El Supremo pregunta al Congreso cuándo comienza a cumplir Alberto Rodríguez su inhabilitación

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, se ha dirigido por carta este miércoles a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para que le remita el informe sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado por agresión a un policía en 2014, "con la finalidad de realizar la liquidación de su condena", según ha informado el Alto Tribunal.

La Sala de lo Penal condenó a Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de un mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. En su sentencia, acordó la sustitución de la pena de prisión por una de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros. Rodríguez abonó la multa de 540 euros tras conocerse la resolución de aclaración de condena del tribunal.

El oficio se ha enviado al Congreso de los Diputados a través del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, un día después de la Mesa de la Cámara Baja decidiera mantener el escaño a Alberto Rodríguez como diputado. El órgano de gobierno de la Cámara, con los votos de PSOE y Unidas Podemos (y la posición en contra de PP y Vox), tomó esa decisión bajo el paraguas de un informe de los letrados favorable a que Rodríguez mantuviera su escaño.

El informe de los letrados argumentaba que una pena privativa de libertad sí hubiera sido "determinante de la causa de inelegibilidad", pero al haber optado por una pena sustituta "no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado".

Según los letrados del Congreso, la condición de diputado de Rodríguez no queda afectada porque no concurre "ni la causa de incompatibilidad sobrevenida contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la Loreg", ni los artículos del Reglamento del Congreso -21 y 22- que explican cuando un diputado pierde su condición.

Ya el martes,  fuentes del Supremo dijeron estar "atónitos y perplejos" por la decisión de la Mesa del Congreso, que en su opinión hacía una "reinterpretación" de la sentencia ya que consideran que debía producirse la pérdida del escaño por ilegibilidad sobrevenida.

Esas  fuentes del Supremo afirmaban que la propia sentencia y el auto de aclaración dejaban claro que la inhabilitación era consustancial por lo que avanzaban que tras estudiar el informe de los letrados del Congreso actuarían según correspondiera.

Tras la carta del Supremo, el PP ha pedido que la Mesa del Congreso se reúna y rectifique su postura para retirar el acta al diputado de Unidad Podemos. La portavoz de los populares en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha acusado a "parte de la Mesa" y a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de haber abierto un "conflicto" entre el Congreso y el Tribunal Supremo.

Por su parte, el corportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha arremetido contra el presidente de la Sala Segunda del Supremo: "Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debe su carrera al PP. Vergonzosa 'normalidad democrática'", ha lanzado en Twitter.

En su comentario en redes, el dirigente de la formación morada alude a la polémica suscitada hace un par de años cuando se filtraron mensajes de Whatsapp' del que fuera portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó, "jactándose" a que podrían controlar la Sala de lo Penal de este órgano "desde detrás". Ante esta polémica suscitada en 2018, el magistrado difundió un comunicado en el que anunciaba que renunciaba a presidir el Consejo General del Poder Judicial, dado que su nombre figuraba con fuerza como posible candidato.

De momento, según fuentes parlamentarias, no se ha producido ninguna respuesta por parte de la Mesa a los requerimientos del Supremo. Y mientras la Mesa decide qué hace con respecto a la pena de inhabilitación, la Junta Electoral Central debe también dar una respuesta a las peticiones del PP, Ciudadanos y Vox para que se pronuncie sobre este episodio (aún no ha fijado una fecha para reunirse).