Al cumplirse un año desde que Younes Abouyaaqoub mató con su furgoneta a 14 personas –e hirió a otras 128– que paseaban por Las Ramblas de Barcelona, la superviviente Ana Cortés –quien esquivó por muy poco el vehículo asesino– hizo de portavoz de las víctimas y su carta de denuncia contra políticos y autoridades del Estado fue demoledora:

"La única ayuda que recibimos fue de las fuerzas de seguridad, los equipos de emergencias, la Cruz Roja, los Bomberos, el 061, la UAVAT y otras víctimas (...) Nos sentimos engañados, abandonados, incomprendidos, tristes, pero muy unidos y con muchas ganas de recuperar nuestras vidas (...) tras un año que ha sido durísimo, de incomprensión. Señores políticos: es el momento de evitar que esto se repita, que no se manipule el dolor de las víctimas y que no se politice el dolor".

A pesar de este alegato, algunos dirigentes han seguido utilizándolas en su propaganda, y su situación no ha cambiado gran cosa desde que el pasado 17 de agosto vieron cómo acudían a Barcelona tantos políticos deseosos de hacerse fotos junto a los que tuvieron en el olvido durante todo el año transcurrido. Y los que ahora intentan obtener algún tipo de ayuda o indemnización por el terror que padecieron en aquella jornada aciaga de 2017 siguen topándose con la fría burocracia de unas normas claramente privadas de calor humano.

"Usted puede ser considerado como víctima del terrorismo exclusivamente a los efectos indicados en el Fundamento anterior [a efectos honoríficos], por lo que su petición de indemnización por daños personales derivados del acto terrorista en el que falleció su nieto se ha de desestimar, sin perjuicio de que continúe con la ayuda psicológica", es la respuesta que ha recibido desde el Ministerio del Interior el abuelo de uno de los asesinados por el terrorista yihadista.

La Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo fue desarrollada en septiembre 2013 con un Reglamento que prevé la posibilidad de recibir indemnización en caso de sufrir secuelas psíquicas "como consecuencia del paso del tiempo" tras un atentado. Poco más de un año después, el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy afirmaba a este diario que la propia Esperanza Aguirre podría solicitar una compensación económica si acreditaba secuelas físicas o psíquicas por haber vivido los atentados de Bombay, en 2008.

"Yo no vi terroristas, sólo la sangre por la que tuve que pisar descalza", relató la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, que huyó a gatas de la recepción del hotel atacado, hasta las cocinas. Pero en 2014 fuentes de Interior aseguraron a Público que Aguirre podría aducir secuelas psíquicas seis años después de esa experiencia "como cualquier otro español que haya sufrido una situación similar".

Porque las secuelas psicológicas de vivir de cerca un atentado terrorista, aunque no se sufran lesiones físicas o la pérdida de seres queridos, pueden presentarse bastante tiempo después. Y el reglamento aprobado hace cinco años también reconoce a víctimas que, aunque en primer momento no presentaran secuelas físicas o psíquicas, las padecen más tarde como consecuencia del paso del tiempo. Igual que las heridas iniciales pueden acabar causando la muerte mucho después.

Sin embargo, numerosas personas que asistieron al atentado de Las Ramblas y que ahora reclaman una indemnización por secuelas psíquicas ven denegada su petición desde el Ministerio con argumentos como que no recibieron asistencia inmediata tras presenciar la acción terrorista o que no está suficientemente acreditado el "nexo causal" de su dolencia con la experiencia vivida durante la masacre.

"No se cumple un nexo causal de adecuación temporal"

"Transcurren 8 meses entre la fecha del atentado y el comienzo de su baja laboral, por lo que no se cumple el criterio de nexo causal de adecuación temporal, no siendo posible por tanto considerar a dicho atentado como el desencadenante directo de dicha baja laboral", reza una de las respuestas de la Subdirección de Víctimas del Terrorismo.

"Al no haberse podido establecer el nexo de causalidad entre la patología que Ud. padece con el referido acto terrorista, se va a realizar propuesta de resolución desestimatoria de su petición. Acreditada su presencia en el atentado, Ud. tiene derecho a solicitar una condecoración, esto es, una insignia", expone otra negativa.

"Según consta en el informe psicológico emitido, la interesada recibe tratamiento desde los 20 años. Actualmente está bajo tratamiento con Diazepan, Rivotril y Sertralina por padecer trastorno trastorno límite de la personalidad y bulimia nerviosa, según informe médico. Los informes aportados no relacionan su patología como efecto del atentado como causa exclusiva. No es posible por tanto aplicar el criterio de exclusión, es decir, excluir que otra causa puede ser el responsable del trastorno, ni el criterio de causalidad de integridad anterior", argumenta otra denegación de reconocimiento.

El misterioso "listado de heridos" de la Generalitat

Más extraño todavía es el argumento de que "la interesada no aparece en el listado de heridos elaborado por la Generalitat de Cat. Y la documentación aportada no acredita su presencia en el lugar concreto de los hechos. Por lo que no puede ser titular de los derechos y prestaciones regulados en la Ley". Y decimos extraño porque la propia Generalitat de Catalunya niega haber elaborado un listado de heridos... salvo que se refieran a las primeras listas incompletas de víctimas que se fueron recopilando desde los equipos médicos de socorro y los diversos centros hospitalarios a los que acudieron las víctimas.

