Varios pueblos vascos avanzan por primera vez hacia una memoria que incluye a todas las víctimas del conflicto

Legazpi mira hoy hacia atrás con varios ojos y unas mismas gafas. El sufrimiento vivido en este municipio del interior de Gipuzkoa durante las últimas década se escribe oficialmente en plural: este jueves, la localidad dará a conocer el resultado del proceso llevado a cabo en los últimos cinco años y que ahora se plasma en un informe titulado Hacia una memoria compartida. Sus páginas recogen, por primera vez, las "conculcaciones de derechos humanos y acciones violentas ocurridas en Legazpi entre 1956 y 2021".

El recorrido que ahora cierra este pueblo ya ha sido transitado con distintos formatos por varias localidades –en su mayoría también guipuzcoanas–, mientras que en otras están ahora mismo hablando de aquello que pasó y que hasta ahora no se contó. Las memorias, en todos esos lugares, se escriben en términos inclusivos.

"En 2012, con el cese de la violencia y la normalización política empezó a generarse la oportunidad de juntar a gente muy diversa con necesidad de hablar sobre lo ocurrido", señala a Público Aitziber Blanco, quien se desempeña como facilitadora de diálogo en estos procesos. "A partir de ahí –relata– se van dando una serie de consensos a la hora de mirar hacia el pasado desde una base de derechos humanos". Empezaba así el recorrido de construcción de una "memoria compartida" que hoy continúa. 

Fue precisamente en 2012 cuando la Diputación de Gipuzkoa, entonces gobernada por EH Bildu, puso en marcha un proyecto dirigido a fomentar la apertura de procesos de diálogo a nivel local. Aquella iniciativa, ahora denominada "Bizikidetza lantzen" (Cultivando la convivencia), ha servido de paraguas en alrededor de 25 municipios guipuzcoanos que han impulsado distintos foros o espacios de diálogo dirigidos a reconocer todos los sufrimientos que se registraron en sus calles. 

"El objetivo era crear distintos foros donde se empezara a hablar de lo sucedido. Está el foro político, que se enmarca dentro de los ayuntamientos, donde participan todas las sensibilidades políticas que tienen representación dentro de los ayuntamientos. Luego están los foros ciudadanos, en los que se juntan personas que quieren empezar a hablar de lo sucedido", explica a Público Aintzane Gamiz, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz y facilitadora de procesos posconflicto en la Fundación Baketik.

Desde su experiencia, Gamiz destaca que se trata de procesos discretos "que se llevan a cabo fuera del foco político y público para evitar que nadie haga uso partidista de los mismos". "El objetivo es sentarse, empezar a hablar de lo sucedido, empezar a reconocer los sufrimientos padecidos por todas las víctimas. El marco para ello no pueden ser las ideas políticas, porque ahí no nos vamos a encontrar, pero sí los derechos humanos", subrayó.

En el caso del informe que se presenta este jueves en Legazpi, el documento recoge las vulneraciones de derechos humanos y otros hechos violentos producidos en ese municipio, así como las opiniones y testimonios sobre la violencia y su impacto en la convivencia de 16 personas, siete mujeres y nueve hombres.

"Entre las personas entrevistadas y contrastadas hay una gran pluralidad: víctimas y familiares de víctimas, quienes han sido representantes municipales, personas cuyo perfil está unido a iniciativas sociales y de convivencia, recogiendo así una diversidad de matices y sensibilidades ideológicas de la localidad", afirman los promotores de esta iniciativa en un comunicado.

Allí se destaca precisamente que "la presentación de este documento no significa la asunción por parte de los grupos políticos de todo su contenido, pero sí la concepción de que es un inicio en el largo recorrido de la construcción de la memoria y la reconciliación". En otras palabras, sugieren que este trabajo "debe tomarse como un aporte útil para el conocimiento del pasado, que nos valga para facilitar las bases de la convivencia presente y futura". 

Bakeola-EDE Fundazioa es otra de las organizaciones que trabaja precisamente en esos escenarios de posconflicto. "La sociedad vasca ha sufrido durante décadas la violencia y el terrorismo. En este sentido, se han registrado vulneraciones graves de derechos humanos más elementales, ha imperado el miedo, el silencio, la indiferencia y el desacuerdo provocando la polarización social entre las diferentes posiciones ideológicas", resume Maider Martiarena, integrante de dicha fundación.

