Aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y dándose por hecho que el próximo año no será un año electoral, al Gobierno no le espera precisamente un camino fácil porque, a la vuelta de enero, tendrá que afrontar quiera o no quiera tres difíciles retos que no tienen una fácil salida.

El primero de ellos es que el Ejecutivo tiene ya que coger el toro por los cuernos de la financiación autonómica, un viejo compromiso del propio presidente del Gobierno pero que lleva desde 2018 buscando su momento para afrontarlo.

El Gobierno, intencionadamente, retrasó esta negociación en septiembre para no arriesgar los apoyos a los Presupuestos, pero ya no puede esperar más. La anunciada conferencia de Presidentes en enero, que se celebrará en La Palma, posiblemente sea el pistoletazo de salida para empezar a marcar directrices y abordar un nuevo modelo de reparto entre las comunidades.

Pero no está nada fácil y, mucho menos, para el propio PSOE, como se reflejó esta semana en la reunión en Santiago de Compostela, convocada por el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, y a la que acudieron cinco presidentes autonómicos socialistas que firmaron una declaración institucional con unos planteamientos para el nuevo sistema de financiación que difieren con los defendidos, por ejemplo, por el presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

Además, el Gobierno cuenta con que Madrid y su presidenta, Isabel Diaz Ayuso, irán a la confrontación en este asunto sea cual sea la propuesta que se presente. Y ya mirando a las futuras elecciones autonómicas este conflicto siempre es utilizado como ariete electoral en los territorios.

Lo que es seguro es que 2022, sea como sea, debe alumbrar un nuevo sistema de financiación autonómica, y no va a ser nada fácil hacerlo, al menos, por consenso.

El segundo gran reto que deberá afrontar el Gobierno es la anunciada reforma fiscal que, de nuevo, se aplazó para no contaminar la aprobación de los Presupuestos. También es un compromiso de Pedro Sánchez implantar un nuevo modelo de fiscalidad que va a afectar a numerosos impuestos.

Se está a la espera de que en febrero el grupo de expertos al que el Gobierno le encargó una propuesta fiscal, alumbre un documento con las líneas generales de sus planteamientos. Pero, luego, hay que decidir cuáles se aplican y cómo y cuándo se aplican.

La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya apuntó que en los Presupuestos de 2022 no habría grandes modificaciones fiscales, salvo el acuerdo con Unidas Podemos en torno al Impuesto de Sociedades, y que dicha reforma fiscal se llevaría a los Presupuestos para 2023.

Pero en este aspecto a nadie se le escapa las profundas diferencias en materia impositiva que hay entre Unidas Podemos y el PSOE, por lo que no se prevé un acuerdo fácil en esta materia. Incluso, hay quienes apuntan que si algo puede romper el Gobierno de coalición es el distinto posicionamiento de ambos partidos en este tema.

Y, finalmente, todo apunta a que el llamado conflicto catalán volverá a recobrar el protagonismo perdido en los últimos meses. Aunque el Gobierno vive ahora más tranquilo, es consciente de que la estabilidad que dan los Presupuestos tanto a España como a Catalunya llevan el foco ahora a la mesa de diálogo.

Además, el Gobierno cuenta con una nueva responsable en Política Territorial, la ministra Isabel Rodríguez; aunque Miquel Iceta seguirá teniendo un protagonismo relevante. Pero ERC va a empezar a pedir acciones y compromisos concretos que, como han dicho en muchas ocasiones, tienen como objetivo final un referéndum por la autodeterminación en Catalunya, por el que el Gobierno no va a pasar.

Los tres retos son de gran calado y su resultado final será el que defina esta legislatura. Ninguno está fácil para Pedro Sánchez, pero lo que aseguran desde La Moncloa es que hay la determinación de afrontarlos. En el fondo, tampoco les queda otra.