El Supremo preguntará a la Justicia europea cómo se debe hacer fijos a los empleados públicos

El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha acordado que va a preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el modo de hacer fijos a todos los trabajadores con contrato indefinido no fijo, entre los que se incluyen a los cientos de miles que actualmente hay en el país.

El Supremo explica que tras analizar el modo de aplicar la sentencia del TJUE, de 22 de febrero, a los múltiples recursos pendientes de resolución, tiene dudas sobre determinados aspectos del fallo europeo.

"Con el deseo de llevar a cabo su correcta interpretación, y ante la existencia de importantes dudas acerca de su alcance en determinados aspectos, la Sala ha acordado iniciar las actuaciones a fin de formular una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", subraya el Supremo.

En especial, el Alto Tribunal quiere resolver las dudas acerca de cómo compatibilizar la doctrina acuñada por la sentencia del TJUE con las normas relativas al acceso al empleo público, incluyendo a los nacionales de los Estados miembros, así como con las reglas del ordenamiento jurídico nacional que garantizan el derecho de acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El fallo del TJUE

En su sentencia del 22 de febrero, el TJUE considera que el Derecho español no disuade adecuadamente a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal, lo que puede llevar a emplear a trabajadores de forma precaria "durante años".

En este sentido, apunta que, "a falta de medidas adecuadas" en la legislación española para prevenir y sancionar con arreglo a las normas europeas los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, "la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir" la solución.

En todo caso, el TJUE apuntaba en su fallo es la Justicia española la que debe modificar la jurisprudencia nacional consolidada si ésta se basa en una interpretación incompatible con los objetivos de la legislación europea, particularmente con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada.