La aprobación de la ley de amnistía y el "estrés institucional" copa buena parte del segundo informe sobre el Estado de derecho en España que este viernes ha presentado la Fundación Hay Derecho, una entidad formada por juristas y otros profesionales que promueve la regeneración institucional. 

También ocupan un lugar destacado de este segundo informe los últimos nombramientos efectuados por el Gobierno en órganos constitucionales y en altas instituciones, como es el Consejo de Estado y el Banco de España. Todo ello, para denunciar la "marcada vinculación política" de las personas al mando de dichas instituciones. 

Uno de esos nombramientos adquiere especial importancia en el informe de la Fundación Hay Derecho, presidida por Segismundo Álvarez Royo-Villanova y cuya secretaria general es Elisa de la Nuez. La entidad logró, en noviembre de 2023, que el Supremo anulara el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no reunir el requisito de ser una jurista de reconocida competencia. 

Fue la primera vez que se revertía por vía judicial el nombramiento de la máxima autoridad del Consejo de Estado, que es una prerrogativa del presidente del Gobierno. 

La Fundación Hay Derecho impugnó el nombramiento de Valerio ante el Supremo, pero antes necesitaba que el Alto Tribunal legitimara su capacidad para recurrir este tipo de nombramientos. 

Y el Supremo le dio luz verde, indicando que la fundación, nacida en 2010,  "se ha hecho un lugar propio en el conjunto de formaciones de la sociedad civil española que persiguen finalidades de claro interés público o social". De esta manera, Hay Derecho ha quedado legitimada para recurrir los nombramientos en el ámbito del Estado de derecho que puedan incurrir en deficiencias o anomalías, a su entender.  

Tras la anulación del nombramiento de Valerio, el Gobierno nombró a la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado, un nombramiento que tampoco parece gustar a la fundación, que lo expone en el informe como un ejemplo llamativo de los nombramientos con vinculación política, al lado de la reciente designación de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, después de haber "sido titular de dos ministerios en sucesivos gobiernos del PSOE", consta en el informe.  

Otro ejemplo en el apartado sobre "la independencia de los órganos de contrapeso, a examen" lo constituye el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, del que se destaca que fue ministro de Educación (2009-2011) y portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid entre 2015 y 2021. 

Un currículo muy parecido al de Soledad Becerril, que fue Defensora del Pueblo entre 2012 y 2017 y que antes había sido ministra de Cultura, alcaldesa de Sevilla y diputada del PP. 

Precisamente, la Fundación Hay Derecho le había pedido al Defensor del Pueblo que recurriera ante el Constitucional la ley de amnistía. Esta semana Gabilondo ha rechazado presentar un recurso, alegando su respeto a las personas que ya han sido amnistiadas.

Otros nombramientos polémicos

El informe también se refiere a que los últimos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) adolecen de un sesgo político, en clara alusión al exministro de Justicia Juan Carlos Campo o a Laura Díez, ex alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez. 

Precisamente ambos han sido recusados junto con el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, por el PP y sus barones en los recursos de inconstitucionalidad que han presentado contra la ley de amnistía. 

Un apartado especial del informe de Hay Derecho se dedica a la Fiscalía General del Estado. Destaca en relación al último acuerdo entre el PP y el PSOE en materia de Justicia que no se podrá repetir "el caso Dolores Delgado", al imponer el requisito para ser fiscal general de no haber ocupado un cargo público representativo en los cinco años anteriores.

Hay Derecho cree que este requisito se queda corto y que es necesario separar la figura y el mandato del fiscal general del Gobierno que le nombra. Recuerda que Álvaro García Ortiz no resultó idóneo según el pleno del Consejo General del Poder Judicial, pero la fundación no dice que el CGPJ por entonces se encontraba deslegitimado por llevar casi cinco años en funciones y que la mayoría de los vocales, los nombrados por el PP, ejercían una labor política contra el Ejecutivo de Sánchez.

Los agujeros negros 

En cuanto al Poder Legislativo, la fundación recomienda reformar los Reglamentos de las Cámaras para lograr un procedimiento legislativo
"más participativo y más garantista, incluyendo audiencias de expertos
y la posibilidad de requerir informes a órganos consultivos". 

Advierte del abuso de los decretos-leyes por parte del Ejecutivo e insta a que se limiten a situaciones de "extraordinaria y urgente necesidad". También pide que se evite la presentación de proposiciones de ley por parte de los partidos que conforman el Gobierno para contribuir así a una mayor calidad democrática.