El juez Pedraz cierra la puerta a profundizar en la investigación sobre la 'guerra sucia' contra Podemos

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido no profundizar en la investigación sobre el supuesto espionaje a dirigentes de Podemos realizado desde el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. Pedraz ha rechazado solicitar al Ministerio del Interior los expedientes de las dos principales operaciones secretas de la guerra sucia contra el partido, al que buscaban desprestigiar mediante la filtración de información falsa a determinados medios de comunicación.

La investigación en curso había destapado dos operaciones denominadas Venus y Bolívar, que carecían de autorización judicial. Ambas presuntamente buscaban implicar a los líderes de Podemos en casos de financiación ilegal, basándose en documentos falsificados. A pesar de las pruebas, el juez ha argumentado –según ha publicado El País– que estas operaciones no guardaban relación con la consulta de bases de datos policiales sobre los 69 diputados del partido tras las elecciones de ese año, tema que originó la investigación. La decisión fue recurrida el pasado 17 de diciembre por Podemos, que insiste en que ambas tramas sí están vinculadas a la querella inicial.

En la Operación Venus, la Policía investigó un informe apócrifo, conocido como PISA (Pablo Iglesias S.A.), que atribuía transferencias de dinero desde paraísos fiscales a una empresa vinculada al programa televisivo de Pablo Iglesias. Aunque el informe no estaba firmado por ningún funcionario, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) lo utilizó para iniciar una investigación secreta. La pesquisa, que incluyó consultas en bases policiales sobre Iglesias, se archivó diez meses después al no encontrar indicios de delito.

Por otro lado, la Operación Bolívar se centró en las declaraciones de un antiguo ministro venezolano, Rafael Isea, quien acusaba a líderes de Podemos de recibir pagos de Venezuela. Pese a que la investigación no logró confirmar las acusaciones, la información fue filtrada a la derecha mediática antes de que el caso se cerrara oficialmente en julio de 2016. Podemos ha denunciado que estas acciones buscaban impedir su llegada al Gobierno, como supuestamente habría revelado un comisario en una conversación con Isea.

Otro elemento de la Operación Bolívar fue la falsa acusación de que Pablo Iglesias poseía una cuenta en un paraíso fiscal en las islas Granadinas. Según documentos entregados a la UCDEF, esta cuenta habría recibido 272.325 dólares en 2014 desde el Gobierno venezolano. Sin embargo, la Policía concluyó que las pruebas eran insuficientes y archivó la línea de investigación. Podemos también ha señalado que el ciudadano venezolano que entregó los documentos falsificados recibió un permiso de residencia extraordinario del Ministerio del Interior.

Los morados han criticado la negativa del juez Pedraz a ampliar la investigación sobre estas operaciones y en su recurso reclaman acceder a los expedientes íntegros de ambas, insistiendo en que estos hechos reflejan una estrategia coordinada desde las altas esferas del Ministerio del Interior para dañar su imagen.