Víctimas del franquismo buscan en Europa lo que España les niega: justicia

A veces, grandes salas albergan grandilocuentes discursos manidos y repletos de lugares comunes, gruesos en palabras, débiles en contenido. Otras, en cambio, pequeños lugares pueden ser el hogar de palabras silenciadas, que luchan contra la ignorancia que las sepultó. Y eso es lo que ha sucedido en Bruselas: el Parlamento Europeo como protagonista del gran espacio, las 30 víctimas del franquismo que lo han visitado como viva fuerza de pelea contra el olvido. La cámara de la soberanía del pueblo europeo, a donde ha llegado el tesón de los activistas por la memoria, justicia y reparación, se ha dignificado tras sus pasos.

Invitados por el Intergrupo de Memoria del propio Parlamento, memorialistas procedentes de Galiza, Euskal-Herria, Pais Valencià, Madrid, Asturies y Zaragoza han vuelto a desenrollar el hilo que les une por la represión que sufrieron. Rosa García, militante antifranquista torturada por el ya fallecido Billy el Niño, ha abrazado a Jaime Zelaia, presente en los disturbios pamploneses del 8 de julio de 1978, cuando y donde la Policía arremetió contra él, rompiéndole la espalda, con tan solo 13 años. Al lado, Roberto Mentxaka, quien tras el asesinato de su madre de un tiro en la cabeza disparado por un policía después de asistir a una manifestación por la amnistía en 1976 aún no sabe dónde está su cuerpo.

Esos son tan solo un ejemplo de los miles de nombres propios que sufrieron la represión franquista, también durante la última etapa del régimen, cuando algunas personalidades empezaban a cambiar de chaqueta conscientes del cambio que se avecinaba. Cambiaban de chaqueta, aunque la pistola seguía al cinto. Así sucedió con Martín Villa, antiguo ministro de los últimos años del franquismo y primero de la democracia bajo cuyo mando, según se investiga, se cometieron numerosos asesinatos y torturas por parte de la Policía y bandas de extrema derecha. Imputado por la jueza María Servini, las víctimas no dejan de reclamar justicia, ahora en la sede de la soberanía europea.

Vitoria: la Policía mata a cinco obreros

La primera historia se sitúa el 3 de marzo de 1976, tras intensas jornadas de huelgas en Vitoria. Aquel día, unos 4.000 trabajadores se asambleaban en la iglesia de San Francisco. Hasta que pudieron. Hasta que la Policía les dejó. Hasta que decenas de agentes se desplegaron por las inmediaciones y cargaron contra los obreros que se concentraban también en el exterior. Los botes de humo inundaron el templo y los disparos de bala se sucedían en los alrededores. Aquellos hechos dejaron cinco muertes, cinco vidas perdidas mientras que Martín Villa era el responsable de relaciones sindicales en un momento en el que los trabajadores reivindicaban elegir a sus propios delegados y evitar el sindicato vertical.

Nadie lo investigó. "Primero los tribunales militares dijeron que no podían saber quiénes eran los culpables, y después la justicia civil se escudaba en que esos delitos ya habían prescrito", ha concretado Arturo Val del Olmo, integrante de la Asociación 3 de marzo en la primera mesa celebrada en el Parlamento Europeo de Bélgica. Así hasta 2010, gracias al inicio de la macrocausa conocida como la querella argentina que, a diferencia de España, sí atendió al principio de justicia universal e investiga torturas, maltrato, robos de bebés, desapariciones y asesinatos durante el régimen franquista y primeros años de la democracia.

Pamplona, 1978: disparos contra la amnistía

Sabino Cuadra forma parte del colectivo San Fermines 78. La festividad popular a nivel mundial, aquel año, terminó demasiado pronto. El 8 de julio, cuando las corridas ya habían terminado y en la plaza aún permanecen unas 20.000 personas, varios jóvenes saltan al ruedo. En sus manos portaban una pancarta pro-amnistía. "Algunos les lanzaron botellas desde el graderío, pero solo fue un pequeño altercado", explica Cuadra. Pocos segundos después, decenas de policías irrumpieron en la plaza "golpeando, disparando botes de humo y gas lacrimógeno, y fuego real", agrega el memorialista navarro.

En torno a un millar de policías tomaron Pamplona. En la enfermería de la misma plaza, después de los sucesos, fueron atendidas más de 50 personas, cinco de ellas con heridas de bala. "Martín Villa justificó aquello diciendo que lo suyo eran errores, pero lo de los demás, crímenes", certifica el propio Cuadra. De hecho, las indicaciones policiales eran claras. Según quedó grabado, la emisora policial emitió un mensaje contundente: "Disparad con todas vuestras energías. No os importe matar".

