La confección de nuevos presupuestos para 2025 será la máxima prioridad para el último trimestre de este año, tanto en el Govern de la Generalitat como en el del Estado. Éste es el encargo que ha hecho el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la nueva consellera de Economia, Alícia Romero. Y también el Gobierno español parece decidido a sacar adelante las cuentas para el próximo año. Ahora bien, el camino para alcanzar el objetivo de tener en vigor los presupuestos el 1 de enero de 2025 será empinado para ambos gobiernos. La dependencia de los partidos independentistas, inmersos en debates internos tras los resultados de las elecciones catalanas del 12 de mayo, complica la negociación que debería desarrollarse en los próximos dos meses.

En el caso de los presupuestos del Govern de la Generalitat, Salvador Illa necesitaría sólo a ERC −junto a los Comuns− que ya ha sido definido como socio prioritario. Pero la tensión interna que vive en estos momentos Esquerra, entre los llamados roviristas y junqueristas hace poco viable que el partido se centre en una negociación de estas dimensiones. En el caso de los presupuestos generales del Estado, Pedro Sánchez requiere el concurso de ambos partidos independentistas, tanto de ERC como de Junts. Y a la situación de los republicanos se añade la complicación del proceso de reordenación interna puesto en marcha por Junts, tanto desde el punto de vista estratégico como sobre el papel del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Centrados en los respectivos congresos

De momento, fuentes de ambos partidos independentistas ven difícil que se pueda llegar a ningún acuerdo antes de que se celebren los respectivos congresos, tanto en lo que se refiere a las cuentas de la Generalitat como a las del Estado. El de Junts está previsto para el fin de semana del 26 y 27 de octubre. Y el de ERC tiene fijada fecha para el 30 de noviembre, si es que no hay un adelanto tal y como piden los partidarios de Oriol Junqueras y está evaluando la dirección del partido. Estas mismas fuentes no se cierran a la negociación y admiten que se pueden mantener contactos y explorar el terreno en las próximas semanas, pero no creen posible poder cerrar un acuerdo en el tiempo y forma que plantean los gobiernos catalán y español.

En el caso de la Generalitat, Salvador Illa no quiere perder ni un minuto y ya ha ordenado los primeros contactos preliminares tanto con ERC como con los Comuns. Según la consellera portavoz del Govern, Sílvia Paneque, "los presupuestos son la prioridad fundamental" del Govern, que quiere asegurarse de que Catalunya tiene "unos presupuestos para desarrollar no sólo los acuerdos con ERC del pacto de investidura sino también los principales retos del país".

El objetivo de Illa es que el Consell Executiu apruebe el proyecto de presupuestos a principios de noviembre para enviarlos al Parlament y que puedan entrar en vigor el mismo 1 de enero de 2025. Fuentes de ERC dan por imposible este calendario si no hay finalmente un acuerdo para el adelanto del congreso del 30 de noviembre. Desde las dos principales candidaturas de ERC existe el convencimiento de que no sería adecuado cerrar un acuerdo de presupuestos antes de que se aclare quién pilotará la próxima etapa del partido.

Por el momento, los republicanos sitúan la negociación en el terreno del grupo parlamentario, que tiene dos destacados roviristas al frente: el presidente del grupo, Josep Maria Jové, y la portavoz, Marta Vilalta. Dos habituales piezas claves en las negociaciones del partido, bajo la dirección obviamente de la secretaria general, Marta Rovira. Pero se puede buscar una posibilidad de consenso para trabajar y poder avanzar en una negociación de presupuestos que pueda tener listo, para después del congreso del partido, un posible acuerdo −si fuera el caso−, gane quien gane. Esto supondría que −como en el caso de las conversaciones para la investidura de Illa− en el equipo negociador participen destacados junqueristas como Juli Fernàndez u Oriol López. Pero en cualquier caso, la creciente tensión interna entre ambos sectores hace difícil que ERC pueda afrontar la negociación presupuestaria con la serenidad necesaria.

En el caso de los presupuestos generales, el Gobierno tiene una primera fecha en el 30 de septiembre −que fija el marco constitucional− para enviar el proyecto de presupuestos al Congreso. Obviamente, Pedro Sánchez podría tomar la decisión de enviarlos sin contar con los apoyos necesarios cerrados. Pero lo que parece descartado es que en las cinco semanas que quedan se pueda llegar a un acuerdo. A las dificultades del calendario y la tensa situación interna de los republicanos, en el caso de las cuentas estatales se suma las fuertes reticencias expresadas por Junts y su proceso de reordenación interna.

La apuesta estratégica que fije Junts marcará la negociación

Al margen del futuro político de Puigdemont, y si el expresident de la Generalitat regresa a la presidencia del partido, Junts prevé reconfigurar su estrategia, tras la derrota electoral del 12 de mayo y de que Salvador Illa haya sido investido president de la Generalitat. Como principal partido de la oposición y con el objetivo de asumir el liderazgo del independentismo, desde Junts prevén mantener el duro tono que ya practicaron con el Govern de Pere Aragonès y tensionar las relaciones con el Gobierno español. Con lo que se descarta cualquier apoyo a los presupuestos de Illa, pero también advierten que no lo pondrán fácil para aprobar los de Sánchez.

