El Supremo no facilitará los vídeos de las declaraciones en el caso del fiscal general para evitar filtraciones

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado entregar a las partes la transcripción por escrito de las declaraciones de la causa, pero no así de los vídeos, a los que podrán acceder solo en la sede del Alto Tribunal.

"Excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los jueces y tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones", ha explicado el magistrado. 

El instructor les rogó "la máxima discreción y el máximo escrúpulo en respetar" el secreto de sumario, con motivo de la declaración testifical del ex líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, el pasado 29 de noviembre. También advirtió que, "el sumario sigue siendo secreto en el sentido genérico del art. 301 LECrim., lo que implica que, por la razón de reserva que ello conlleva, está prohibida su difusión a terceros, por quienes ha tenido acceso a ella".

No obstante, señala, "no se puede obviar las filtraciones que a determinados medios han tenido varias actuaciones, lo que ya ha dado lugar a la deducción de particulares para su remisión al Juzgado de Instrucción correspondiente, a los efectos oportunos", de ahí que haya acordado limitar el acceso a los vídeos a las partes.

El Supremo no frena las filtraciones

Hurtado envió a los juzgados de Madrid las quejas del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y de la otra imputada en este caso, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la filtración de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; y otra queja de la acusación particular ejercida por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también por filtraciones.

Cabe recordar que el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, también tuvo que pronunciarse sobre este asunto después de que el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, le pidiera investigar la filtración del vídeo de su declaración del pasado 12 de diciembre. El magistrado lo rechazó pero admitió que, efectivamente, se trataba de una filtración "desgraciada".

Puente reconoció que las medidas que ha adoptado hasta el momento para frenar las filtraciones no habían tenido éxito y anticipó que en lo sucesivo extremará las cautelas para evitar, "en lo posible, que filtraciones semejantes vuelvan a producirse, aceptando por anticipado cualquier sugerencia razonable y factible que pueda proceder de cualquiera de las partes en esa dirección".