La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido este lunes agrupar todas las acciones legales presentadas contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el caso que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión implica la unión de varias querellas y denuncias en un único proceso. Además, también ha solicitado un informe a la Fiscalía para aclarar si debe imputar o no al magistrado.

La Sala Segunda acumula a la causa –que arrancó por una querella de González Amador y por una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid– una querella de la Fundación Foro y Libertad, una denuncia y otra querella de Manos Limpias, así como la exposición razonada que elevó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En la misma diligencia de ordenación el TS pide a la Fiscalía que informe sobre "la competencia y el contenido de las querellas y denuncias formuladas, así como de la exposición razonada elevada por el TSJ de Madrid".

Con todo, la causa queda a la espera del informe que emita el Ministerio Público sobre si deben admitirse a trámite o no estas acciones contra el fiscal general. Una vez recibido dicho informe, será el turno del propio tribunal.

La Sala que estudiará la admisión a trámite o no de estas acciones estará formada por los magistrados Manuel Marchena, como presidente de la misma; Susana Polo, como ponente; y Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.

La pareja de Ayuso llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso de fraude fiscal en el que se le investiga.

García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado, cuya intención era parar los pies a las noticias falsas que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, había filtrado en El Mundo y otros medios. Durante su intervención en la inauguración del año judicial el pasado 5 de septiembre, el fiscal general del Estado se refirió a la desinformación y condenó la investigación de otros dos fiscales implicados en la presunta revelación de secretos. 

La petición del TSJM

El pasado 15 de julio, el TSJM remitió al Supremo la causa relacionada con la querella presentada por Alberto González para que este decida si imputa al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos cometido por funcionarios.

El magistrado Francisco José Goyena, en su exposición razonada, señaló que para una correcta continuación de las diligencias sería necesario contar con la versión de los hechos de García Ortiz, lo que justificaría su citación en el proceso.

En su resolución, Goyena destacó que la difusión de la nota informativa por parte de la Fiscalía "excede" la supuesta intención de desmentir un bulo, ya que además de incluir información que no había sido publicada por la prensa, revelaba datos que no debían ser compartidos con terceros.