Según la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, Junts "no forma parte de ningún bloque español". "Nuestro bloque es y ha sido desde el minuto uno Catalunya", advierte Nogueras, en un distanciamiento del bloque de la investidura de Sánchez, que perfila muchas complicaciones en la negociación presupuestaria. Más allá de las partidas presupuestarias concretas, fuentes de Junts ponen el foco en dos exigencias prioritarias: "Hacen falta mecanismos de cumplimiento presupuestario para que no se repita la estafa de cada año con el bajo nivel de ejecución presupuestaria en Catalunya". Y también exigen "una posición clara y contundente" de Pedro Sánchez y su Gobierno "contra los jueces del Tribunal Supremo que están incumpliendo la ley de amnistía" y que han rechazado aplicarla a Puigdemont, entre otros independentistas.

Desde el entorno de Puigdemont se advierte de que "Junts tiene agenda y criterio propio, basado en la defensa de los intereses de Catalunya" y descartan facilitar las cosas al PSOE "sólo porque es el mal menor frente al PP y Vox". "Con el 155 ya aprendimos que el PSOE, cuando conviene, también forma parte del mal mayor", añaden criticando lo que consideran "seguidismo de los socialistas" por parte de ERC. "Ya lo hemos demostrado en el Congreso votando en contra de lo que nos ha parecido oportuno", recuerdan desde la formación postconvergente. Desde Junts no cierran totalmente la puerta a un acuerdo de presupuestos con el Gobierno español, pero todo indica que será una negociación complicada y que, en cualquier caso, no será con el calendario que quisiera la Moncloa.

ERC exige el cumplimiento de todos los acuerdos

En cuanto a ERC, el cumplimiento de los acuerdos previstos marcará la relación y negociación con los dos ejecutivos socialistas. Entre ellos, la nueva financiación "singular" es una pieza nuclear y la portavoz de los republicanos, Raquel Sans, ya ha dejado claro que "si los socialistas incumplen su palabra con la financiación singular u otras medidas incluidas en el acuerdo, ERC retirará su apoyo y los socialistas tendrán que buscar otras alternativas o convocar elecciones". También el traspaso de la primera línea de Rodalies a principios de año, la R1 del Maresme, será un punto clave.

Respecto a los presupuestos de la Generalitat, ERC prevé poner el foco de la negociación presupuestaria en que incluyan partidas suficientes para "la lucha contra la sequía, la necesidad de mejorar la educación y la defensa de la sanidad, la creación de puestos de trabajo y el impulso de la lengua catalana", según fuentes de los republicanos. También pondrán sobre la mesa aspectos de fiscalidad que quieren que sea "progresiva y equitativa". Desde ERC recuerdan que en su etapa en el Govern "hemos incorporado 24.000 profesionales más al sistema sanitario y otros 10.000 maestros en las escuelas e institutos del país que demuestran nuestra apuesta decidida por los servicios públicos". Una mejora de los servicios públicos que el PSC también asegura haber puesto en el eje central de su acción de Gobierno, y que los republicanos exigen que se demuestre "con hecho y no con palabras".

Presupuestos claves en Barcelona y Madrid

La de presupuestos es, seguramente, la ley más importante anual de cualquier Gobierno, pero en el caso de los de 2025 son especialmente importantes para los dos Ejecutivos socialistas en Barcelona y Madrid. Para Salvador Illa son los primeros de su legislatura, después de haber renunciado a los del 2024 rechazando recuperar el acuerdo de presupuestos ya establecido con ERC que no pudo aprobarse. Lo que hace que tenga que arrancar su presidencia gobernando con presupuestos prorrogados, y unas nuevas cuentas permitirían definir mucho mejor las políticas propias del nuevo Govern socialista. Además, aprobar presupuestos daría solidez a un Govern que cuenta con un exiguo apoyo parlamentario de 42 diputados. Y apuntalaría la mayoría de la investidura entre PSC, ERC y Comuns, de momento parlamentaria y ya se verá si más adelante con la incorporación al Consell Executiu.

En el caso del Gobierno español, los presupuestos del 2025 también se han convertido en un objetivo nuclear, después de que Pedro Sánchez renunciara a presentar los del 2024 debido a la convulsión política que provocó el anuncio de las elecciones avanzadas en Catalunya.

Conseguir aprobar presupuestos sería una demostración de fuerza y solidez de un Ejecutivo del PSOE y Sumar que enfrenta una de las legislaturas más complejas de la democracia española, ya que depende en el Congreso de las fuerzas independentistas catalanas, de los grupos vascos y gallegos y de Podemos. Una suma aritmética compleja, no siempre fácil de conseguir, y que genera una gran inestabilidad que un acuerdo de presupuestos contribuiría en gran medida a apaciguar.