El novio de Ayuso pide analizar posibles mensajes de García Ortiz con cargos de Moncloa y periodistas

La defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al juez del Tribunal Supremo que analice posibles conversaciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con cargos de Moncloa y del Gobierno y con tres periodistas.

En un escrito, pide nuevas diligencias de investigación, entre ellas la imputación del teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe.

González Amador es acusación particular en la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos en torno a la filtración de un correo en el que la defensa del empresario admitía en su nombre haber defraudado a Hacienda para llegar a un pacto con el fiscal. 

Después de que la Guardia Civil hallase "0 mensajes" en los dispositivos del fiscal general entre el 8 y 14 de marzo —periodo de análisis fijado por el juez—, el abogado del empresario pide que se amplíe el análisis pericial a todos mensajes relacionados con los hechos que se investigan de "todas las conversaciones" que se hayan mantenido, en su caso, con la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera o el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, sin delimitación de tiempo.

También con su sucesor, Ion Antolín, que ha dimitido al frente de la Secretaria de Estado de Comunicación, y con la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espadas, además de varios periodistas.

Cambios de móvil

González Amador también solicita saber cuántas veces ha cambiado el fiscal general de móvil y que entregue los dispositivos que ya no usa, así como pedir información a las compañías telefónicas en torno a las líneas utilizadas por los investigados.

En el marco del escrito, pide al juez que requiera al delegado de protección de datos de la Fiscalía la "copia de los protocolos" relacionados con el uso de teléfonos móviles por parte de los fiscales, así como con el uso del correo electrónico personal.

También solicita la "relación de ocasiones en las que desde el 7 de marzo miembros de la Fiscalía General del Estado hayan cambiado de dispositivo".