Sin olvidar que el propio Martín Villa fue quien ejecutó la quema de millones de expedientes policiales y de diferentes intervenciones en la sede central de la Guardia Civil, tal y como fue aprobado por el Gobierno en 1977, Cuadra se pregunta de forma irónica: "¿Extraña a alguien que el principal responsable político de aquel crimen de Estado y al pirómano jefe de la destrucción de los archivos franquistas sea la misma persona?". Además, este activista ha criticado que la nueva ley que está preparando el actual Gobierno socialista sobre los secretos oficiales no abarque acontecimientos como los GAL o el 23-F.

La semana más oscura de la capital

La semana negra de Madrid de 1977 también ha llegado al Parlamento Europeo. Manuel Ruiz ha relatado los trágicos acontecimientos que sacudieron el primer mes de aquel año. Él es hermano de Arturo Ruiz, asesinado por varios disparos de un miembro de la organización de extrema derecha Guerrilleros de Cristo Rey tras acudir a una manifestación por la amnistía para los presos políticos.

"Martín Villa es el responsable de todas las muertes de esa semana, pero sigue impune en España. Demasiado tiempo en busca y captura, pero siempre con la defensa y complacencia de los gobiernos que le han ido protegiendo", ha relatado Manuel antes de decir que el asesino de su hermano sigue en paradero desconocido, huido de España con la ayuda de un guardia civil destinado en Gernika.

La querella argentina, más que mil denuncias

Esta primera mesa, guiada por el eurodiputado de EH Bildu Pernando Barrera, ha concluido con la intervención de otros eurodiputados de diferentes formaciones como Carles Puigdemont, Diana Riba y Toni Comín. El segundo encuentro, centrado en las iniciativa para acceder a la justicia, ha sido comandado por el eurodiputado Miguel Urbán, de Anticapitalistas. Ahí, Julieta Bandirali, abogada en la querella argentina que investiga en torno a un millar de denuncias individuales y colectivas sobre los crímenes del franquismo, ha dado buena cuenta de lo que significa este proceso legal.

La macrocausa lleva en estado de instrucción 12 años; más de una década que ha dejado varios hitos tras de sí. "La propia admisión a trámite no fue fácil, pero sobre todo fueron importantes las 14 imputaciones, entre los que se encontraban torturadores como Billy el Niño o exfuncionarios como Martín Villa", en los propios términos de la abogada.

A estos aspectos más relevantes se suma otro relacionado más con el contenido que con la forma: "Un abogado argentino presentó una querella por un asesinato cometido en Barcelona en 1978. Aunque la querella debía estudiar hasta las primeras elecciones democráticas, en 1977, finalmente admitieron el caso al concluir que la forma de actuar de las fuerzas del orden fue la misma. Es decir, que el aparato represivo del Estado franquista no se había desmantelado".

Motivos para la imputación

La imputación de Martín Villa fue un respiro de aire fresco para estos militantes antifranquistas, pero no duró demasiado. Una vez recurrida esa decisión, un tribunal superior al de Servini revocó el fallo. "Ahora estamos esperando a la determinación de la Cámara General de Casación penal, que trabaja sin plazos, así que no sabemos cuándo saldrá la resolución", en los propios términos de Bandirali, quien no se olvida de criticar que "la impunidad de España con este tipo de crímenes y su negación a prestar cualquier tipo de colaboración choca con la actividad de la jueza argentina".

Jacinto Lara es el coordinador de las acciones judiciales de CEAQUA, la coordinadora española de apoyo a la querella argentina. Según ha comentado, "España, que se denomina un país democrático, viola sistemáticamente la legalidad internacional que tanto invoca para otros temas". Desde su punto de vista, "la querella es un instrumento político muy eficaz para poner de manifiesto constantemente y ante las instituciones del Estado español un modelo de impunidad que debe revertirse sí o sí".

Cara y cruz de la Ley de Memoria Democrática

Rosa García, activista de La Comuna, una asociación de presxs y represaliadxs de la dictadura franquista en Madrid, también ha participado en el foro. En su caso, ha preferido remarcar algunos aspectos novedosos de la Ley de Memoria Democrática que prepara el actual Ejecutivo: "Es positivo la definición de víctima y que la Administración General del Estado sea la responsable de la búsqueda de los desaparecidos y de llevar a cabo las exhumaciones". Por otra parte, también ha recalcado que el borrador de la norma continúa negando el acceso a numerosa documentación, ahora protegida por una Ley de Secretos Oficiales de 1968.

El periplo de los 30 activistas no ha terminado en el edificio del Parlamento. En la misma ciudad de Bruselas, se han desplazado hasta la Casa de la Historia de Europa. Allí han podido comprobar cómo el franquismo apenas ocupa una fotografía del dictador en la configuración de la historia de España. Allí estaban ellos y ellas, dispuestos a demostrar que Franco murió matando. Matando a su gente, torturando a sus familias, reprimiendo la disidencia. Allí estaban ellos y ellas, dispuestos a demostrar que nadie debe olvidar lo que ocurrió en España durante 40 largos y duros años.