Quim Torra es desde este lunes el primer president de la Generalitat en sentarse en el banquillo de los acusados estando en activo. Y, como estaba previsto, Torra ha cimentado su declaración ante el TSJ de Catalunya como acusado de un delito de desobediencia en un contraataque construido sobre dos ejes.

El primero, la denuncia del carácter "ilegal" de los acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) que desobedeció, y que le urgían a retirar lazos amarillos, estelades y otros símbolos de distintos edificios de la Generalitat. Dos, que para mantenerlos contaba con el mandato democrático de los ciudadanos catalanes, y que se negó a obedecer en defensa de la libertad de expresión. 

En lo que toca a la JEC, Torra ha defendido que con estas resoluciones perseguía situarle "frente a una disyuntiva muy clara": hacerle obedecer un acto "ilegal", o hacerle prevaricar. Es posible que hayan cometido delito de coacciones", sostuvo. "Si, desobedecí, pero era imposible obedecer una orden ilegal", esgrimió.

Además, Torra ha recordado que impugnó los acuerdos de la JEC, y que aún no ha concluido este procedimiento, aunque esto no haya impedido que se celebre el juicio. "A veces la justicia corre mucho, y en otras ocasiones nada", criticó.

El president, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, Gonzalo Boye, ha afirmado también que la JEC "no es un órgano superior jerárquico" al máximo responsable de la Generalitat, y que por tanto no tenía competencia para ordenarle la retirada de estos símbolos. Su tesis es que, de cara a las elecciones generales del 28 de abril, él dependía de las juntas electorales provinciales. Las órdenes de la JEC, por tanto, eran nulas, ilegítimas, y esto lleva al segundo eje: suponían un intento de "censura", en opinión del president: "No estaba dispuesto a permitirlo". Pese a todo, Torra acabó retirando estos símbolos, si bien lo hizo fuera del plazo concedido por la JEC. 

Así, ha explicado el origen de los lazos amarillos, que datan de 1714, ha recordado que su significado es distinto al de las esteladas, y ha incidido en que estos lazos sirven para homenajear "a los que más han sufrido", en referencia a los 12 dirigentes independentistas condenados por el Supremo por su rol en el procés. 

El president ha declarado este lunes desde el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat), en Barcelona. Torra se enfrenta a una petición fiscal de un año y 8 meses de inhabilitación por haber desobedecido las resoluciones de la Junta Electoral Central, que en la precampaña de las elecciones generales del 28-A le exigió que retirara los lazos amarillos -en solidaridad con los presos del procés-, estelades y otros símbolos de las fachadas de distintos edificios de la Generalitat.  

Torra, que reconoció haber desobedecido a la JEC ya en instrucción, publicó un mensaje este domingo en Twitter en el que afirmaba que acudiría al juicio para acusar al Estado de vulnerar sus derechos. Negó que fuera a aprovechar la vista oral para defenderse, e incidió en que había cumplido con su deber de defender los derechos y libertades de los catalanes. 

El juicio oral ha arrancado este lunes pasadas las 9.05 horas, y antes de su declaración, en torno a las 11.00, han tenido lugar las cuestiones previas. La Fiscalía ha reclamado que no se emitan imágenes de los 11 policías nacionales que declararán como testigos este lunes, y la defensa de Torra ha pedido la nulidad de todas las actuaciones por la supuesta vulneración del derecho a un juez imparcial, incluso desde la instrucción de la causa. El presidente del tribunal y del TSJCat, Jesús María Barrientos, ha rechazado las cuestiones planteadas por la defensa, salvo su petición de añadir cuatro acuerdos de la JEC como prueba documental. 

"La Fiscalía no es imparcial: vela por los intereses del Estado"

Horas después, en su turno de última palabra, antes de que el juicio quedase visto para sentencia, Torra ha cargado contra la Fiscalía, apoyándose en declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En la recta final de la campaña electoral al 10-N, Sánchez afirmó que el Ministerio Fiscal dependía del Gobierno. "Sánchez dijo que el Ministerio Fiscal dependía del Estado y, por lo tanto, ya no es un organismo imparcial, sino que vela por los intereses del Estado". Por esto mismo, apuntaba, no ha respondido a las preguntas del Ministerio Público. 

Y, en el mismo tono que en su intervención inicial, Torra se ha marcado un nuevo alegato muy político, en el que ha advertido al tribunal de que le pueden condenar, pero no "cambiarán la legitimidad de los que me eligieron ni el compromiso que yo tengo con el pueblo de Catalunya".

Rifirrafe con el presidente del tribunal a cuenta de Vox

En otro orden de cosas, la declaración de Torra comenzaba con cierta tensión, cuando el acusado se veía interrumpido por el presidente del tribunal. El president afirmó que no respondería a la acusación popular del partido ultraderechista Vox por ser un “partido franquista”. 

El presidente del tribunal y del TSJCat, Jesús María Barrientos, le interrumpía: “No se le permite ninguna manifestación ofensiva o descalificadora a las partes”. “No voy a permitir ese tipo de descalificaciones”, le espetaba.

Poco después, Torra lanzaba otro dardo al presidente del tribunal, así como al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, que en febrero de 2018 abandonaron un acto cuando el presidente del Parlament, Roger Torrent, se refirió a los entonces presos provisionales del procés como "presos políticos". Torra ha afirmado que el eslogan pidiendo libertad para estos presos, plasmado en una pancarta que estuvo colgada en el balcón del Palau de la Generalitat, es legítimo aunque "incomode a alguien", "por mucho que alguien se levante de la sala cuando hablamos de presos políticos". 

Arropado por Torrent, Aragonès y Mas

A su llegada a las inmediaciones del TSJCat, Torra se ha dado todo un baño de masas. Se ha visto arropado por el president del Parlament, Roger Torrent, su vicepresident, Pere Aragonès, o el expresident Artur Mas, así como por otros cargos del Govern -como su portavoz, Meritxell Budó- y diputados de JxCat, ERC y la CUP, y representantes de la ANC y Òmnium Cultural, entre otras organizaciones independentistas.

Torra ha recorrido caminando los escasos metros que separan el Arco del Triunfo de la escalinata del tribunal, mientras cientos de personas le trasladaban su apoyo. Han coreado su nombre, intercalándolo con gritos a favor de la independencia, mientras lucían lazos amarillos y prendas del mismo color.

Vox renuncia a varios testigos y acelera el juicio

Al testimonio de Torra le ha seguido el de cuatro agentes de Policía Nacional, si bien inicialmente se citó a 11 agentes como testigos. Tras ellos tomó la palabra el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius.

Sólo la acusación de Vox había pedido la citación de los testigos de la tarde, si bien el partido ultra ha renunciado a sus testimonios. Son el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch; la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera; la exportavoz del Govern y concejal en Barcelona, Elsa Artadi, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y el presidente de Cs en el Parlament, Carles Carrizosa.

Esto ha acelerado considerablemente el desarrollo de la vista oral; al final de la mañana las partes elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales, y por tanto la tarde se destinará a los informes finales y al turno de última palabra que previsiblemente utilizará Torra.

Esto significa que la Fiscalía mantiene su petición de un año y 8 meses de inhabilitación para Torra por desobediencia, así como una multa de 30.000 euros. Vox, por su parte, añade a la desobediencia la acusación por denegación de auxilio, y quiere imponerle 2 años de inhabilitación y una multa de 72.000 euros. La defensa reclama la libre absolución.