tiene como rival para hacerse con la acusación popular al abogado Víctor Valladares, que ha demandado a Sánchez por prevaricación administrativa por omisión y que dice que está reuniendo a 7.000 personas para llevar adelante la acusación.

La querella de Vox reclama que el juez instructor que designe el Supremo investigue también si el Gobierno, como garante de la Ley General de Sanidad y tras la asunción de todos los poderes tras la declaración del estado de alarma del 14 de marzo, pudo incurrir en un delito de imprudencia al no dotar a los sanitarios y trabajadores públicos de las medidas de seguridad necesarias frente al coronavirus.

"Si la querella está bien fundada, habría base jurídica para investigar a Pedro Sánchez y al Gobierno por negligencia grave con resultado de muerte por acción u omisión”. Quien así se expresa es una alta fuente jurídica, que explica que el Gobierno tiene una posición de garante de la salud pública de los españoles.

El delito de negligencia grave con resultado de muerte está muy consolidado en la doctrina penal y bastaría a la acusación con demostrar que no se redujeron los riesgos de contagio o que no se dotó a los médicos, sanitarios y profesionales que luchan contra la pandemia de los medios necesarios.

Una posible condena por el delito de negligencia grave con resultado de muerte contempla penas de 1 a 4 años de cárcel por cada uno de los homicidios imprudentes que se podrían haber cometido. Este lunes la cifra oficial de fallecidos asciende a 20.852 personas. Pero el máximo de cumplimiento de condena sería el triplo de la pena, un máximo de doce años de cárcel.

Supremo, contrario a la acusación popular

Todo depende de lo que decida el Supremo. La decisión de si se investiga o no al Gobierno por las muertes causadas por la Covid-19 en España y por la gestión de la crisis sanitaria depende de la Sala de lo Penal del alto tribunal.

Es la Sala que preside Manuel Marchena, el magistrado ponente de la causa del ‘procés’ que condenó por sedición y malversación a los principales líderes independentistas catalanes y que reclama a expresident Carles Puigdemont para juzgarlo en España. Y donde Vox ejerció la acusación popular.

Precisamente la sentencia del procés proponía una reforma legal para impedir que las formaciones políticas ejerzan la acusación popular: "La presencia de partidos políticos en el proceso penal no es, desde luego, positiva", explicaban los magistrados. "Se corre el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje de la confrontación política. La experiencia indica que la sentencia adversa no suele ser explicada por el partido accionante como la consecuencia jurídica de la valoración jurisdiccional".

Segunda querella...

El partido ultra ha anunciado además la interposición de una denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid para que se investiguen las palabras del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago, quien aseguró que trabajaban para paliar el impacto social de los bulos y “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”, siempre en el contexto de la lucha contra las noticias falsas (fake news).

...Y un recurso de inconstitucionalidad

En otro giro político, Vox ha anunciado que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del estado de alarma y la limitación de la movilidad de los ciudadanos.

Es un recurso de recorrido político más que procesal, ya que este decreto y los que lo han seguido han sido refrendados por el Congreso de los Diputados. Supone ya una ley de la cámara baja y no del Ejecutivo de Sánchez.