SEVILLA.- El PSOE andaluz tiene 47 diputados en el Parlamento, y dos de ellos están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por supuestos delitos de estafa y prevaricación. No son parlamentarios rasos, al contrario, ambos son personas muy próximas a la presidenta Susana Díaz y de su absoluta confianza: uno es un veterano miembro del Gobierno andaluz y dirigente socialista de Málaga, Luciano Alonso (que ha ostentado las carteras de Turismo, Educación, Cultura y Empleo) y el otro es un amigo de Díaz de su época en Juventudes Socialistas, conocido muñidor de intrigas orgánicas en el PSOE de Sevilla: Carmelo Gómez.

Ambos, en especial Alonso, están al borde de un procesamiento judicial incompatible con su puesto de diputado, según los estatutos del partido. El código ético del PSOE establece que “cualquier cargo público u orgánico al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal deberá dimitir de su cargo en el momento en que se le dé traslado del auto de apertura del mismo”. En ese caso, el afectado deberá solicitar la baja voluntaria o, en caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido.

En efecto, Susana Díaz ha ordenado marcar distancias con los dos diputados señalados, anunciando que tanto Alonso como Gómez deberán dimitir si el juez les abre juicio oral. Pero tanto la defensa del acusado como la dirección del PSOE-A sostiene que ese momento “formalmente no ha llegado aún”. Fuentes judiciales aseguran que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal andaluz dé ese paso “formal” “en los próximos días”, para fijar el juicio a principios del año que viene. Hasta ese instante, tanto el Gobierno andaluz como la ejecutiva socialista tira de manual y trata de armar un relato de “contundencia y respeto a la justicia”, que no salpique la imagen de la presidenta.

Lo que no ha pasado desapercibido para nadie en el Parlamento andaluz es que ahora la presidenta y líder del PSOE-A se ciñe al código ético de su partido, sin embargo, un año atrás, ella misma, sin consultar ni informar a la dirección federal, exigió la dimisión de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán tras ser imputados por el Tribunal Supremo en el fraude de los ERE. Los grupos de la oposición, excepto Ciudadanos, creen que el exconsejero ya está señalado y se sentará en el banquillo, y que Díaz sólo trata de ganar tiempo.

Entonces Díaz rebasó por su cuenta la normativa interna del partido, en una decisión que levantó ampollas entre la vieja guardia del socialismo andaluz (muy cercana aún a los exmandatarios) y también en Ferraz, donde se enteraron del anuncio de la sevillana por los medios. Griñán dimitió como presidente de la Junta en 2013 acosado por la investigación y por la presión de sus rivales.

Dos años después, Chaves y él tuvieron que abandonar sus cargos en el Congreso y en el Senado, porque Ciudadanos había exigido su destitución inmediata a cambio de apoyar la investidura de Susana Díaz tras las elecciones andaluzas de 2015. El acuerdo entre ambas formaciones incluye, entre sus puntos, que ningún imputado puede ostentar cargo público alguno. Los más veteranos del PSOE-A afearon a la presidenta que hubiera “vendido tan pronto a sus padres políticos sólo para garantizarse el sillón de mando”.

Casualmente, entre los veteranos críticos a los que escoció el trato que Díaz dio a sus antecesores no figuró Luciano Alonso, siempre fiel a la presidenta. Ahora, sin embargo, es él quien está en el mismo episodio judicial que le costó la cabeza a Chaves y Griñán. La Fiscalía ha pedido 14 años de inhabilitación para el exconsejero, al que acusa de un delito de prevaricación por nombrar a tres ‘directivos fantasmas’ en el Centro Andaluz del Flamenco, personas que nunca ejercieron el cargo por el que cobraban.

Ciudadanos, el partido que sustenta al Ejecutivo de Díaz y que reclamó la cabeza de los expresidentes como condición a apoyar su investidura, dice estar “vigilante” respecto a la situación procesal de Alonso y de Carmelo Gómez, pero hasta ahora no ha exigido la dimisión de ninguno de ellos. “No hay motivos ni indicios para achacar corrupción política al exconsejero”, afirma el partido naranja, que asegura que la comparación con los casos de los expresidentes andaluces “no ha tenido lugar”, pese a que a Chaves se le imputa el mismo delito que a Alonso (prevaricación administrativa). C’s está “seguro” de que dejará su acta de diputado si el TSJA le abre juicio oral.

La respuesta de la formación de Albert Rivera hay que enmarcarla en el contexto político inmediato. El PSOE-A y Ciudadanos aprobarán la próxima semana sus segundos presupuestos autonómicos en esta legislatura, un acuerdo que da estabilidad al Gobierno andaluz y reafirma el perfil político de Susana Díaz. Los diputados naranjas, que iniciaron la legislatura exigiendo una comisión de investigación en el Parlamento sobre el fraude de las ayudas para formación, han rebajado mucho la presión sobre los socialistas, hasta el punto de que en las sesiones de control al Gobierno, el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, dedica más tiempo a criticar al PP que a cuestionar a Díaz. Con esta estrategia, los naranjas creen estar comiéndole el terreno a los populares, mostrándose como una oposición útil y centrista. El PP, por su parte, reprocha a la formación naranja que sirva de “muleta” de la presidenta de la Junta, y que aún no haya exigido la dimisión inmediata de Alonso y de Carmelo Gómez.

Sobre el exconsejero, la dirección regional del PSOE ha tirado de manual, apelando a la presunción de inocencia de Alonso, hasta que hace unos días leyó el rotundo pronunciamiento del fiscal. El exconsejero, dice este en su auto de acusación, ha utilizado “las facultades que dicho cargo le confería para beneficiar a personas relacionadas con el PSOE con puestos de libre designación y naturaleza eventual, a sabiendas de la absoluta falta de idoneidad de los nombrados para el desempeño de las funciones que dichos puestos tenían asignadas legalmente, así como que, a pesar de percibir los ingresos previstos presupuestariamente para ellos, no las desempeñarían en modo alguno”. A partir de aquí, Susana Díaz apela al código ético del PSOE como una forma de “dar patadas al balón hacia adelante”, consciente de que si Alonso y Gómez caen, “serán los primeros procesados bajo su mandato por un delito asociado a la corrupción”, admite un parlamentario socialista. En ese caso, el mensaje de la presidenta será el de “rotundidad”, exigiendo la dimisión inmediata de ambos y la renuncia provisional a la militancia. Fuentes parlamentarias aseguran que el exconsejero renunciará a su acta en cuanto reciba notificación oficial de la apertura de juicio oral (“aún no se le ha notificado”). En ese caso, Alonso perderá su aforamiento, pero previsiblemente su caso seguirá en manos del juez del TSJA que lo instruye.