La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) ha denunciado este jueves la existencia de trabas para evitar que la jueza María Servini interrogue en la embajada argentina en Madrid el 20 de marzo al exministro Rodolfo Martín Villa, al que implica en crímenes del franquismo.

Se basan en una nota del 28 de enero del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina que informó a la jueza de que el Ministerio de Justicia español le había "adelantado" que el "medio idóneo" para realizar ese interrogatorio no es un oficio judicial, sino una solicitud de asistencia jurídica internacional.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia han indicado que ese mismo día las autoridades argentinas les pidieron información sobre cómo actuar ante la petición de Servini y han asegurado que todavía no han respondido.

Servini imputa a Martín Villa delitos de homicidio agravado cometidos en Navarra y el País Vasco entre 1976 y 1978.

La jueza, recuerdan desde Ceaqua, ya recurrió a la vía de presentar una solicitud de auxilio internacional "con resultados negativos", ya que la Audiencia Nacional rechazó que interrogara al exministro en España porque los delitos que le atribuye habrían prescrito, de acuerdo con la legislación española.

Le recordó, sin embargo, que podía tomarle declaración en Argentina o en la embajada argentina en España, en persona o por videoconferencia.

A ojos del abogado de la coordinadora, Jacinto Lara, se está vulnerando la soberanía de Argentina al "obstaculizar", en la "línea mantenida de impunidad" de los crímenes del franquismo, una decisión que corresponde tomar "únicamente" al país solicitante.

El letrado de Ceaqua ha hecho hincapié en lo "paradójico" de que el propio Martín Villa haya mostrado su voluntad de declarar y ha recordado que el Gobierno rechazó en 2015 la orden de detención emitida por la jueza para su entrega con el fin de interrogarle en Argentina.

Estaba entonces al frente del Ministerio de Justicia Rafael Catalá, que explicó que la ley española otorga a España la competencia de enjuiciar a sus ciudadanos, al margen de que los delitos investigados por Servini desde 2010 habrían prescrito.