En este nuevo escenario, "los diferentes agentes sociales y la ciudadanía en general empiezan a activar dinámicas que tienen como objetivo natural la reconstrucción de la convivencia y unas relaciones dañadas durante décadas", apunta.

Los formatos han sido variados. En tal sentido, Martiarena destaca que "cada ayuntamiento ha tenido su proceso". Bakeola-EDE Fundazioa empezó por ejemplo en el municipio de Zarautz en 2008, cuatro años antes de que la Diputación de Gipuzkoa emprendiera la iniciativa Bizikidetza Lantzen. "Ese año, el ayuntamiento diseñó un plan de Convivencia en el que se impulsaba una 'mesa de convivencia' donde participaban todos los partidos con representación en el ayuntamiento, relata. Entonces faltaba una pata: la izquierda abertzale se encontraba entonces ilegalizada por la Ley de Partidos.

En varios ayuntamientos se siguió esa tónica de diagnóstico y posterior puesta en marcha de la mesa de convivencia, mientras que en otros casos ha sido el propio gobierno municipal el encargado de poner en marcha la mesa de convivencia de forma consensuada por todos los partidos, algo que no siempre se ha logrado en el primer intento. 

Cicatrizar, recordar

"Estamos ante unos procesos que se basan en el diálogo, la honestidad y una mirada crítica hacia el pasado", explica, también desde su experiencia, la facilitadora Aitziber Blanco, quien mira precisamente hacia esas heridas que ahora no solo buscan cicatrizar: también requieren, para curarse, que sean reconocidas.

"El impacto de la violencia también ha sido en nuestro tejido social –apunta Blanco–. En esa polarización que ha afectado a nuestras relaciones, a cómo nos hemos acercado al sufrimiento y al dolor de las víctimas, a veces de forma polarizada, prevaleciendo los nuestros y costándonos más acercarnos a los otros". De esa manera, en las distintas mesas participan ciudadanos que han sufrido directamente el terrorismo –ya fuese de ETA o de organizaciones como el GAL o el Batallón Vasco Español– la tortura o distintas formas de persecución y extorsión. 

"Ha habido grandes silencios respecto a las consecuencias personales y familiares de la violencia política"

Martiarena cuenta que en aquellos municipios donde trabaja Bakeola las "mesas de convivencia" cuentan al menos con tres o cuatro fuerzas políticas representadas. "Mayoritariamente, estos políticos acumulan un bagaje personal afectado por el contexto de violencia política –continúa–. Muchas y muchos de ellos han conocido de cerca las consecuencias de esta violencia; algunos incluso han sido víctimas directas, pero a menudo esas vivencias son desconocidas para el resto de la mesa". Ahí están, precisamente algunas de las consecuencias del tiempo vivido: "Ha habido grandes silencios respecto a las consecuencias personales y familiares de la violencia política". 

Radiografías

La Sociedad de Ciencias Aranzadi, una organización con una dilatada trayectoria en el País Vasco, también está inmersa en trabajos de este tipo. "Los ayuntamientos nos solicitan una radiografía sobre qué ha ocurrido en las últimas décadas en sus municipios: cuántas personas han padecido diferente tipología de represión, vulneración de derechos humanos o violencia de motivación política", detalla Javi Buces, investigador de Aranzadi.

Actualmente, esta institución realiza actuaciones de este tipo en media docena de localidades guipuzcoanas –entre las que se encuentran Orio, Hernani o Azpeitia–, así como en el municipio vizcaíno de Galdakao. En todos los casos se trata de proyectos impulsados y solicitados por los respectivos ayuntamientos.

Una vez concluida la radiografía de la violencia local elaborada por Aranzadi, los gobiernos municipales deciden los pasos concretos a dar con dicha información en materia de políticas de memoria o reconocimientos. "Nosotros no hacemos un relato, sino que damos un informe: tantas personas han sufrido tortura, tantas personas han sufrido extorsión económica y tantas personas fueron asesinadas por unos o por otros", remarcó Buces.