El fiscal general del Estado declara ante el juez por la filtración de información sobre la pareja de Ayuso
Álvaro García Ortiz niega haber divulgado el correo entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador e insiste en que solo ordenó mandar un comunicado para desmentir el "bulo" de 'El Mundo'.
![d4c1ec74db202bb5355d3040dfca23d257783ff3 El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al Tribunal Supremo, a 29 de enero de 2025. EFE/ Daniel González](https://imagenes.publico.es/files/image_horizontal_mobile/uploads/2025/01/29/6799fc5a9cc58.jpeg)
Madrid--Actualizado a
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya se encuentra en el Tribunal Supremo, donde está citado como investigado por presunta revelación de secretos en la causa que afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por fraude a Hacienda.
García Ortiz ha llegado a las 9:45 horas, quince minutos antes de su cita judicial, la primera de un fiscal general del Estado en calidad de investigado. Ha entrado por la puerta principal del tribunal acompañado de su abogada y sin hacer declaraciones a los medios, con una corbata con la balanza de la Justicia.
A su llegada a la sede del alto tribunal un reducido grupo de 5 personas ha increpado a García Ortiz con gritos de "criminal" y "sinvergüenza" en el momento en el que se bajaba del coche, mientras le ha recibido Javier Huete uno de los fiscales jefe de Penal del Tribunal Supremo.
García Ortiz afronta el interrogatorio aún al frente del Ministerio Público, después de que el Tribunal Supremo ratificara su nombramiento este martes. La Sala de lo Contencioso desestimó por unanimidad el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que pedía anular su designación.
Es la primera vez que un fiscal general del Estado declara como investigado ante un tribunal
Se trata de la primera vez que un fiscal general del Estado declara como investigado ante un tribunal. Según fuentes jurídicas, se prevé que el interrogatorio sea largo, a menos que García Ortiz opte por acogerse a su derecho a no declarar.
El juez Hurtado rechazó la petición de la Abogacía del Estado de posponer la comparecencia hasta completar otras diligencias, como la citación de González Amador o la intervención del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. La declaración está programada para las 10.00 horas.
Existe una importante expectación sobre las declaraciones de García Ortiz en torno a lo ocurrido entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía emitió bajo sus órdenes un comunicado en el que desmentía una noticia falsa de El Mundo. Dicho diario se hizo eco de una información que le proporcionó Miguel Ángel Rodríguez, en virtud de la cual el fiscal ofrecía un pacto al abogado de González Amador, a partir de un correo enviado el día 12, cuando luego se demostró que era al contrario.
No obstante, el foco de la investigación se centra en la filtración a la prensa de un correo del fiscal Julián Salto al abogado de González Amador. En ese correo, fechado el 2 de febrero, el letrado reconocía que su cliente había cometido "dos delitos contra la Hacienda Pública" en los ejercicios de 2020 y 2021.
En su último auto, el juez subraya que la clave de la investigación no es la nota oficial, sino la filtración del correo, que fue difundido "subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto". Según el magistrado, esto habría causado "un daño reputacional" al empresario al ser presentado como "un defraudador confeso, sin serlo".
El juez sostiene que existen indicios de que García Ortiz jugó un papel relevante en la filtración. Según la UCO, el fiscal general tuvo una "participación preeminente" en los hechos y "dirigió los pasos que llevaron a la filtración", aprovechando la "superioridad que ostentaba sobre otros fiscales".
Pese a ello, García Ortiz niega haber filtrado el correo y mantiene que su única intervención fue la publicación de la nota de la Fiscalía para desmentir un "bulo". La otra investigada en la causa, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también ha rechazado cualquier implicación en la filtración.
En su defensa, la Abogacía del Estado ha criticado el enfoque del juez Hurtado, argumentando que ha ignorado pruebas que demostrarían la falta de base para sostener las acusaciones. Según el escrito presentado por la Abogacía, la instrucción ha "desdeñado múltiples contraindicios" que ofrecen "una explicación alternativa y razonable" de lo ocurrido.
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