El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado como investigados a tres miembros de la Mesa de Contratación que adjudicó un contrato de publicidad del Plan Vivienda 2009-2010 -del ministerio dirigido entonces por Beatriz Corredor- que podría haberse utilizado para la financiación irregular del PSPV y del Bloc.

En concreto, ese juzgado ha citado el 11 de mayo a Rosario G.V. y Sandra S.F, respectivamente presidenta y secretaria de la Mesa de Contratación, y a José María A. G., el interventor que presumiblemente autorizó el pago y que formaba parte como vocal de la Mesa de Contratación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En esta causa se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación en un concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010, adjudicado a la empresa de comunicación Crespo Gomar por importe de 126.208 euros en enero de 2009.

La causa llegó a Madrid después de que la titular del juzgado número 21 de Valencia se declarara no competente para proseguir con la investigación que había iniciado, al constatar que los presuntos delitos no se habrían cometido en Valencia, motivo por el cual se inhibió en favor de los juzgados de Gandia, Benidorm y la capital de España.

Las adjudicaciones presuntamente fraudulentas tuvieron como beneficiaria a la agencia de comunicación Crespo Gomar y entre ellas se encuentra la que hizo el Ministerio de Vivienda para publicitar el Plan Vivienda 2009-2010.

Además de este contrato, se investigan otros adjudicados a empresas del mismo grupo de comunicación desde los citados consistorios de Gandia y Benidorm bajo gobiernos socialistas, y otros firmados con los ministerios de Sanidad -en la época en la que estuvo dirigido por Bernat Soria- y Medio Ambiente -Cristina Narbona-, a través de las empresas públicas Acuamed y Aguas del Júcar.

La jueza de Valencia consideró que "indiciariamente" podría tratarse de un caso de financiación irregular del PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y/o malversación.

"Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar", expuso la jueza en su auto.

En este auto de inhibición, hizo referencia a un informe que ella misma encargó a la Intervención General del Estado que constató irregularidades en la "práctica totalidad" de expedientes de contratación analizados.

Todos ellos estaban en relación a contratos adjudicados a Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010, el Ministerio de Vivienda en 2009 o el de Medio Ambiente en 2007, en todos los casos desde Administraciones controladas por el PSOE