En la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (UAVAT) –que ha atendido a 175 demandantes de asistencia como afectados por la matanza– desconocen ese "listado de heridos" pese a haber intentado rastrearlo. Lo que sí tienen claro es que más de la mitad (el 52,3%) de los solicitantes de Reconocimiento de Víctima del Terrorismo han tramitado también una petición de ayuda psicológica.

Las psicólogas forenses que trabajan en UAVAT subrayan que al menos el 60% de los que han vivido un acto terrorista padecen después trastornos psicológicos aunque no hayan padecido también lesiones físicas. Trastornos que en un 20% de los casos empeoran con el tiempo.

No obstante, entre los motivos de denegación de las ayudas esgrimidos por Interior destaca el de ser "testigo de los hechos pero no haber estado en el lugar exacto" por el que embistió la furgoneta del asesino. Así han visto rechazada su solicitud personas que trabajaban en ese momento en tiendas o quioscos de Las Ramblas, que se vieron obligadas a auxiliar heridos o fugitivos de la matanza o que incluso tuvieron después que limpiar restos humanos de esos lugares.

Igualmente, se ha denegado la indemnización a familiares directos de heridos o incluso fallecidos, simplemente porque ellos no estaban presentes cuando sus seres queridos fueron asesinados:

"De acuerdo con lo expuesto, usted puede ser considerada como víctima a efectos honoríficos, por lo que su petición de daños personales derivados del acto terrorista en el que falleció su hermano se ha de desestimar, sin perjuicio de que pueda solicitar ayuda para tratamiento psicológico hasta un límite de 3.600€ y la concesión de la Insignia de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo como familiar de D. Xavier M. M.", es una de las respuestas.

Desde el Ministerio del Interior se subraya que en este tiempo se ha visitado a muchas familias en sus domicilios y que, tras el atentado, la directora general de apoyo a las víctimas del terrorismo, Sonia Ramos, se trasladó a Barcelona con un equipo de cinco personas e instaló una oficina de apoyo en la Delegación del Gobierno, activa del 22 el 29 de agosto, para ayudar en la presentación de las solicitudes de indemnización.

Pero ese breve periodo de apoyo activo en Barcelona a las víctimas, por parte del Ministerio del Interior, fue claramente insuficiente. Como se demuestra comprobando que más del 80% de los que acudieron a solicitar ayuda a UAVAT no conocían sus derechos ni habían presentado una denuncia penal; y tres cuartas partes de ellos no habían tramitado solicitud ninguna al Ministerio.

Es evidente que la inmensa mayoría de los ciudadanos ignora qué hay que hacer tras padecer una experiencia tan traumática (física o psíquicamente) como ésa, por lo que difícilmente se puede dar una asistencia completa a los afectados en una sola semana de atención presencial en la ciudad sacudida por el atentado. En ese plazo, la mayor parte de las víctimas todavía no llegaron a recuperarse del shock personal como para ocuparse de reclamar sus derechos.

La carta de Colau a Marlaska: "...como ya ocurrió tras el atentado de Hipercor hace treinta años"

Y la prueba fehaciente de ello fue la carta que la alcaldesa Ada Colau dirigió el 4 de julio pasado al ministro Fernando Grande-Marlaska, explicándole sin ambages que la asistencia de Interior a las víctimas se demostraba manifiestamente ineficaz cuando ya habían transcurrido once meses desde la masacre:

"Desde el Ayuntamiento de Barcelona nos hemos reunido con muchas de estas víctimas y hemos constatado que la mayoría o bien desconocen los detalles del proceso o bien topan con dificultades burocráticas para seguir los procedimientos establecidos. Por este motivo, hemos impulsado un servido de apoyo asistencial, jurídico y legal a todas las víctimas".

"Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y dada la proximidad de la fecha límite para formalizar las solicitudes, numerosas personas podrían quedar excluidas debido la complejidad del proceso o por falta de información, como desgraciadamente ya ocurrió tras el atentado de Hipercor hace treinta años. Muchas nos han manifestado su preocupación por no llegar a tiempo y nos han expresado la necesidad de alargar el plazo administrativo para facilitarles el acceso a las ayudas que les corresponden".

El ministro respondió a esa misiva dos semanas después asegurando que en los casos de víctimas que excedieran el año marcado por ley para reclamar se buscaría una solución en la que "prevalezcan los derechos de los afectados por encima de los plazos legales".

Pero esas soluciones no parecen llegar y Roberto Manrique, portavoz de UAVAT, se indigna de que no haya ninguna oficina de atención a las víctimas en Barcelona –por lo que los afectados tendrían que viajar a Madrid como única vía de pedir asistencia oficial si no existiera su organización de apoyo– y denuncia la ausencia de interlocutor gubernamental para los familiares que han visto destrozada su vida aunque no estuvieran en el lugar de los hechos.

Él mismo víctima del atentado etarra en Hipercor, Manrique considera vergonzoso que "estemos viviendo situaciones calcadas a las que padecimos hace treinta años. ¿No hemos aprendido nada en todo este tiempo sobre la devastación personal de los que padecen un atentado así? ¿Tan difícil es para el Gobierno ofrecerles una atención directa de apoyo psicológico?"