Fue el hermano del comisario José Manuel Villarejo, el cura Pedro Villarejo, quien facilitó a finales de 2008 que Antonio Barrientos, ex alcalde de de Estepona (Málaga), se reuniera con el policía ahora encarcelado después de haber estallado la 'Operación Astapa' por presunta corrupción urbanística y de haber sido destituido de sus funciones. 

A pesar de las buenas palabras del sacerdote, que fue a visitar a Barrientos a prisión porque a priori buscaba echarle una mano en su defensa en la causa, las intenciones de los hermanos Villarejo eran otras y tenían un cariz más económico que solidario: ayudar a uno de los clientes y compañeros de viaje del comisario ahora encarcelado, el empresario Juan José Hidalgo, presidente del Grupo Globalia (Air Europa y Halcón Viajes), que mantenía un conflicto con Barrientos al no haber firmado este un macro proyecto urbanístico en el que Hidalgo estaba interesado.

Es más, según señalan fuentes de la investigación, Hidalgo fue de la mano de Villarejo hasta tres veces a aportar información a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) contra Barrientos, sin que se haya registrado en el sumario del 'caso Astapa' y sin conocimiento del juez.

Así se recoge en los audios que ya se incluyen en la 'causa Tándem' de la Audiencia Nacional, que también demuestran que la relación entre el policía y el empresario venía de lejos, desde los años noventa, cuando Villarejo montó en Punta del Este (Uruguay) el hotel Don Pepe y la empresa de Hidalgo organizaba los viajes a la preciada zonza turística, incluso con una oficina de Globalia vinculada al hotel. Además han compartido empleado, el policía imputado Antonio Bonilla, que acabó trabajando de director de seguridad de Globalia y después en el Grupo Cenyt, propiedad de Villarejo.  

El origen del conflicto, el convenio de la 'herencia Nadal'

El 26 de junio de 2008, seis días después de que estallara la 'Operación Astapa' y se detuviera al alcalde Barrientos junto con concejales, empresarios, etc., Juan José Hidalgo dio una entrevista a El Confidencial en la que afirmaba, respecto a la macro operación policial, que "la Justicia ni me ha llamado, ni me llamará", y añadía que "del Ayuntamiento de Estepona y de su alcalde, Antonio Barrientos, no había recibido más que zancadillas". Algunos vieron en las declaraciones un ejemplo del conocido dicho jurídico excusatio non petita accusatio manifesta, y es que la mala relación entre el empresario y el entonces alcalde era bien conocida en la zona. 

Público ya adelantó hace un año cómo el comisario ayudó al presidente de Globalia a negociar un convenio urbanístico que provenía de la conocida como 'herencia Nadal'. 

El 5 de septiembre de 1973 hizo su testamento María Catalina Nadal, propietaria de tres millones de metros cuadrados de tierras en Estepona. En su última voluntad, distribuyó los terrenos en tres partes. Una de esas partes, 503.764 m2, se la legó a la Fundación Antonia Guerrero con el objeto de establecer "una Fundación en Estepona para costear los estudios de las mujeres pobres de dicho pueblo, dando preferencia a las carreras de Leyes y Filosofía y Letras", según dejó ordenado en dicho testamento.

A finales de los noventa, Juan José Hidalgo compró esos tres millones de metros cuadrados de suelo por unos 40.000 millones de pesetas. Pero lo que no sabía Hidalgo cuando hizo esa compra es que del legado de la 'herencia Nadal' eran también beneficiarios los ciudadanos de Estepona.

Por tanto, cuando Hidalgo quiso firmar un convenio urbanístico con el Ayuntamiento que lideraba entonces Antonio Barrientos, se encontró con que el Consistorio reclamaba para el municipio una importante participación en las plusvalías que la reclasificación de esos terrenos iba a generar a su nuevo propietario.

Hidalgo se negó a pagar lo solicitado por el Ayuntamiento: 60 millones de euros en concepto de plusvalías para construir, entre otros equipamientos, una Universidad en Estepona para cumplir con lo estipulado en el legado de la 'herencia Nadal'. Así que el convenio no se firmó finalmente y comenzaron las malas relaciones entre ellos.

Sin rastro de las declaraciones de Hidalgo ante la UDEF

Ahora, en la 'causa Tándem' las grabaciones desencriptadas y otros audios remitidos al juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional apuntan a que es este conflicto por el convenio urbanístico el motivo por el que Juan José Hidalgo pronunció en 2008 esas tajantes palabras recién reventada la 'Operación Astapa'.

Sin embargo, un portavoz de Juan José Hidalgo ha negado taxativamente que el empresario declarase contra Barrientos ante ninguna instancia. Asimismo, asegura que sus únicos contactos con el excomisario se redujeron a dos reuniones puntuales en las que se trató el posible cobro de una deuda y la situación de unos terrenos fuera de España. En ninguna de ellas se llegó a ningún acuerdo.

Entre las grabaciones remitidas al juzgado 6 está la de la reunión de Villarejo con el abogado Ignacio Pérez de Vargas, que actuó como defensor de Hidalgo en las negociaciones del convenio con el Ayuntamiento de Estepona, y que también estuvo imputado en la 'Operación Astapa'.

Según ha contado a Público el letrado, que en 2017 fue desimputado de la causa junto a otras 17 personas, "es cierto que me reuní con Villarejo para hablar sobre un hecho que me parecía gravísimo: las filtraciones que la Policía había hecho horas después de producirse las detenciones, en concreto a la Cadena Ser, y que me ponían en un lugar excesivamente relevante en la estructura que la Policía decía haber desmantelado. Tanto es así que ya no estoy imputado". 

Fue el Villarejo sacerdote quien puso en contacto a Pérez de Vargas con el Villarejo policía. El hermano del comisario encarcelado es muy conocido en la zona de Estepona por empresarios y personalidades debido a que llevaba varias décadas al frente de una de las iglesias de la localidad.

Tras una primera reunión en el despacho de Villarejo en Torre Picasso, sede central del Grupo Cenyt, este acompañó a Pérez de Vargas a la sede de la UDEF, donde Villarejo le preparó una reunión con el segundo de a bordo, Alfredo Cabezas.

A este encuentro asistieron también el agente 78.777, Miguel Ángel Cuevas, y la inspectora 89.169, Silvia Orna, según se desprende de las mismas grabaciones realizadas por Villarejo. Estos policías aparecen en otras causas controvertidas abiertas por la UDEF, como la 'causa Pujol'. La inspectora fue, además, quien viajó a EE UU para conseguir información sobre Podemos, aunque fuera falsa, por parte de ex dirigentes de Venezuela. 

Según los audios que ya forman parte del sumario que instruye en la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, es durante el trayecto en coche de Torre Picasso a la UDEF cuando Villarejo le comenta a Pérez de Vargas que Pepe Hidalgo ha estado tres veces declarando en dicha unidad policial al margen del procedimiento judicial del 'caso Astapa' y sin conocimiento del juez.

El letrado ha afirmado a Público, sin embargo, que no recuerda esta parte de la conversación, aunque sí se acuerda de una pregunta del comisario a Pérez de Vargas: "Antonio Barrientos, del que como tú sabes yo tengo la mejor opinión, ¿está convencido de que no hubiera existido 'Astapa' si él no se enfrenta con Pepe Hidalgo?". A lo que Pérez de Vargas le contesta: "Yo no sé…; lo que puedo decir es que Antonio Barrientos se opuso honestamente a la firma [del convenio de la 'herencia Nadal'] porque no había proyecto universitario".