El 25 de octubre de 2019 el comité de empresa de profesores con contrato laboral (PDI) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) fue informado de la propuesta de sanción al profesor contratado laboral Camilo Prado Román, tras la instrucción de un expediente por su gestión irregular como director de un título oficial de la URJC: el máster de Alta Dirección.

El texto, al que ha tenido acceso este periódico, proponía suspenderle de empleo y sueldo durante un año y seis meses. Público ha podido saber que el rector acordó sancionarle, a pesar de la oposición de dicho comité de empresa, pero a fecha de hoy dicha sanción aún no se ha ejecutado.

El expediente a Camilo Prado se había iniciado por instrucción del rector el 8 de noviembre de 2018 a raíz de los hallazgos en la investigación del 'caso Máster' que provocó la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. Fue el propio rector quien ordenó investigar la operativa administrativa, contable y bancaria del Instituto de Derecho Público (IDP), organismo autónomo de la URJC y el centro clave del 'caso Máster'. Esta investigación derivó en la intervención y clausura del IDP, que dirigía Enrique Álvarez Conde. 

No obstante, Público ha podido saber que la sanción a Camilo Prado no solo no ha sido aún aplicada, sino que la URJC va a concederle, además, una plaza de titular; esto es, para toda la vida. Se trata de una plaza en el departamento de Economía de la Empresa, descrita como sigue en su publicación en en el BOE: "Perfil: Dirección y planificación financiera, valoración de empresas. Número de plazas: Una. Código de la plaza: Y132/DF006661/08-10-2019”. Prado no ha tomado aún posesión de dicha plaza.

Otro investigado, en la comisión que otorga la plaza

Entre los miembros de la Comisión juzgadora para otorgar dicha plaza figuraba el profesor Antonio Mateo Sanz –anterior subdirector y luego director del Centro Integral de Formación Permanente (CIFP)–, pese a que en ese momento se instruía otro expediente contra él, también ordenado por el rector, por presuntas infracciones muy graves con relación al CIFP y al IDP. De hecho, Antonio Mateo Sanz es mencionado en el expediente abierto a Camilo Prado, precisamente la persona a quien tenía que evaluar.

Algunas fuentes consultadas explican a Público que "era la plaza de Camilo Prado”. Y, efectivamente, lo era, porque solo se presentó un candidato: Camilo Prado, según puede comprobarse en la publicación de la valoración de la primera prueba del 11 de diciembre 2019, la de la comprobación de los requisitos del candidato. 

Valoración de la primera prueba del concurso para optar a una plaza de titular.

No consta que en este acto alguien advirtiese de la reciente sanción al candidato, ni se informase de la condición de expedientado de Antonio Mateo Sanz, uno de los examinadores.

Fuentes oficiales del rectorado explican a Público cómo se desarrolla un procedimiento de esta índole: "Es la Comisión Juzgadora [que se designa por el Consejo de Gobierno de la URJC a propuesta de los respectivos Departamentos] la que resuelve el concurso y la que, por unanimidad, propone el nombramiento para la plaza". Asimismo, dichas fuentes confirman a Público que en el expediente del concurso que llegó al rectorado "no se aprecia irregularidad administrativa en todo el procedimiento, ni recusación de los miembros del órgano calificador, ni recurso contra las resoluciones que se han adoptado".

Miembro del comité de empresa que rechazó su sanción

Al ser informado de la propuesta de sanción, el comité de empresa de profesores con contrato laboral (PDI) se opuso a la misma. Pero se da la circunstancia de que el propio Camilo Prado es también miembro de dicho comité: el sindicato CSIT Unión Profesional lo presentó en sus listas en las últimas elecciones sindicales del 4 diciembre de 2018, cuando ya se le había incoado el expediente. 

Enrique Álvarez Conde, antiguo director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, llegando a los juzgados de Plaza de Castilla | Foto: EFE

CSIT obtuvo tres representantes en este comité. A este sindicato CSIT también pertenecen familiares de Jorge Urosa Sánchez (anterior director del CIFP) que vienen siendo elegidos para otros organismos sindicales de la URJC (y también de la Complutense). Es el caso de David Urosa, miembro de la Junta de Personal de Administración y Servicios (PAS) de la URJC. Al Comité de Empresa PAS de la URJC pertenece, asimismo, Teresa Sánchez Magdaleno, ex gerente de la URJC investigada en el 'caso Máster'. 

