Caso VillarLa UCO se lleva documentación del Ayuntamiento de Rivas sobre un supuesto contrato irregular

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha llevado esta mañana de dependencias del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid documentos administrativos sobre un supuesto contrato irregular que asciende a 540.000 euros. Dicho contrato está adjudicado a Magein 2012, una empresa investigada desde julio en el caso 'Soule', sobre la supuesta trama de corrupción en torno al presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar.

Fuentes próximas a la investigación han explicado que el contrato investigado es el referente a unas obras relativas a la sustitución de césped artificial en campos de fútbol de la localidad: El Cerro del Telégrafo y Santa Ana, El Vivero y otras pistas de pádel en dos polideportivos municipales.

Como consta en el portal de Transparencia del propio consistorio, el procedimiento de adjudicación fue negociado por publicidad, aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas y se formalizó en septiembre de 2017, cuando ya se conocía que Magein 2012 estaba siendo investigada en el caso de la Real Federación de Fútbol.

El contrato tiene tres lotes que ascienden a 425.000 euros en el caso del primero y a 57.600 en el segundo y tercero. La adjudicataria es una de las empresas investigadas de la trama y su apoderado, Valentín Sainz-Rosas Ramírez es uno de los imputados en la causa, que continúa con diligencias.

Según fuentes del Ayuntamiento de Rivas, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz está investigando a dicha empresa en macrocausa judicial y dicha investigación se enmarca a un contrato de esta compañía, también con otras administraciones, y "no afecta al Ayuntamiento o a algún cargo público". "Los agentes nos han dicho que no tiene nada que ver con nosotros ni a ningún cargo público", recalcan desde el Consistorio, donde gobierna Izquierda Unida y Podemos (Rivas Puede).

La denominada 'operación Soule', que fue dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y en la que hay más de 40 imputados, destapó una red "clientelar" creada para el desvío de fondos de la federación.

Según apuntó el magistrado en sus autos, al menos desde 2009 Villar creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos como la propia Fundación y MUPRESFE (Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija) estableciendo un "clientelismo" tanto en la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros.

Villar cometió, añadía el juez, "excesos administrativos" por un lado con el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva (que utilizaba a modo de recompensa para premiar la lealtad de los presidentes de las federaciones afines o vetar a los que le eran contrarios) y, por otro, con la concesión de beneficios a los que habían favorecido su candidatura. Estas serían la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y la Federación Cántabra de Fútbol.

Precisamente, el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, está citado a declarar como investigado este mismo miércoles, 14 de marzo, ante el juez Pedraz por su presunta participación en esta trama corrupta.