Irregularidades de Prado en el máster de Alta Dirección

Las irregularidades por las que se propone al rector sancionar al profesor Camilo Prado tienen que ver con la comercialización en el ámbito internacional (Latinoamérica) de un título oficial de la URJC, el máster de Alta Dirección, así como con la irregular gestión de los exámenes en una operativa coordinada con el IDP y las empresas privadas que tenían encomendada la comercialización del máster, que gracias a ello obtenían gran beneficio.

Además, alguna de estas empresas comercializadoras estaba vinculada mercantilmente a Jorge Urosa Sánchez, también mencionado en la propuesta de sanción a Prado. Es el caso de EUDE Gestión Académica SL, propiedad al 70% de la Escuela Europea de Dirección y Empresa SL (EUDE) y de Jorge Urosa (20%), según la información sobre su constitución obtenida por Público del Registro Mercantil.

El Máster de Alta Dirección, cuya ficha puede verse en la web de la URJC,  se impartía en modo semipresencial, mayoritariamente online, y se comercializaba de dos formas: directamente por la Universidad y mediante escuelas privadas (empresas) colaboradoras en virtud de convenios firmados por la universidad. Dichas empresas eran en su mayoría escuelas de formación con oferta propia de títulos; es decir, títulos que no eran de la URJC.

Fuentes consultadas remarcan a Público que estas escuelas colaboradoras fueron contratadas por la URJC exclusivamente como comercializadoras y, en ningún caso, para docencia, gestión de exámenes, tutoría y evaluación de los Trabajos Fin de Master (TFM’s). Sin embargo, durante la investigación al IDP, se detectó un trasiego de pagos y cobros ente el IDP y estas escuelas, derivados de la gestión de exámenes de no residentes, sin que, además, el IDP  tuviera encomendada ninguna función de gestión con respecto de este máster.

El expediente a Camilo Prado Román destacó las siguientes irregularidades, de las que solo dos fueron objeto de propuesta de sanción, y por un total de un año y seis meses de suspensión de empleo y sueldo:

1) El máster de Alta Dirección que Prado dirigía triplicaba el número máximo de 300 alumnos que permite la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). No fue objeto de sanción porque se permitió por sus superiores.

2) La gestión de exámenes de alumnos no residentes se hacía por las escuelas comercializadoras sin que estas estuviesen habilitadas para ello y además, la cobertura de los gastos derivados se hacía a través del IDP -sin función asignada con respecto del máster-  y por tanto fuera del control y fiscalización de la URJC. Se propuso una sanción de un año de suspensión de empleo y sueldo

3) Los alumnos captados por las comercializadoras solo pagaban un 25% de la tasa oficial (único dinero que llegaba a la Universidad), frente al 100% que pagan los alumnos ordinarios pese a tratarse del mismo título. No se sancionó porque este menor pago figuraba en los convenios firmados por la URJC con las escuelas comercializadoras. La propuesta de sanción apunta a que estas escuelas usaban el Máster Oficial de la URJC como reclamo, incluyéndolo en un "pack" junto con sus cursos propios: “Queda demostrado el beneficio para las empresas, directo e indirecto, pues, como se ha explicado, el uso de cuentas del Instituto de Derecho Público y la realización de exámenes de un Master Oficial en el extranjero por parte de empresas privadas era condición y vía útil para la obtención de un beneficio económico derivado para la “comercialización” de un Master Oficial, en condiciones extraordinarias, en países de la América Latina y su uso en su propia oferta formativa”.

4) Se asignó un número desproporcionado de tutorías de Trabajos de Fin de Máster a familiares y amigos de Camilo Prado, director del máster: 38 a su hermano, Miguel Prado Román; 28 a su mujer, Alicia Blanco González, o los 30 TFM's asumidos por el propio Prado. Según la investigación, siete personas se acreditaron como tutores de, al menos, 283 TFM’s. En la práctica se limitaban a comprobar su entrega y poco más porque los tutores reales los aportaron las comercializadoras sin estar habilitadas para ello. Por esta irregularidad se propuso un sanción de seis meses de suspensión de empleo y sueldo.

En la propuesta de sanción se apunta a que Camilo Prado no actuaba solo ni era la voz cantante. Es decir, se sugiere la existencia de una trama. Así, en cuanto al cargo por la operativa con el IDP con relación a los exámenes del máster, la propuesta señala que “parecería más bien que el expedientado [Camilo Prado] ‘ha dejado hacer’ obedeciendo los diseños y decisiones que otros tomaban y colaborando en lo necesario en ellas”. Y en otro párrafo se concluye que “queda acreditado que [Camilo Prado] consintió y colaboró en su ejecución sugiriendo un grado menor de participación que el de otras personas.”